Incumplimientos y desdén

Escrito por  Sep 09, 2019

El caso de las víctimas del suceso ocurrido hace 47 años en Atoyac, cuando el pueblo El Quemado fue secuestrado por soldados del Ejército, que no dejaron salir a mujeres, ni a hombres; torturaron a muchos de ellos y los desaparecieron en seguida, refleja con transparencia la falta de interés del gobierno por hacer justicia a víctimas de la violencia.

Narran agraviados que en octubre de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometió a que en dicembre del mismo año les comenzarían a entregar la ayuda por concepto de reparación del daño. No obstante los nueve meses transcurridos, ninguna de las 79 familias ha recibido nada.

Ni la CEAV, como tampoco el gobierno del estado, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también firmaron el acuerdo, han dado una razón del incumplimiento.

Lo ocurrido no es de extrañarse realmente, pues sobradas muestras ha dado la autoridad de que las víctimas de la violencia de los años 60 y 70, lo mismo que los miles de desaparecidos y los también miles desplazados de hoy en día, no figuran en su agenda de prioridades, sino que, de una u otra manera, con promesas que luego no cumple, con engaños y mentiras, presionada por los afectados, busca la manera de sobrellevar los problemas solamente.

Para la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem), no hay ninguna duda de que el gobierno no tiene la menor intención ni de reparar el daño ni de castigar a los responsables; cita como prueba de ello el hecho de que, en vez de obligar a comparecer a los responsables de los hechos ocurridos en Atoyac, recurre a la búsqueda en predios donde estuvieron acuartelados los soldados, sin resultado alguno.

Agrupados en organizaciones en varias partes de la entidad, familiares de desaparecidos salen a cerros, laderas y ciudades, prácticamente sin apoyo oficial.

El caso de los desplazados es otro de los temas relegados a la indiferencia oficial.

Ninguno de los tres casos ocupó renglón alguno en el reciente informe presidencial, a no ser por los 43 desaparecidos de la rural normal de Ayotzinapa, tema en el que no sólo no hay avances, sino suceden retrocesos con la liberación de uno de los presuntos culpables y la probable excarcelación de otros 50, según lo advertido por Gobernación. n