Marchan reporteros y ONG; exigen garantías para desempeñar su trabajo Foto: Isaac Hernández

Marchan reporteros y ONG; exigen garantías para desempeñar su trabajo

Escrito por  Citlal Giles Sánchez May 23, 2018

Apremian la intervención del representante de la ONU, Jan Jarab


Chilpancingo, 22 de mayo. Reporteros y organizaciones sociales urgieron la intervención del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, Jan Jarab ante las diversas agresiones que se han hecho contra el gremio periodístico.

Este martes, reporteros y organizaciones sociales de Chilpancingo marcharon de la plaza de la Libertad de expresión hacia el Palacio de Gobierno para protestar y exigir a las autoridades estatales garantías para poder desempeñar el trabajo periodístico; sin embargo al llegar a Palacio, los policías ya tenían las vayas con cadenas y candados y las puertas que dan acceso al edificio público, fueron cerradas.

Apenas el domingo, presuntos comunitarios de Petaquillas, quienes son señalados por las autoridades de pertenecer a un grupo del crimen organizado, detuvieron los reporteros Fabián Trigo de la agencia IRZA y Pablo Maldonado del Grupo Milenio, mismos que fueron liberados horas más tarde.

Sin embargo, esta agresión se suma a los diversos asesinatos de reporteros como el caso de Francisco Pacheco Beltrán, quien fue asesinado en Taxco en abril de hace dos años; el de Cecilio Pineda asesinado en Tierra Caliente en marzo de 2017, crímenes se siguen en la impunidad.

En Palacio de Gobierno, se leyó un pronunciamiento, en el que los reporteros reclamaron que en el Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, hayan designado a María Elena Jaimes Martínez, quien ha sido señalada por organizaciones sociales, y colectivos de familiares desaparecidos de tener vínculos con el crimen organizado; asimismo criticaron que se haya designado a Rigoberta Román Orea como Fiscal Especializada para la Investigación de Delitos cometidos en agravio de personas que realizan labores periodísticas y defensores de derechos humanos, pues argumentaron que carece de certificación en el nuevo sistema de justicia penal, y no cuenta con los exámenes de control y confianza.