Subrayó que fueron pobladores de las comunidades de Nuevo Balsas y Valerio Trujano, quienes trabajaron para permitir de nuevo el acceso a la planta, a través de acceder por el camino alterno.

Roger Stanford manifestó en referencia al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que “el sindicato minero no representa a los trabajadores, no pueden convocar a una huelga”, e insistió que es un grupo minoritario el que inició el bloqueo ilegal a la mina, el pasado 3 de noviembre de 2017.

Añadió que el mismo grupo, al que llamó en repetidas ocasiones minoritario, mantuvo hostigados a trabajadores que reanudaron actividades, a quienes amenazó de muerte, además de explotar la subestación eléctrica y puntos estratégicos de la mina.

Explicó que el precio de una acción de la mina disminuyó hasta casi 50 por ciento debido al paro de labores, lo cual repre-senta una pérdida mensual de 6 millones de dólares, que es el costo de operaciones de la planta.

Detalló que la planta tuvo un costo de aproximadamente 800 millones de dólares.

Stanford manifestó que “un bloqueo de tres meses puede llevar a una empresa a la bancarrota”.

Recalcó que “nunca hemos pensado en irnos de Guerrero”.

Resumió que hasta finales de octubre pasado habían sido extraídas alrededor de 250 mil onzas de oro y la misma cantidad de plata.

Informó que en la mina laboran 520 trabajadores sindicalizados, 300 de confianza y alrededor de mil 300 contratistas. Hasta el cierre de la mina a finales de octubre pasado, se había pagado por diversos servicios a empresas guerrerenses 560 millones de pesos.