Desplazados, los invisibles del sistema

Escrito por  Nov 11, 2019

El caso de las familias que cumplieron ayer un año de haber sido expulsadas por la violencia de sus comunidades ubicadas en la región serrana, para asentarse en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, refleja la falta de voluntad del gobierno y su incapacidad para garantizar su regreso a sus lugares de origen.

Si familiares de los desaparecidos se quejan de la falta de apoyo gubernamental para dar con el paradero de sus seres queridos, los desplazados no corren con mejor suerte.

Unos y otros se ubican en la misma frecuencia: la desatención oficial, las promesas incumplidas, la angustia, el dolor, el sufrimiento, las carencias e incomodidades, la incertidumbre y un futuro incierto, por no decir más.

Eran 600 las familias que tuvieron que salir huyendo de la sierra.

Más de 20 se trasladaron a Estados Unidos para pedir asilo político, según declaración de Manuel Olivares, defensor de derechos humanos.

Otras se han dispersado hacia otros estados de la República, y sólo 70 permanecen en Chichihualco en espera de que el gobierno les garantice el retorno a sus hogares.

No son los únicos.

En un hotel de Tecpan, más de 180 familias se encuentran hacinadas luego de que abandonaron sus viviendas en Cuatro Cruces y Chilacayote, en el municipio de Ajuchitlán; Palos Altos y Linda Vista, de San Miguel Totolapan; Pie de la Cuesta, de Atoyac, y Bajitos, de la Laguna de Tecpan.

La violencia los obligó a salir, a algunos en 2013; la policía del estado los escoltó; funcionarios estatales los alojaron en un hotel y los olvidaron, acusa Pablo Angulo Rojas, su representante.

En este contexto, cuando menos 15 comunidades de la Tierra Caliente, entre Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, están convertidas en pueblos fantasma porque la inseguridad y la violencia obligaron a sus habitantes a salir, han reconocido los respectivos alcaldes, Eusebio Echeverría Tabares y Hugo Vega Hernández.

Sobre el tema, un informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) revela que en 2018 hubo en Guerrero 5 mil 56 personas desplazadas por la violencia, dato difundido por la prensa nacional.

La representante del Centro de Derechos Humanos Tepoztlán Víctor Urquidi, Clara Jusidman, advirtió que el tema de desplazamiento forzado interno, minimizado por la autoridad, ha adquirido vigencia muy grande debido al efecto de la violencia y la colusión perversa entre autoridades, crimen organizado y empresas que buscan apoderarse de territorios naturales y minerales, así como para emprender obra pública y nuevos negocios.

En un encuentro en los primeros días de septiembre en Acapulco, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, recalcó que el principal reto del fenómeno del desplazamiento forzado de personas es restituir las garantías de trabajo, seguridad y desarrollo en las comunidades de origen de los afectados, así como su reintegración.

Recalcó que para ello, el Estado debe garantizar la seguridad y recuperar el espacio que ha sido ocupado por grupos delictivos. Aseguró que el desplazamiento forzado representa un enorme reto por enfrentar en Guerrero y que el gobierno federal se propuso incorporar el tema de desplazamiento forzado en la agenda de la seguridad nacional.

Pero hasta ahí. Muchas palabras, cero acciones.

Ningún ámbito de gobierno ha atendido el problema más allá del discurso. No hay opciones para los desplazados. El problema se ha minimizado, sostiene Clara Jusidman; se ha invisibilizado, admite Encinas.

Y así sigue.

Nadie los ve, ni los oye. n