La paliza de la CNDH a la FGE

Escrito por  Nov 04, 2019

Mal le fue –y no podía ser de otra manera– a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el jueves pasado sobre la situación que en materia de desaparición de personas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa.

De entrada, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, consideró a Chilapa foco rojo debido a que “cuenta con autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superar la tasa de homicidios”.

Así que, aunque hubiera cabeceado o se hubiera agachado, el titular de la FGE, el maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, no habría podido librar el derechazo, puesto que, si hablamos del ámbito estatal, es el responsable de la procuración de justicia.

Claro y definido está que, si bien De los Santos Barrila llegó al cargo por recomendación del gobernador Héctor Astudillo Flores ante el Congreso local, la Fiscalía es un organismo autónomo y, en consecuencia, nada tiene que ver en su funcionamiento el jefe del Ejecutivo estatal.

En otras palabras, la FGE se manda sola, sin injerencia alguna del primer mandatario; por tanto, los resultados de su trabajo, buenos o malos, son responsabilidad absoluta del fiscal.

Por lo mismo, el aguacero torrencial que le dejó caer González Pérez a las “autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superar la tasa de homicidios” no podía tener otra dedicatoria.

No es todo. Otro dato citado por González Pérez: en el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2018 se advierte que la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito en México, es decir que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3 por ciento, mientras en el estado de Guerrero presenta una probabilidad aun menor, lo que significa que sólo uno de cada 500 delitos en esta entidad se logra esclarecer.

Advirtió la CNDH que es necesario fortalecer el funcionamiento de la FGE, a fin de que pueda operar de acuerdo con los mejores intereses de la sociedad guerrerense, y que una de las principales demandas de la sociedad de Chilapa es incrementar la eficiencia del organismo, pues se observa que la actuación de algunos agentes del Ministerio Público, policías, peritos y demás auxiliares, constituye un obstáculo para el acceso a la justicia y un mecanismo que genera violaciones a derechos humanos.

¿Qué le falta a la FGE? ¿Qué le sobra? Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, lo mismo que la Federación, pueden hacerse a un lado respecto a su ineficacia; la impunidad reclama la intervención de todos para analizar el tema y tomar acción ante el hartazgo de la sociedad guerrerense.

La CNDH no vino a descubrir el agua tibia, sino a confirmar la ausencia de justicia en la entidad contra la cual se han expresado una y otra vez los sectores de la población, sin que sean escuchados.

Chilapa no es Guerrero, pero es una muestra clara del problema que en la entidad constituyen las desapariciones forzadas de personas, sin que oficialmente se le preste alguna importancia, pues el gobierno ha centrado su atención y su trabajo en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ante la metralla que le lanzó la CNDH, nada ha objetado el fiscal general; sería sano, conveniente y justo escucharlo; mucho tendrá que explicar sobre la pobreza de resultados.

La nueva fiscalía que prometió al tomar posesión no se ve, ni se vislumbra. Algo o mucho tendrá que decir. n