Dos son las preguntas que tendrían que hacerse los diputados locales cuando, por fin, se decidan a legislar lo conducente a fin de evitar que las finanzas de los municipios del estado sigan siendo botín de unos cuantos oportunistas, cuya corrupción e impericia administrativa mantienen a los ayuntamientos de rodillas y en quiebra permanente: de qué tamaño debe ser la nómina del gobierno municipal y quién debe pagar los excesos y desatinos cometidos en materia de contratación y despido de personal.

El Congreso local está en inmejorable situación para emprender tal tarea, pues está constituido en su mayoría por integrantes del partido político que encarna las expectativas de una aplastante mayoría de ciudadanos que votaron por él con la esperanza de un cambio verdadero en lo social, en lo económico y en lo político.

Deben tomarse medidas drásticas ya para parar la sangría de recursos que hoy tiene a los ayuntamientos postrados, endeudados y sin recursos para hacer frente a sus obligaciones laborales de fin de año, en perjuicio de sus trabajadores.

No hay más opción que conceder la razón a la dirigente estatal del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, al hablar de que el tema de los feminicidios sólo adquiere relevancia cuando suceden casos como el asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena Carmen Medel Palma, quien se enteró del crimen en plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

El asunto obtuvo trascendencia, dijo la dirigente, por tratarse de la hija de un actor político de talla federal, “mientras en Guerrero, como en el resto del país, las autoridades simulan que se aplican las alertas de género, y continúa la impunidad, lo mismo que los asesinatos de mujeres”.

Es verdad, pero no sólo en lo que a asesinatos de mujeres se refiere, sino a todos los homicidios en general.

Se toma como normal el hecho de que cada día amanezcan cadáveres por acciones violentas en cualquier zona de la ciudad o en cualquier comunidad del estado; si se trata de un trabajador pobre o una muchacha común, por mencionar dos ejemplos, nada pasa.

Determinados sectores de la sociedad elevan sus protestas cuando alguno de sus integrantes resultó afectado: un distinguido hombre de empresa, una doctora prestigiada, una profesora conocida, un periodista; y es entonces cuando la autoridad alcanza a reaccionar y le da por hacer compromisos de esclarecer los crímenes, mismos que en la mayoría de los casos incumple.

Transcurrido el tiempo, superada la indignación y la inconformidad, la “normalidad” vuelve a vestir su ropaje de uso diario: la indiferencia ante los asesinatos de quienes no cuentan, el exterminio de los que no valen, bastando con incluirlos en la lista de los que mueren en la supuesta lucha de conquista de territorio de las bandas del crimen organizado.

“Se están matando entre ellos”, solían decir hace poco. Con el tiempo hasta las palabras se desgastan y van a parar al archivo muerto.

¿Nuevas estrategias de seguridad? Hasta que entre el próximo gobierno, suelen argumentar en el medio gubernamental como una manera de zafarse del embrollo, en tanto gobernantes y funcionarios aguantan, resisten, mientras transcurren los días en espera de un cambio que, evidentemente, esperan que llegue revestido de magia.

Pero sí aplican puntualmente su infalible estrategia, particularmente en el caso de los asesinatos de personajes destacados: armar mucho ruido, prometer prontas soluciones y… aguantar, mientras el milagro sucede. n

Qué tendría que suceder para que el gobierno acabe ya, de una vez por todas, con el faltante de maestros en escuelas y la cauda de problemas que cotidianamante genera, como el bloqueo de vialidades con las inconformidades ciudadanas consiguientes?

No pasa un día sin que padres de familia, alumnos y docentes de algún plantel educativo, salgan a la calle a marchar o simplemente a obstruir cualquier vialidad, impidiendo el desplazamiento de la población hacia centros de compra, fuentes laborales o planteles escolares, sin que las autoridades asuman su responsabilidad.

Ni los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ni los del gabinete del gobierno estatal ni el jefe del Ejecutivo de la entidad, hacen lo conducente para solucionar este problema de todos los días.

Podría entenderse, que no justificarse, su incapacidad para abatir la inseguridad y la violencia por ejemplo, o bien la ausencia de infraestructura en los centros urbanos, por citar algunos, mas lo que resulta inconcebible es que no se ocupen de sustituir un maestro por otro en una plaza ya creada y aprobada.

Ayer, para no perder la secuencia de las protestas y los problemas viales derivados de las mismas, padres de familia de dos planteles educativos del poblado de Dos Arroyos, bloquearon la autopista del Sol durante aproximadamente una hora, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero cinco profesores de base.

Salvo honrosas excepciones, las finanzas de nuestro país han sido administradas sin la responsabilidad, la pulcritud y el tino que tan grave encargo requiere. Por lo contrario, han servido a quien detenta el poder para buscar el aplauso inmerecido o para castigar al adversario y premiar al aliado dócil. También en muchos casos le han servido para enriquecerse de manera indebida a costa del esfuerzo de los demás.

Es un problema de todos los ámbitos de gobierno. Pero, como a más jurisdicción corresponde más recursos, a final de cuentas es en el nivel municipal donde se notan de manera inmediata y a plenitud las irregularidades.

Durante mucho tiempo los alcaldes han engrosado la nómina de los ayuntamientos ayudando al amigo, devolviendo favores y saldando compromisos, como si se tratara de su dinero y no de dinero público.

Y lo peor es que son malos recaudadores, aunque en su equipo de trabajo suele haber personas preparadas para llevar a cabo de manera correcta y eficiente las labores administrativas o recaudativas. No pueden desplegar sus habilidades porque en los ayuntamientos las cosas se han de hacer como le gusta al alcalde; quien no esté de acuerdo puede irse.

Esos alcaldes no hacen nada por aumentar la recaudación; no pueden siquiera hacer que todos los usuarios de agua potable paguen su consumo, ni que todos los propietarios de predios paguen el impuesto correspondiente. Tampoco hacen crecer la base gravable, ni regularizan las tomas de la red de agua, sólo por citar dos ejemplos.

Son malos recaudadores y peores administradores.

Algunos también son mal pagadores, como los que retienen el ISR a los trabajadores durante todo su periodo, pero no lo enteran a las arcas de la nación; o como aquellos que descuentan a los empleados las mensualidades de créditos –que estos tomaron con instituciones que a eso se dedican–, pero no lo depositan al acreedor.

Para colmo, a lo anterior se suman las demandas laborales propiciadas por los mismos munícipes, porque en su afán de devolver favores, pagar compromisos o ayudar a los amigos, despiden a otros trabajadores. Y si no lo hacen ellos, lo hace su sucesor, pues necesita recursos para sacar adelante su plan de gobierno.

Algunos alcaldes piden dinero al gobernador desde que comienzan su periodo, y así lo terminan. Acapulco ha conocido muchos ejemplos así.

La situación está haciendo crisis. Tres hoy ex alcaldes, poco antes de dejar el cargo, solicitaron más recursos, alguno de ellos por la vía del endeudamiento con la banca comercial, para pagar indemnizaciones por despidos injustificados de personal.

Otros ya comenzaron la penosa tarea de despedir a cientos –al final sumarán miles– de trabajadores cuya presencia es en realidad innecesaria.

Y aún así, es imposible pagar las deudas por laudos desfavorables y por créditos de proveedores, al menos en el caso de Coyuca de Catalán, según clama su presidente municipal.

Urge una solución.

Lucha de poderes

Nov 20, 2018

Tiene cierta razón la secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Bernal Reséndiz, al expresar que es responsabilidad de las nuevas autoridades municipales procurar las condiciones adecuadas para que se aplique la alerta de género en los municipios donde fue decretada.

La puntualización se deriva de los crímenes cometidos en las semanas recientes y con la cual la directiva priísta defiende a ultranza al gobierno del estado, desligándolo prácticamente de la responsabilidad de actuar en el caso de los asesinatos de mujeres.

Algo es verdad: si bien el gobierno estatal no ha hecho lo suficiente para contener la muerte de féminas, el ayuntamiento encabezado por Evodio Velázquez Aguirre sencillamente fue omiso.

En su tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo afirmó haber invertido 25.8 millones de pesos en la alerta de Violencia de Género, de los cuales 19 millones corresponden al estado y 6.8 a la Federación.

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