¿También las comunitarias?

Escrito por  Nov 28, 2019

Otra vez, el gobierno federal saca a colación el tema de las policías comunitarias.

Esta ocasión, luego de la inauguración de un evento que tuvo como escenario la zona Diamante de Acapulco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el gobierno federal va a enfrentar a las policías comunitarias que estén vinculadas con el crimen organizado, como parte del combate a la inseguridad en Guerrero.

Antes, en enero de este año, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, había anunciado, también en Guerrero, un plan para desarticular estos grupos de civiles armados que asumieron las funciones de seguridad pública en al menos 42 de los 81 municipios del estado.

Ninguno de los dos, no obstante, ha mencionado ni cuándo ni cómo lo harán.

Es de entenderse que no mencionen estrategias, pero tampoco fijan fechas ni plazos.

Naufragan en el mar de la ambigüedad; se lucen hablando florido; hacen alarde de conocimiento sobre existencia, formación, contaminación, ilegalidad y operación de las policías comunitarias, pero se mantienen pasivos y omisos.

Un año lleva ya la actual administración federal, y sus funcionarios siguen anunciando soluciones al problema, pero no terminan por determinar el día de arranque.

Al igual que la administración estatal, los funcionarios federales admiten que las comunitarias están infiltradas por el narcotráfico, y al escapar al esquema de este tipo de corporaciones, con excepción de la Crac-PC, operan al margen de la legalidad, pero los gobiernos se mantienen distantes.

Saben cuántas son, quiénes las jefaturan, qué territorios tienen bajo su poder, pero les permiten actuar con entera libertad y hasta negocian con ellas.

En consecuencia, incursionan y violentan municipios, como ocurrió en Chilapa, donde hubo 16 desaparecidos en 2017; Tlapa, Chichihualco y recientemente Petatlán, donde, lo más que ha hecho la autoridad ha sido negociar, pasando por encima de la ley.

Por eso mismo, ante la incapacidad gubernamental para someter al crimen organizado, las policías comunitarias siguen surgiendo, y las ya existentes se fortalecen.

No sería de sorprender, por tanto, que los grupos de autodefensa pudieran influir en el proceso electoral de 2021, como lo prevé el investigador y académico Eudocio Téllez Santiago.

La permisividad de la autoridad no sólo deja cancha libre a la delincuencia para intervenir en elecciones, sino que ahora podría propiciar la participación de los grupos de civiles armados.

Como antecedente, habrá que recordar cómo en las elecciones pasadas, habitantes de Ayutla acusaron insistentemente que la Upoeg se empecinaba en imponer candidatos.

Ni comunitarias ni narcotráfico andan con anuncios, alardes, fintas y amenazas; simplemente actúan. Por tanto, cada día, desplazan al gobierno y se apoderan del territorio guerrerense. n