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Ingobernabilidad

Escrito por  Ago 06, 2019

Si bien el gobierno proyecta su atención en los asesinatos dolosos cuando hace referencia a la violencia, los desplazados constituyen una consecuencia del mismo fenómeno y una asignatura desatendida.

La autoridad repica las campanas alegremente cuando los reportes consignan una baja en la comisión de homicidios, pero pasa por alto delitos como extorsiones, cobros de piso y secuestros.

Igual ocurre con la expulsión de guerrerenses de sus lugares de origen debido al hostigamiento o ataques del crimen organizado.

Alarma el reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos correspondiente a 2018, en el que esta entidad figura en primer lugar como el estado de la República Mexicana donde más personas se han desplazado de sus hogares debido a conflictos violentos.

Por lo menos 5 mil 56 habitantes de 22 comunidades de ocho municipios (San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán, Petatlán y La Unión) tuvieron que abandonar sus hogares. Los pobladores desplazados en Guerrero, según el informe, constituyen 44 por ciento de los desplazados del país.

La autoridad ha fallado desde el momento en que no ha sido capaz de garantizar la seguridad para estas personas en sus lugares de residencia; en algunos casos, muy pocos, las ha escoltado en su huída, les ha asignado sitios inapropiados como albergues, les ha proporcionado algunos alimentos y luego las ha abandonado a su suerte. No hay garantías para que regresen a sus comunidades, donde, de volver, les espera la muerte.

Claro ejemplo de la desatención es el caso de 61 familias de Leonardo Bravo y Zitlala que, desesperadas al no hallar apoyo de las autoridades locales, en marzo partieron de Chichihualco a la Ciudad de México, donde permanecieron en plantón 40 días, al término de los cuales el gobierno federal las atendió, acordó otorgarles ayuda humanitaria y, en los siguientes tres meses, resguardarlas en su retorno a sus hogares.

El 28 de mayo los desplazados denunciaron en Chichihualco que, a dos meses de haberse retirado del plantón, las autoridades federales no habían cumplido lo acordado, como pagarles la renta en lo que hay condiciones de seguridad para regresar a sus casas, el pago de alimentos y filtros de seguridad.

Así la situación. n