Evodio, tropezones y acierto

Escrito por  May 27, 2019

El ex presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre patina en el terreno de la contradicción.

Si recién concluida su administración aseguró que dejaría que fueran las autoridades correspondientes las que definieran cómo manejó su gobierno, al darse a conocer la inhabilitación de tres de los ex funcionarios de Capama volvió a desplegar la bandera que ha enarbolado para defenderse, aquella de que se trata de “revanchismo político” y de que “es un linchamiento mediático”.

Esta vez no se trata de un asunto mediático. Fue la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que emitió su veredicto de inhabilitar al ex director general Javier Chona Gutiérrez, al ex director de Administración y Finanzas Guillermo Adolfo Galeana Salas y al ex director de Operación Juan Antonio Ramírez Valle.

No fueron declaraciones de ningún político o funcionario, sino que se trató del fallo de la autoridad competente, el que supuestamente esperaría el ex alcalde y a cuya resolución, dijo, se atendría.

No fue así. Sigue pataleando.

Ayer, en Tecpan, dijo que es parte de la campaña política de desprestigio en su contra, la cual “se debe a que me convertí en alguien incómodo para el sistema”.

Argumentó: “Como mis detractores no han podido comprobar nada de lo que me señalan, ahora se van con los funcionarios de mi administración”.

No es exactamente así. El 5 de octubre de 2018, la ASE informó que el gobierno municipal de Evodio Velázquez tenía pendientes de solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, más las que se acumularan de 2018, que se comenzaría a revisar en enero de 2019.

Entonces, las auditorías siguen su curso, y será al concluir el proceso correspondiente cuando la ASE determine la culpabilidad o la inocencia del ex edil. Mientras tanto, el ex servidor carga con esa mancha de las 30 observaciones sobre irregularidades, que si bien no lo condenan, tampoco lo exoneran.

Apenas el 2 de mayo pasado, el ex alcalde de Acapulco reconoció que durante su administración hubo funcionarios que cometieron actos posiblemente no apegados a la ética.

Días después expresó que no metería las manos al fuego por nadie, y los funcionarios deberán pagar su delito siempre y cuando se les demuestre.

Pues bien, la ASE ya les demostró a los tres los malos manejos; les dio el plazo legal para justificar los desvíos, y los señores no pudieron hacerlo, razón por la cual procedió en su contra.

Velázquez Aguirre vuelve a tropezar al autocuestionarse por qué la auditoría empezada en 2016 concluyó hasta ahora, ocho meses después de su salida como alcalde.

Tampoco es así. El 3 de octubre de 2017, en auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2016, diputados dieron a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntos daños patrimoniales por desvíos de recursos por 194 millones 577 mil 346.98 pesos en la Capama.

Es decir un año antes de que concluyera la gestión de Evodio.

El 21 de febrero de 2018 –ocho meses antes de finalizar la administración de Velázquez Aguirre–, la ASE dio a conocer el pliego resolutivo de la fiscalización en el que hace constar que de los 194 millones 577 mil 346.98 pesos sólo se comprobaron 5 millones 972 mil, por lo cual deben resarcirse 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos.

Esa misma ocasión hizo ver la ASE haber abierto el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra los cuatro funcionarios involucrados: Chona Gutiérrez, Galeana Salas, Ramírez Valle y la ex directora de Operación Ciudadana, a la que misteriosamente zafaron del embrollo de los desvíos, y escapó a la sentencia.

Ahora, ocho meses después de haber finalizado el gobierno de Evodio, no concluyó la auditoría, como dice el ex alcalde, sino que la ASE dio a conocer el fallo que siguió a todo el proceso que arrancó casi dos años antes de que dejara la alcaldía, periodo durante el cual sus entonces colaboradores tuvieron el tiempo suficiente para comprobar los gastos. Y no lo hicieron.

En algo tiene razón el ex primer edil al cuestionar “¿por qué no se avalan y no se conocen los resultados de las auditorías realizadas a las anteriores administraciones? ¿Dónde están? ¿Por qué no las conoce el pueblo de Acapulco?”.

La ASE y los diputados del Congreso local tienen la palabra.  A ellos corresponde contestar, en el entendido de que, como declaró el auditor en alguna ocasión, el organismo no necesita denuncias para investigar porque hacerlo es parte de su trabajo. n