Irregularidades financieras, en gobiernos de Evodio Velázquez y Leyva Mena: ASE Foto: La Jornada Guerrero

Irregularidades financieras, en gobiernos de Evodio Velázquez y Leyva Mena: ASE

Escrito por  Citlal Giles Sánchez Ene 10, 2019

En Capama, más de 100 mdp no han sido solventados, informa el auditor superior

Cuatro ex funcionarios de la paramunicipal tendrán que pagar con recursos propios lo que no ha
sido comprobado

Las observaciones también se hicieron a la obra pública en la cuenta de 2018


Chilpancingo, 9 de enero. Irregularidades financieras y de obra pública las principales observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las administraciones de Evodio Velázquez Aguirre y Marco Antonio Leyva en Acapulco y Chilpancingo.

En tanto, en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) se detectaron más de 100 millones de pesos que no han sido solventados y por lo que cuatro ex funcionarios de la paramunicipal deberán pagar con recursos propios, adelantó el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta.

Entrevistado luego de asistir a la instalación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Damián Peralta informó que en el caso de Acapulco y Chilpancingo, hay observaciones pendientes que no han sido solventadas y que corresponden a la Cuenta Pública 2018.

“Son observaciones en materia de obra pública y observaciones que tienen que ver en materia financiera; se les han notificado en tiempo y forma a los ayuntamientos, han presentado información, se ha valorado pero sigue pendiente de solventar una buena cantidad, no puedo hablar de montos, pero es un monto considerable el que se tiene pendiente por solventar; de hecho ya hay denuncias penales contra el municipio de Chilpancingo”.

Anunció que a más tardar en febrero harán visitas domiciliarias correspondientes en Acapulco y Chilpancingo debido a las denuncias que se han presentado y derivado de los procesos de fiscalización anteriores.

El caso Capama

En el caso de Capama donde se han detectado irregularidades, Damián Peralta dijo que luego de las diversas denuncias que se han presentado, desde diciembre se inició el procedimiento resarcitorio “para que los ex servidores públicos responsables resarzan con su patrimonio el daño patrimonial”.

El auditor mencionó que son cuatro ex funcionarios involucrados en este desvío de recursos que ascienden a más de 100 millones de pesos y quienes deberán pagarlos con sus recursos propios.

En caso de que no lo hagan, se notificará a la Secretaría de Finanzas para que dicha dependencia embargue los bienes necesarios a cubrir el monto de lo no solventado.