ONG: la Ley General de Biodiversidad afectará áreas naturales protegidas

Escrito por  Hercilia Castro Dic 20, 2017

La legislación sólo beneficia a las mineras, afirma ambientalista


Zihuatanejo, 19 de diciembre. La reciente reforma a la Ley General de Biodiversidad, aprobada en el Senado de la República, para la extracción de hidrocarburos, beneficia ampliamente a las mineras y pone en riesgo las Áreas Naturales Protegidas (ANP), advirtió la ambientalista Esperanza Salazar Zenil. 

Este viernes, a la par de la aprobación en la Cámara de diputados de la Ley de Seguridad Interior, se aprobó en el Senado la reforma a la Ley General de Biodiversidad, la cual permite que las mineras exploten los suelos en áreas Naturales Protegidas. La votación, con 88 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.

La ley, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, del PVEM. Al respecto, Salazar Zenil, colaboradora de la Red de Mexicanos Afectados por la Minería (Rema), señaló que no es nada sorprendente, pues “primero trataron de marearnos haciéndonos creer que las áreas naturales protegidas eran lo primordial para la protección de la biodiversidad, mientras la secretaría de Economía repartía concesiones en estas zonas”. 

“Ahora modifican la ley y voalá, el extractivismo en su máxima expresión.

Esto, aunado a la ley energética, más la ley de seguridad interior cierra el círculo del despojo, de cualquier modo, las leyes las amoldan y la lucha en las cámaras se tiene perdida”, dijo. Sobre qué postura deben tomar las organizaciones y ciudadanos, recalcó que se debe trabajar en los ejidos y comunidades con la gente. “Los diputados están haciendo la chamba que les piden las empresas y nada se puede esperar de ellos”, atajó. 

Datos de la organización Rema enlista los estados donde existen conflictos ambientales por las concesiones a mineras, como son: Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Baja California, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. 

Previo a la reforma actual, la ley establecía la obligatoriedad para que todos los recursos naturales obtenidos en ANP ostentaran un sello de garantía de sustentabilidad con el medio ambiente, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según lo señalaba el apartado V del artículo 179, pero con las reformas dicho capítulo fue derogado. 

La iniciativa de reforma fue presentada en octubre de 2016, por la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ninfa Salinas Sada, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien encabeza el tercer grupo minero más importante de México.