Beneplácito de activistas por intervención de la CIDH en caso Hernández Cardona Foto: Especial

Beneplácito de activistas por intervención de la CIDH en caso Hernández Cardona

Escrito por  Héctor Briseño May 19, 2020

Da tres meses de plazo al gobierno mexicano para informar del asunto, dicen

Tiene siete años el acontecimiento y aún sigue en la primera etapa: Red Década contra la Impunidad


La Red Solidaria Década contra la Impunidad informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó un plazo de entre tres y cuatro meses al gobierno mexicano para que presente sus observaciones en relación al caso de desaparición, tortura y asesinato de tres integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, entre ellos el activista Arturo Hernández Cardona, ocurrido a finales de mayo de 2013.

Por medio de un comunicado, la Red Solidaria Década contra la Impunidad recordó que el 3 de junio de 2013, a las 6 de la mañana, fueron encontrados muertos Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en el kilómetro 160+300 de la carretera federal Chilpancingo-Iguala, quienes tenían los ojos vendados y huellas de tortura, después de ser secuestrados, al igual que cinco integrantes más de dicha organización.

En entrevista telefónica, María Magdalena López Paulino, una de las portavoces de la Red, explicó que el caso se mantiene en el primer juzgado de distrito, con sede en Matamoros, Tamaulipas.

Manifestó que “tiene siete años que el caso no pasa de la primera etapa”.

López Paulino detalló que en 2018, representantes de la familia de Hernández Cardona, quienes cuentan con medidas cautelares vigentes desde 2014, recurrieron a la CIDH, en Washington.

Expresó que “la CIDH nos acaba de notificar que la Petición 400-18, mediante la cual la familia de Arturo Hernández solicita que este caso sea revisado por la Corte Interamericana, inicia su etapa de Admisibilidad, por lo que otorga un plazo al gobierno mexicano de tres meses, y de ser necesario un máximo de cuatro meses, a partir del 13 de mayo de 2020, para que presente sus observaciones”.

López Paulino indicó que “una y otra vez el gobierno mexicano ha incumplido con los plazos, no ha proporcionado información y observaciones del caso”.

Enfatizó que es por este hecho, que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se mantiene preso, pues por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las pruebas se han venido abajo.

En el comunicado, firmado por López Paulino y Ericka Zamora Pardo, integrantes de la Red Solidaria, y la familia de Hernández Cardona, manifiestan su beneplácito ante la respuesta de inicio de proceso en la CIDH, y solicitaron respetuosamente al gobierno de México que presente sus observaciones en tiempo y forma.

El 30 de mayo de 2013, miembros y simpatizantes de la UP marcharon de Iguala con rumbo a la caseta de peaje ubicada en el tramo federal de la carretera México-Acapulco, donde realizaron bloqueos intermitentes en demanda de obras sociales.

El dirigente de la organización, Justino Amos Ozores Narciso, manifestó que al sitio llegaron policías federales, con quienes los activistas Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castrejón, tuvieron una discusión. Ese mismo día, los ocho activistas, quienes viajaban en una camioneta particular, fueron desaparecidos.

Cuatro de los ocho activistas habían interpuesto una denuncia de hechos ante el Ministerio Público en Iguala en días pasados, contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca; María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal y presidenta del DIF Municipal; y de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública municipal, por hostigamiento, pues consideraban que su vida corría riesgo.

El 3 de junio fueron localizados sin vida tres de los activistas, entre ellos Arturo Hernández Cardona.