Demandan integrar propuestas de ONG a la ley contra desaparición

Escrito por  Citlal Giles Sánchez Sep 10, 2017

Advierten que de no hacerlo se perpetuará la impunidad en torno a este delito


Chilpancingo, 10 de septiembre. Organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México apremiaron a la Cámara de Diputados a que integre a la Ley General Contra la Desaparición Forzada las observaciones que organizaciones hicieron a fin de combatir este delito y la impunidad.

En una carta dirigida a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, los representantes de estas organizaciones sociales exigieron a los legisladores que en este periodo de sesiones se integren las propuestas que hicieron, entre las que destacan eliminar del dictamen el término “persona no localizada”, así como definir de manera diferenciada a la persona desaparecida de manera forzada y a la persona desaparecida a manos de particulares, en el título primero, capítulo primero, artículo 4.

Además indicaron que se debe modificar el título tercero, capítulo séptimo, sección primera, relacionado al Registro Nacional, el cual deberá llevar por denominación Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

El dictamen debe establecer la responsabilidad del superior jerárquico en los casos de desaparición forzada, por lo que deberá modificarse el título segundo, capítulo tercero, artículo 29, para que quede exactamente como lo acordó la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su artículo 6.

Asimismo, piden a los diputados que se establezcan las actuaciones para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, además de agregar el acceso a cuarteles militares o a cualquier lugar perteneciente a las Fuerzas Armadas para la búsqueda de las víctimas, y la actuación inmediata de las autoridades cuando haya conocimiento de la probable comisión de desaparición forzada.

Demandan modificar la legislación necesaria, para crear el Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, del cual dependerá el Banco Nacional de Datos Forenses.

Piden la creación de una instancia especial para la búsqueda inmediata y permanente de todas las víctimas de desaparición forzada de la época de la guerra sucia.

Exigen establecer que los agentes del Estado adscritos a las Fuerzas Armadas, sin importar su jerarquía, deben ser juzgados bajo la jurisdicción civil. Por ningún motivo bajo la jurisdicción militar.

Solicitan agregar un artículo transitorio en el que se especifique la reclasificación de los delitos, cuando estos hayan sido clasificados como otros que no sean desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Piden especificar que se debe contar con un presupuesto para otorgar las medidas de seguridad y reparación integral del daño de las víctimas, ajeno al otorgado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También, que todos los agentes del Estado involucrados en una desaparición forzada quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público, además de que la pena mínima no pude ser menor a 20 años de privación de la libertad.

“De ser aprobada esta ley tal y como la envió el Senado, sin integrar estas observaciones, se seguirá perpetuando la impunidad, y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación del daño y las garantías de no repetición”, advierten.