“Con esta redimensión jurídica estaría a la par de otras entidades jurisdiccionales que tienen que dirimir las controversias entre el Estado y sus gobernados, en este caso, el Estado en su calidad de patrón y sus trabajadores”, explicó.

Argumentó que debido al diseño que contiene el actual Tribunal, enfrenta año con año un número elevado de demandas sin las condiciones operativas necesarias, originando un rezago importante en la resolución de los asuntos, lo que ha provocado que tanto municipios como el gobierno del estado tengan laudos millonarios que comprometen el funcionamiento de la administración pública, perjudicando la prestación de servicios que diariamente se otorga a la ciudadanía.

Por ello, con la iniciativa que se propone, está el que los nuevos integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero deberán ser profesionales designados por el Congreso del estado mediante convocatoria pública para sus aspirantes, y que serán sustituidos de forma escalonada para garantizar que la experiencia de sus integrantes no se diluya en cambios totales del órgano.

Sólo así dijo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será independiente de las entidades gubernamentales, lo que dará grandes avances jurídica y socialmente para el estado.

“Esta propuesta pretende lograr un eficaz funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, fortaleciendo la imparcialidad y la administración de la justicia por organismos profesionales y dotados de las condiciones adecuadas para su eficaz ejercicio”, dijo.

Además se asegura la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en escenarios de crisis; atiende un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernización del sistema hasta ahora vigente.