Desalojan el edificio de la Coprera Foto: Rubén Vázquez Santiago

Desalojan el edificio de la Coprera

Escrito por  Roberto Ramírez Bravo Jun 16, 2018

Elementos de la policía municipal de Acapulco desalojaron a los ocupantes del edificio de la Coprera, sede del Frente Progresista Guerrerense y escenario de la matanza de copreros en 1969, ubicado en Ejido y Calle 6. La operación comenzó a las 7 de la mañana, terminó como a las 11, pero ni los actuarios ni los policías se retiraron. Alrededor de las 3 de la tarde, los integrantes del FPG recuperaron el inmueble.

La acción policiaca se llevó a cabo en cumplimiento de una orden del juez cuarto civil, Saúl Torres Marino, y fue ejecutada por el actuario Francisco Javier Rangel, quien en cumplimiento de la orden de la misma, procedió a romper candados e ingresar al inmueble, el cual entregó en posesión a quien se presentó como actual propietario, Pedro Antonio Villanueva Escobar.

La diligencia no duró más allá de dos horas. El actuario reportó que él llevaba la consigna de desalojar el edificio y entregarlo en posesión a Villanueva Escobar en función de lo que obra en el expediente, y alrededor de las 9 de la mañana, cuando empezaron a reunirse los integrantes del FPG y los copreros, ya lo había hecho.

Sin embargo, no se retiró, ni tampoco lo hizo la policía municipal, que era comandada por su director. El actuario se hizo acompañar de un grupo de choque integrado por jóvenes vestidos de civil a quienes identificó como “cargadores” y que, al igual que los policías y los actuarios, no se retiraron a pesar de que formalmente a las 11 de la mañana ya había concluido la diligencia. Uno de estos jóvenes agredió a un fotógrafo colaborador de La Jornada Guerrero, Raúl Séndic García.

El presidente de la Unión Mercantil, José Luis Salas Pérez, tenedor actualmente de los derechos del inmueble por mandato judicial, relató que los policías llegaron en actitud violenta y que el juicio al que se refiere el actuario está amañado pues él nunca fue notificado de que existiera. Inclusive, mostró una imagen fotográfica de la orden de desalojo, donde se señala una dirección que no corresponde con el edificio de la Coprera. Una comisión encabezada por el abogado José Guadalupe Bollás se dirigió al juzgado para mostrarle al juez el error aparente en que estaban incurriendo, pero éste no se encontraba. Entonces Bollás le pidió al encargado del juzgado que le llamara al actuario para hacerle notar el error, pero éste se negó.

Durante todo este lapso, una maquinaria pesada que había permanecido estacionada en las cercanías, por la avenida Ejido, fue de pronto utilizada para destruir seis locales que pertenecen a edificio de la Coprera y que están sobre esta vialidad, y los cuales los renta la Unión Mercantil Coprera a particulares. El operador alcanzó a dañar uno de ellos, pero luego la gente se arremolinó y le impidió continuar. Entonces la maquinaria se ubicó a un costado de la terminal de autobuses foráneos que se encuentra enfrente. Más tarde, volvió a arremeter contra los mismos locales, pero esta vez los miembros de las organizaciones de Frente –constituido con varias organizaciones sociales para dar su apoyo al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador–, se subieron en la pala mecánica y le impidieron lograr su objetivo. Los locatarios afectados colocaron en sus locales ya vacíos, cartulinas con leyendas donde señalan una obviedad: que los problemas ajenos no son suyos.

El secretario de Organización de Morena, quien acudió en respaldo de los copreros, Juan Carlos Manríquez García, responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo por la acción, y dijo que esta es una respuesta a las denuncias que desde Morena han venido haciendo sobre el uso de los programas federales –operados por el gobierno estatal– para favorecer a los candidatos del PRI.

Alrededor de la una de la tarde llegó el director de la Policía Municipal Doroteo Eugenio Vázquez, quien primero dialogó con los desalojados y luego con el actuario. Una vez que éste último le confirmó que ya había terminado su diligencia, lo conminó a retirarse, pues de acuerdo con la ley al concluir la misma, debe irse y dejar al particular con su posesión. También la policía, que va en su apoyo, debe irse. Pero no se fueron. El particular que recibió el inmueble, Pedro Antonio Villanueva, le pidió al director de la Policía no retirarse, porque él quería meter a la bodega del edificio la maquinaria que había usado en dos ocasiones para intentar destruir los locales, pero el abogado del Frente, Carmelo Loaeza, le dijo al director que por ley tanto el actuario como la policía debían irse, y el director asumió que era correcto, pero no se fue. Entonces Villanueva dijo que en realidad no le habían entregado la posesión del inmueble aún, por lo que los frentistas dijeron: “¿no le ha dado la posesión?, entonces no dejaremos que lo haga”. Para ese momento ya había más militantes de organizaciones.

Finalmente llegaron al consenso de que sí había recibido la posesión, y en consecuencia quedaba el recurso de darle seguimiento a través de los tribunales. En entrevista, Villanueva relató a La Jornada Guerrero que él obtuvo el inmueble porque un personaje llamado Arturo Fonseca Soto le debía un dinero y se lo pagó con el inmueble a través de un juicio mercantil, sin embargo dijo no tener interés de causar daño a nadie ni pelear con nadie, y dijo estar dispuesto a entregar el edificio si le demuestran que los legítimos propietarios son los de la coprera, o bien si estos están dispuestos a pagar lo que él pagó por el inmueble.

Los integrantes del FPG instalaron un plantón frente al edificio desalojado y anunciaron que darían la batalla legal, ya que se trató de un juicio amañado.

Sin embargo pasó el tiempo y fueron llegando más miembros del Frente. En un momento, analizaron que en realidad toda la diligencia había sido irregular, pues la orden del juez estaba dirigida a una dirección distinta; el que reclamaba el inmueble no tiene ningún nexo con la Coprera; la Unión Mercantil no está señalada en el juicio que él hizo, y entonces tomaron la decisión de recuperar el edificio.

Con unas pinzas retiraron los candados que cerraban las puertas y entraron. Al mismo tiempo, los abogados presentaron un amparo contra la orden del juez, que ya no tuvo respuesta por ser viernes por la tarde, y el edificio permaneció ocupado por las organizaciones, que establecieron plantón permanente en ese sitio.