Todos los consejeros deben ser institucionales, advierte Hernández Martínez


Independientemente de si algún partido lo impulsó y cuál haya sido este, el nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, tiene que demostrar que va a actuar de manera imparcial en el cargo, porque el proceso electoral de 2018 entraña compromisos y retos tanto para autoridades electorales como partidos políticos y ciudadanos, advirtió el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez. 

En entrevista, sostuvo que el órgano electoral enfrenta el compromiso de ser vigilante del comportamiento de los actores políticos y sancionar a los que incurran en violaciones a la normatividad. 

“Cuando hay una elección y a los ojos de todo el mundo hay irregularidades y no existen las sanciones, es obvio que algo no anda bien y no podemos nosotros decir que tenemos una buena calidad en la organización de las elecciones al estado de Guerrero. 

Yo espero que sean institucionales todos los consejeros incluidos el actual presidente, que en los hechos él demuestre, independientemente de que lo haya impulsado tal o cual partido, que es imparcial, que es institucional, y que le importan las elecciones en el estado”, señaló. Hernández Martínez dijo que en el IEPC el cambio se tuvo que dar “por las irregularidades de la anterior presidenta” ya que no está permitido contratar a familiares directos. 

Sería reconocer la incapacidad del Estado; la ley no es negociable, advierte Sánchez Carbajal


Amnistiar a los capos de la delincuencia para lograr la paz en México sería el reconocimiento total de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública, sería un acto de abdicación ante la obligación del gobierno de dar este servicio a la comunidad, expresó el presidente del Colegio de Abogados Barra de Abogados, Victoriano Sánchez Carbajal. 

Al analizar la propuesta emitida por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el jurista señaló que la ley no es negociable y para poder aplicar esta amnistía primero se tendría que modificar la Constitución para darle este carácter de negociable a las leyes penales, pues de lo contrario se estaría ante una violación flagrante del texto constitucional. 

Sánchez Carbajal señaló que es distinto el caso de cuando el Estado reconoce que con sus acciones u omisiones ha orillado a los ciudadanos a incurrir en actos violatorios de los códigos penales, como cuando hay una lucha social que deriva en acciones violentas, pero dijo que no es el caso de quienes cometen crímenes por el solo beneficio que da el negocio de la droga y otros ilícitos. 

El abogado señaló que para este tipo de propuesta tiene que existir un antecedente de lucha social, pues toda amnistía tiende a dar el perdón a quienes han incurrido en delitos tipificados en el Código Penal en vigor, pero debe tomarse en cuenta la problemática que existió en torno a la comisión de esos delitos. 

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