En el Zócalo de Acapulco se llevó a cabo una conferencia de la Unión de Campesinos Emigrantes de México, para informar del amparo que les concedió un juez de distrito. En el Zócalo de Acapulco se llevó a cabo una conferencia de la Unión de Campesinos Emigrantes de México, para informar del amparo que les concedió un juez de distrito. Foto: Rubén Vázquez Santiago

Concede juez amparo a 63 ex braceros que reclaman su pago del fondo de ahorro

Escrito por  Roberto Ramírez Bravo Ago 06, 2018

Condena al gobierno a pagar la indemnización, informa la Ucem


El juez segundo de distrito, José Artemio Navarrete Sánchez, resolvió conceder el amparo de la justicia federal a 63 ex braceros que reclaman el pago del fondo de ahorro que se creó en Estados Unidos en los años 1945-1964, y condenó al gobierno mexicano a pagarlo, informó el abogado Carmelo Loaeza Hernández, dirigente de la Unión de Campesinos Emigrantes de México (Ucem).

Al encabezar en el zócalo de Acapulco una reunión con más de 100 ex braceros, entre beneficiarios, sus familiares y otros que no forman parte del grupo pero que acudieron de forma solidaria, el abogado explicó que el amparo 1111/2017 fue resuelto el 25 de julio pasado, y todavía se encuentra en la fase de que el gobierno federal a través de sus diferentes órganos involucrados, como la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República, puede interponer un recurso de revisión para impugnar esta sentencia.

Sin embargo, consideró que de no presentar ningún recurso en los 10 días hábiles que establece la ley, la sentencia se tendrá en firme y se tendrá que buscar el mecanismo para que se empiece a pagar a los ex braceros.

Dijo que en ese caso se creará una comisión binacional México-Estados Unidos para volver a revisar los períodos, montos adeudados y todo lo referente a los reclamos individuales. Originalmente, recordó, el gobierno mexicano había reconocido que recibió el dinero del gobierno estadunidense a través de Banobras, y que en el transcurso de los años ese fondo “desapareció”, pero que no podía pagarlo porque eso significaría un quebranto para las finanzas del país, ya que el monto se ha multiplicado.

Sin embargo, Loeza Hernández consideró que en la realidad las cosas no son así, ya que hay forma de ponerse de acuerdo para que el pago vaya realizándose sin paralizar al país.

Recordó que existe el antecedente del amparo indirecto 1158/2005, en que la juez segunda de distrito de la Ciudad de México, Paula María García Villegas –hija de la entonces magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en retiro, Olga Sánchez Cordero, hoy propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación en el próximo gobierno– amparó a un grupo de ex braceros y de manera similar mandató al gobierno federal a pagarles.

Consideró que el hecho de que la ex ministra Sánchez Cordero, que estará en Gobernación a partir del 1º de diciembre, conozca bien este caso, facilitará su solución final. “Esperamos lograr un acuerdo con ella”, dijo.