Rehúsa Congreso pedir a la ASE justificar a los auditores especiales Foto: José Hernández

Rehúsa Congreso pedir a la ASE justificar a los auditores especiales

Escrito por  Citlal Giles Sánchez Oct 30, 2019

Dictaminan improcedente iniciativa que buscaba prisión preventiva a corruptos


Chilpancingo, 29 de octubre. El bloque opositor a Morena rechazó un exhorto al auditor Superior del estado para que informe el estado jurídico de los cuatro auditores especiales y el procedimiento de su actuación, porque el año pasado venció el periodo para el que fueron electos.

La propuesta fue llevada a tribuna por el diputado local de Morena Marco Antonio Cabada Arias, quien mencionó que en la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Guerrero, hecha el 24 de agosto de 2014, se otorgó al titular de la Auditoría Superior del Estado la facultad para proponer y designar a los nuevos auditores especiales, sin que se reformara la Constitución local, por lo que dicha disposición “es inconstitucional”, pues en los transitorios el nombramiento de esos servidores públicos entraría en vigor hasta que se publicaran las reformas y adiciones a la Constitución.

Aun así, manifestó, 24 días después el Congreso aprobó el decreto con el que se nombraba a los auditores especiales Natividad Pérez Guinto, Luis Javier González Guerrero, Carlos Jiménez Herrera y Raúl Pacheco Sánchez, quienes estarían en el cargo por cuatro años.

En agosto de 2018, el cargo de los auditores especiales venció y a poco más de un año, el Auditor Especial del Estado, Alfonso Damián Peralta, no ha nombrado a nuevos auditores, ni ha ratificado a los actuales.

“Actualmente se está incurriendo en una falta grave de omisión administrativa al no tener nombramiento los actuales titulares de las Auditorías Especiales de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero”, dijo.

Por tal motivo, Cabada Arias consideró que, al no tener nombramiento los actuales titulares de las Auditorías Especiales de la ASE se proponía exhortar al Auditor Superior del Estado para que informe y presente el estatus jurídico de los cuatro auditores especiales y explique bajo qué procedimiento jurídico de actuación se encuentran en funciones.

Para razonar el voto en contra, la diputada del PRI Araceli Alvarado González criticó que Cabada Arias insista en violentar la autonomía técnica y de gestión de la ASE.

“No es votar en contra de que se transparente el proceso en el que fue la designación o nombramiento; ese no es el punto; el punto es que no distraigamos a nuestro órgano técnico a estarnos explicando mediante un informe lo que claramente dice la ley”, dijo.

Aseguró que no es capricho, ni afán del PRI de ir en contra de todo, pero manifestó que no se puede tomar la máxima tribuna para “sacar raja política” y consideró que en Guerrero hay cosas más urgentes que legislar.

Asimismo, el diputado Bernardo Ortega, del PRD, al fijar postura aclaró que no están contra la fiscalización, ni en defensa de alguien en particular; “únicamente es cumplir con lo que dice la ley, y este punto es improcedente, pues la ASE es un órgano con autonomía técnica”.

Más bien, consideró que, en todo caso, el Congreso, en uso de sus atribuciones, podría pedir un informe al auditor para que exponga por qué no se ha nombrado o ratificado a los auditores especiales.

Al respecto, Cabada lamentó que se haya politizado una propuesta que es legal y lamentó lo dicho por la priísta, pues aseguró que non hay cosa más urgente que fiscalizar los recursos de los guerrerenses.

Aclaró que no asumirá ninguna responsabilidad por las actuaciones que estén haciendo los actuales auditores especiales.

Asimismo, dejó en claro que seguirá presentando iniciativas, pues “nadie tiene por qué venir a decirme aquí que no tengo que presentar iniciativas; si están acostumbrados a que antes no se legislaba, eso es problema de los que no quieren venir aquí a hacer su trabajo; voy a seguir haciendo hincapié en que tenemos que fiscalizar los recursos del estado”.

El pleno del Congreso local aprobó rechazar la iniciativa que propone la prisión preventiva a aquellos servidores públicos que cometan enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso de programas sociales con fines electorales, pues, de hacerlo, el organismo “extralimitaría sus funciones legislativas”.

Por otro lado, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos determinó rechazar la iniciativa propuesta por el diputado Marco Antonio Cabada Arias, quien buscaba reformar el artículo 139 de la Constitución Política de Guerrero para integrar los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso de programas sociales con fines electorales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

Sin embargo, la comisión dictaminadora consideró que la propuesta es improcedente porque “invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión; en consecuencia, no deberá aprobarse, pues, de hacerlo, este Congreso extralimitaría sus funciones legislativas”.

Los integrantes de la comisión dictaminadora argumentaron que la prisión preventiva es una medida cautelar prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecida en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“En ese contexto, la Suprema Corte sentenció que, al ser la prisión preventiva una figura procesal penal, los congresos locales no tienen competencia para legislar en ese tema ni siquiera de manera reiterativa, pues como ya se dijo, se encuentra regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, situación que la coloca en una materia legislativa reservada al Congreso de la Unión”, explicaron.

Indicaron que hay suficientes motivos para declarar improcedente la iniciativa, “pues de no hacerlo así, se estaría invadiendo una esfera competencial”.