Además de hiperactiva, valiente se ha mostrado la alcaldesa Adela Román Ocampo; su actividad es imparable, por un lado, en tanto por otro, emite declaraciones sobre problemas como el de inseguridad, sin dejar entrever el menor temor.

El incremento en los hechos violentos de los últimos días es un claro mensaje de la delincuencia para su gobierno, expresó ayer; luego, advirtió que no por ello dejará de actuar en materia de seguridad. Dijo que no tiene miedo.

Los acapulqueños consideran que no es con posturas ni declaraciones como ha de combatirse a la delincuencia. Les agrada que la alcaldesa se muestre valiente, pero esperan más que una buena actitud.

Por eso mismo, es importante que agilice la entrega de la Secretaría de Seguridad Pública y proponga ya a quien estará al frente para que se organice a la corporación y empiecen los policías a desempeñar su labor como debe ser, pues al desafío de la delincuencia deberá responder no con palabras, sino con acciones.

Ya el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que no conoce la propuesta de la alcaldesa del nuevo titular, pero dijo que si ella la avala, el gobierno del estado la aceptará y apoyará.

Asimismo, consideró que es lógico que con las acciones que se están llevando a cabo en la policía municipal se haya afectado algún interés de grupos delictivos, por lo que coincidió con la presidenta municipal en que hay un mensaje de la delincuencia para el gobierno de la ciudad.

Si mal ha andado la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), mal sigue, pues en cuanto Mario Pintos Soberanis fue designado director general se puso en entredicho la legalidad del nombramiento.

De por sí, Pintos Soberanis prácticamente entró con calzador: cinco votos a favor, una abstención y tres en contra, del consejo de administración de Capama, lo que, legal o ilegal, le causará contrapeso en la toma de decisiones.

A poco de que se dio a conocer la designación, Victoriano Sánchez Carbajal, abogado de profesión, escribió así, textual, respetando puntos y comas, en Facebook: “La designación del nuevo Director General de CAPAMA, incumple la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero numero 574, toda vez que de la simple consulta a datos del Sistema de Cédulas Profesionales de la SEP en Internet, nos podemos percatar que la profesión del designado es Lic. en Economía, de la Universidad Autónoma de México con número de cédula 0375191 infringiendo la fracción III del Articulo 54 de la Ley en relación non el numeral 1, toda vez que para ser afin requeriria su perfil profesional tener relación con el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición final de residuos, además de la.experiencia a que se refiere la fracción IV articulo 54 respectivo”.

Si bien el combate a la violencia ha tenido resultados prácticamente inadvertidos, no deja de ser alentador el anuncio del gobernador Héctor Astudillo Flores, referente a que en los tres años que restan de su administración, el asunto prioritario será atender la inseguridad.

Aparejado a este propósito, hizo ver que es ya tiempo de que la nueva administración municipal, encabezada por la alcaldesa Adela Román Ocampo, se haga cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto, como lo manda la Constitución.

“Lo primero que hay que hacer es que el ayuntamiento tiene que intervenir ya en la policía; el gobierno del estado ayuda y ayudará, pero creo que ya es tiempo de que el ayuntamiento se responsabilice de la policía de Acapulco”, apuntó ayer en este puerto.

En torno a este mismo tema, la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, informó que platicó con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, sobre el problema de la inseguridad en el puerto; expresó, asimismo, que en pocos días estará haciendo la propuesta para todos los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente en poder de las fuerzas federales.

Entre las propuestas de despenalizar el consumo de drogas naturales y de despenalizar el aborto –ambas retomadas por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador– hay similtudes que vale la pena revisar, pues podría ayudar a destrabar una polémica que a ratos parece haber llegado a un callejón sin salida.

La iniciativa de despenalizar las drogas no tiene por objetivo lucrar con ellas, ni aumentar su consumo lúdico, sino acabar con la principal causa de violencia en México, porque su prohibición es la causa del enorme margen de utilidad que proporcionan a los grupos que se dedican a traficar con ellas. A mayor ganancia, menos consideraciones éticas o morales.

La despenalización del aborto no sería para incentivar a las mujeres a abortar, sino para poner fin a un añejo problema relacionado con esa práctica: las condiciones insalubres en que se practica debido a la prohibición, y que termina en miles de muertes.

Porque está probado que la prohibición de las drogas no frena su producción, comercialización y consumo, y sí posibilita un gran número de muertes.

Igual, la prohibición del aborto no impide que las mujeres aborten, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales, pero sí genera un mercado negro en el que ellas tienen que pagar mucho por ese servicio, muchas veces con su vida, si no es con su libertad.

La prohibición no sirve para los efectos que pretenden los antiabortistas, sino para exactamente lo contrario.

Vale la pena recordar lo expresado por el coordinador de la bancada priísta en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, en el acto en que el gobernador Héctor Astudillo Flores pronunció un mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, en el que el legislador convocó al gobierno en sus tres órdenes y a la sociedad en su conjunto “a que impulsemos juntos una cruzada por la reconciliación social de Guerrero”.

Fue claro que el priísta se refería a reconciliar a los guerrerenses, lastimados por la ola de inseguridad y violencia ante la cual sucumbe la entidad.

No es la primera vez que se menciona el término reconciliación en el mismo contexto, pretendiendo que la ola de sangre que ha ahogado a miles de habitantes quede en el olvido, haciendo de cuentas que no pasó nada.

La Iglesia ha formulado exhortaciones en ese mismo sentido, igual que algunos políticos cuando estaban en campaña.

Sería bueno que todos los dueños de esas voces preguntaran a los familiares de Reyna Valenzo Pérez y la profesora Itzel Vega Radilla, al igual que a las miles de familias que han sufrido la pérdida de alguno de sus integrantes como consecuencia de la violencia, si están dispuestas a olvidar la afrenta y a perdonar a los victimarios.

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