Autoridades navales, militares y civiles presidieron el acto


La mañana de este sábado, en las instalaciones del 56 Batallón de Infantería perteneciente a la IX Región Militar de la Sedena, 112 Marineros pertenecientes al Servicio Militar Nacional, clase 1998, anticipados y remisos; así como 14 mujeres voluntarias en Semar, cumplieron con su deber ciudadano y recibieron cartillas liberadas y diplomas.

El General de División DEM. Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la IX Región Militar y el almirante CG. DEM. DDSN. Juan Guillermo Fierro Rocha, comandante de la Octava Región Naval, presidieron esta ceremonia, acompañados por autoridades civiles, navales y militares, durante la cual otorgaron este reconocimiento a los jóvenes conscriptos que culminaron de manera satisfactoria su adiestramiento.

Durante el evento, un marinero conscripto y una chica voluntaria del Servicio Militar Nacional, manifestaron su agradecimiento a las Fuerzas Armadas por los conocimientos y preparación que los forjó como miembros del servicio militar durante un año y la importancia que tiene éste en beneficio de los mexicanos.

Asimismo, se efectuó una demostración de movimientos militares a pie firme, así como armado y desarme de armamento, que formó parte de su entrenamiento durante su servicio militar.

Cabe destacar que, durante esta etapa del Servicio Militar Nacional, los conscriptos adquieren los conocimientos básicos para conducirse en todo momento con la ética y virtudes que caracterizan al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, asimismo para desarrollar habilidades, valores y virtudes que fomenten en ellos el nacionalismo, respeto a los símbolos patrios y a los derechos humanos.

Legalizar la presencia militar en las calles desgastará a las fuerzas armadas, dicen


Organizaciones de derechos humanos se manifestaron contra la Ley de Seguridad Interior que debe discutir y votar mañana la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y advirtieron que, más que una serie de reformas, se requiere cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y retirar de manera paulatina al Ejército y a la Marina de las labores de seguridad. 

De lo contrario, según un posicionamiento fijado por más de un centenar de organizaciones, sólo se contribuirá al desgaste de estas dos instituciones, lo cual “perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos”. 

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Afadem- Fedefam, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero y Mexicanos Primero, entre muchas otras. 

“Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sidepol y los acuerdos del Consejo Nacional”, señala el posicionamiento. 

En vez de legislar para perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional, las organizaciones hicieron una propuesta de cinco puntos. 

En principio, está el respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional; la adopción de medidas excepcionales sólo a partir de mecanismos ya previstos, es decir, en este caso, que el despliegue extraordinario del Ejército sólo se haga con base en el artículo 29 constitucional; establecer un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, con normas y entrenamientos basados en la legalidad proporcionada y sólo cuando haya una absoluta necesidad, y legislar sobre el uso de la fuerza; como cuarto punto: reformar las policías, pero también a las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria; y por último, cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas sobre este tema y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. 

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