Faltan 170 millones más

Escrito por  Nov 25, 2019

Independientemente de que se esfumaron los casi 189 millones de pesos del fraude perpetrado contra Capama en 2016, a pesar de la infructuosa intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el ayuntamiento intenta recuperar un faltante de 170 millones correspondientes a 2018.

En esta tesitura, el Órgano de Control Interno Municipal (OCIM), que jefatura Francisco Torres Valadez, ha llamado a comparecer a ocho ex funcionarios de Capama, de los cuales atendieron el llamado cuatro.

Rindieron declaración el ex director Jorge Vargas Jijón, la ex encargada de la Dirección de Comercialización Margen Cortez Contreras, la ex encargada de la Dirección de Egresos Elsa Añorve Jiménez y el ex encargado de la Dirección de Ingresos Gaudencio Telliz Moctezuma.

Se resistieron al llamado el ex director de Finanzas Guillermo Galeana Salas, la ex subdirectora jurídica Samantha Cabrera Radilla y el ex abogado Alejandro Olea Flores, de esta dependencia.

Si bien la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tocó al ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre en el fraude de 2016, a pesar de fungir como presidente del Consejo de Administración, el contralor Torrez Valadez lo involucró y, como a los demás, lo citó. Velázquez Aguirre entregó su declaración por escrito en el área de oficialía de partes, pero no la ratificó en persona, por lo que se estimó un documento sin validez y se le consideró omiso.

El ex edil pidió que las observaciones se repartan también entre los demás que fueron integrantes del Consejo de Administración de la paramunicipal. Nada más justo, puesto que todo el consejo tiene entre sus funciones, según el inciso XI del artículo 10 del Reglamento Interior de la paramunicipal: examinar y aprobar en su caso los estados financieros de la Capama y los informes que presente el director general; y de acuerdo con el inciso XXVI: “Vigilar la recaudación de los recursos de la Capama y su adecuada aplicación, velando por la conservación de su patrimonio y los incrementos necesarios para su desarrollo”.

No obstante, la ASE dejó al margen al ex munícipe en tanto el contralor interno sólo a él ha llamado, cuando menos hasta ahora, sin meterse con los demás miembros del consejo, que, por su función, también tienen responsabilidad en el manejo de los recursos.

Tampoco ha incluido en su investigación a los responsables de la Contraloría General de la Capama, que debieron ser, antes que nadie, los que detectaran los faltantes en ambas auditorías.

Llama la atención que tanto la ASE como la contraloría interna dirijan sus baterías exclusivamente contra el trienio de Velázquez Aguirre.

Otro punto: cuando diputados locales dieron a conocer el faltante detectado en la auditoría de 2016, otro grupo protestó de inmediato con el argumento de que no debió revelarse el hecho porque la auditoría no estaba todavía terminada y por consiguiente no había un pliego resolutivo.

Por su parte, el OCIM de Torres Valadez no ha comprobado la culpabilidad de los sujetos a investigación respecto al faltante de 2018 y ya los está balconeando.

¿No debió concluir su procedimiento antes de exhibirlos públicamente? Todavía no se define si pueden o no comprobar el uso del dinero; tampoco si no lo quieren regresar en caso de que no lo comprueben.

Como dijo el clásico: haiga sido como haiga sido, andan volando 358.6 millones de pesos de 2016 y 2018, aparte de los que puedan haber desaparecido en 2017, mientras Capama no tiene ni para pagar la luz. n