Exigen dinero cuando van en carros con placas de otros estados: Tlachinollan y CJAM

Se aprovechan que los indígenas desconocen las leyes para circular libremente: Miguel Martínez

Se quejan que las autoridades se comprometieron a dialogar con los agentes y no han cumplido


Tlapa, 8 de noviembre. El Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denunciaron el hostigamiento y extorsiones que ha realizado la policía ministerial a familias jornaleras.

Además de un visible abandono gubernamental a las miles de familias indígenas. Miguel Martinez, del CJAM, denunció una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares y que portan placas de otros estados. 

Detallaron que una de las extorsiones recientes fue a la familia de la comunidad de Lindavista a la que el viernes pasado, los policías ministeriales les cobraron una multa de cinco mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla. 

Flores Sánchez integrante del consejo, aseguró que la policía ministerial se ha caracterizado por extorsionar a las familias indígenas que desconocen las leyes o la documentación necesaria para poder transitar libremente por las carreteras estatales o federales. 

Mencionaron que otras ocasiones la policía ministerial ha cobrado multas falsas hasta por 10 mil pesos para no retener los vehículos de las familias indígenas que viajan año con año a los campos agrícolas del norte del país por la necesidad económica que se vive en la región. 

El Consejo y Tlachinollan resaltaron que la mesa intersecretarial nuevamente incumplió con los acuerdos, ya que en las últimas reuniones el delegado regional de Gobernación estatal, Arturo Bonilla, y el secretario de asuntos indígenas y comunidades afromexicanas, Gilberto Solano, se comprometieron a dialogar con la policía ministerial para evitar tales extorsiones y cobros. 

Miguel Martínez aseguró que con estas acciones se demuestra la falta de apoyo gubernamental a pesar de que se formó la mesa intersecretarial encabezada por el secretario de la Saica, Gilberto Solano Arriaga, quien se ha caracterizado por no cumplir con la entrega de los insumos y víveres para el comedor al servicio de los jornaleros. 

En los dos primeros meses de la temporada alta de migración se han registrado más de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros que han viajado hacia los campos agrícolas de los estados de Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California, Nayarit. 

Marcial Rodríguez y Juan Carlos Manrique piden garantizar el derecho de reunión


El secretario general y el de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña y Juan Carlos Manrique García, condenaron la irrupción de policías ministeriales en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo garantías para el derecho de reunión. 

Manrique García responsabilizó al gobierno del estado y al federal por lo que pudiera sucederle al dirigente del frente creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Eloy Cisneros Guillén, pues señaló que hay un ataque sistemático a esta organización que sesiona en el edificio de la Coprera, pues en octubre irrumpieron militares y ahora policías ministeriales. 

Lo curioso, que evidencia la intención de golpear a la organización, dijo, es que la irrupción del martes ocurre apenas después de que en Chilpancingo el Frente organizó un gran acto por Andrés Manuel López Obrador, en el que estuvieron los líderes Alejandro Encinas, Jorge Alcocer y Carlos Sotelo.

Por ello, dijo que debe ofrecerse garantías a Eloy Cisneros, porque es quien está al frente del FPG. El 13 de octubre, militares irrumpieron por primera vez en la sede de la Coprera. Iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo del fundador de la organización, Encarnación Ursúa, y se decía dueño del inmueble.

No hay orden judicial, y los sellos que pusieron son apócrifos, revela el fiscal regional

Es la segunda vez que fuerzas del gobierno ingresan al inmueble con el pretexto de un litigio


Armados, en vehículos oficiales y también en vehículos particulares sin placas, unos 20 agentes de la Policía Ministerial irrumpieron en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista de Guerrero, constituido expresamente para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, e intentaron desalojar dos locales del inmueble y, tras no poder ingresar en él, porque tenía candado, colocaron sellos en la puerta principal y un segundo candado.

Es la segunda ocasión en menos de un mes en que el inmueble es asediado por fuerzas armadas oficiales. El 13 de octubre pasado, un grupo de militares se introdujo en el edificio, sacó a quienes se encontraban en él y colocó un candado en una bodega.

Ambas acciones ocurrieron sin que exista ningún proceso judicial abierto, y en ambos casos los agentes actuaron sin ninguna orden judicial.

El dirigente del Frente Progresista, Eloy Cisneros Guillén, relató que ayer alrededor de las 10 de la mañana se presentaron los policías ministeriales y actuaron contra unos puestos de tacos que están sobre la calle Ejido, frente a la terminal de autobuses foráneos, pero que son parte del mismo edificio.

Él estaba presente cuando ocurrieron los hechos, a diferencia de octubre, que no se encontraba cuando ingresaron los militares. Los policías ostentaban una placa que los acredita en su ejercicio, pero cuando Eloy Cisneros les pidió una orden judicial no la mostraron; sólo dijeron que sí existía.

En cambio, los policías le pedían al dirigente social que se identificara. Finalmente, no desalojaron los puestos de tacos, y se enfilaron hacia el acceso principal del edificio, que está sobre la Calle 6, pero Eloy Cisneros llegó antes que ellos y le puso candado. Entonces los policías le exigieron que lo abriera, y el dirigente dijo que no, hasta que le mostraran una orden judicial, porque en el interior hay computadoras y otros objetos que pueden perderse.

Hubo un momento de tensión. Para para entonces ya se encontraban ahí el dirigente del Frente Democrático de Trabajadores de Salud, Nemesio Soberanis, y el secretario de Organización estatal de Morena, Juan Carlos Manrique, así como otros miembros del Frente, y empezaron a llegar los reporteros.

En ese momento, al ver a los comunicadores, los policías se subieron a sus camionetas y se fueron. “Si todo estaba bien, no tenían por qué irse al ver a los reporteros”, comentó Eloy Cisneros. Dijo que los policías solamente aseguraban tener una escritura a favor de un individuo (que se identificó como Esteban Arturo Fonseca Soto) y que a su vez éste compró al que encabezó a los militares en octubre, quien dijo ser hijo de Renato Ursúa, fundador de la Coprera.

Cisneros Guillén recordó que el edificio estuvo en un litigio y hubo sentencia, confirmada después por la Sala Superior, en la que se adjudica la administración del inmueble al actual dirigente de la Unión Mercantil de Copreros, Jorge Luis Salas Pérez, quien no estuvo presente ayer. En todo caso, dijo que si hay algún derecho que reclamar, debe hacerse por medio de los tribunales, no con un desalojo armado.

Más tarde, hasta el lugar llegó el fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, quien dijo a los representantes del Frente que ya corroboró en la Fiscalía que no existe ninguna orden judicial para la actuación realizada ahí, y que los sellos colocados eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos. Encabezados por Eloy Cisneros, los dirigentes acudieron a la agencia del Ministerio Público de Mozimba a presentar una denuncia por la irrupción de los agentes ministeriales, quienes dijeron provenir de la agencia en Costa Azul.

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