Repasón a las policías comunitarias

Escrito por  May 17, 2019

Este jueves la alcaldesa Adela Román Ocampo hizo recordatorio de la Ley 701, de derechos y cultura de los pueblos originarios, en un aspecto que no resulta grato escuchar a la mayoría de quienes lideran las decenas de grupos armados que se reclaman como policías comunitarias: dijo que la única policía comunitaria que reconoce ese instrumento jurídico es la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlán –es decir la organización original en su enclave original–, mientras que los demás grupos son considerados por la legislación como civiles armados.

Ninguno de los líderes aludidos, ni ninguno de quienes abogan por ellos, podrá argumentar que la alcaldesa de Acapulco no tiene suficiente conocimiento de la ley, pues no sólo es una profesional del derecho que ha ejercido como tal durante muchos años, sino que también ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, el máximo organismo local de interpretación de las leyes de la entidad.

Así que, cuando se trata de leyes, Adela Román sabe de qué habla. Y si ella dice que la única policía comunitaria que se ajusta a los requisitos que establece la Ley 701 es la original de la Crac de San Luis Acatlán, es que, con toda seguridad, así es.

El dato es pertinente precisamente porque el mismo día en que la alcaldesa hacía esta declaración, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, presentaba en asamblea pública en Ayutla a cuatro personas señaladas de ser las asesinas materiales confesas de un comandante de la Policía Ciudadana de esa organización, y advertía que sólo faltaba definir bajo qué reglas serían procesadas: si bajo el código penal del estado, para lo cual había que entregarlas a las autoridades, o bajo el sistema de usos y costumbres.

Si bien el sistema de justicia comunitario diseñado en la Ley 701 surge para atender faltas que históricamente no ha atendido el Ministerio Público –es decir delitos que el gobierno considera menores–, sería interesante y útil saber qué plantea respecto de los delitos que el Código Penal cataloga como graves, entre ellos el homicidio doloso, como en este caso.

Pero en algo sí hay certeza: la Policía Ciudadana de la Upoeg, al igual que las otras policías civiles que pululan por todo el estado, con excepción de la original, la de San Luis Acatlán, no actúa amparada en la ley.

Esos detenidos deben ser entregados a la Fiscalía. n