Violencia e ilegalidad

Escrito por  Nov 12, 2019

Mucho tienen que explicar las autoridades respecto a lo que ocurre en Xaltianguis, que el lunes y el martes volvió a convulsionarse.

La versión difundida por los medios de comunicación coincide en que un enfrentamiento ocurrido entre dos grupos de policías comunitarias derivó en bloqueos y quema de unidades automotrices.

En contraposición, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, se refirió como origen de lo sucedido a un supuesto enfrentamiento, “el cual no se pudo confirmar; de hecho, lo podemos descartar”.

“La situación actual es que no hay muertos, no hay lesionados, sólo hay manifestaciones por parte de algunos pobladores que solicitan la liberación de los detenidos que tuvimos ayer; todo sea de acuerdo a la legalidad, y en ese sentido, no tenemos bloqueos tampoco”, argumentó.

Si, como dice Portillo, no hubo enfrentamiento, ni bloqueos, ¿cómo es que hubo detenidos? ¿Qué hacían? ¿Por qué los detuvieron?

Luego cae en contradicción al expresar que los hechos violentos –¡por fin!, ¿hubo o no hechos violentos?– se deben al enfrentamiento –¿sí hubo, entonces, enfrentamiento?– de dos grupos, “que se hacen llamar policías comunitarios de Xaltianguis y de la Upoeg”.

El funcionario habla, asimismo, de legalidad, cuando la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Policía Federal, la Policía Investigadora Ministerial y la Policía Municipal se coordinan con la autollamada policía comunitaria o Sistema de Seguridad de Xaltianguis, para resguardar a la población, no obstante que el mismo gobierno del estado lo ha declarado ilegal, al igual que a la Upoeg.

El 7 de mayo pasado, unos 300 integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero –también declarado ilegal– irrumpieron en Xaltianguis, atacaron la comandancia de la Upoeg, mataron policías de esta organización, dejaron cuatro heridos y quemaron una camioneta.

La violencia en Xaltianguis, no obstante, persiste propiciada por organizaciones ilegales a cuyo combate ha renunciado el gobierno, que en cambio ha optado por tolerarlas y llegado incluso a negociar con ellas, como cuando el Frente Unido tomó Petatlán hace meses.

¿Dónde está la legalidad de la que se jactan los funcionarios? n