Un nuevo Semefo

Escrito por  Abr 18, 2019

El anuncio que hizo este miércoles el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, de que esa dependencia busca terreno para construir un nuevo Servicio Médico Forense, con capacidad mayor al que ahora opera en Acapulco, se presta a la perfección para aplicarle el refrán “más vale tarde que nunca”.

Llega tarde porque el puerto –y las otras ciudades grandes del estado, al menos– debería contar con un espacio suficiente en tamaño y en quipamiento para procesar en un plazo razonablemente breve todos los cadáveres levantados por el Ministerio Público, cuya cifra se ha incrementado de manera exponencial desde que se desató el crimen organizado.

Pero llega aún a tiempo, pues –según se ven las cosas y según prevén autoridades y expertos– aún habrá muchos cadáveres que levantar en lo que el país se apacigua, proceso que tomará mucho tiempo todavía.

El gobierno federal aún tiene que poner en operación partes importantes de su estrategia de seguridad. La creación de la Guardia Nacional, el reforzamiento de la capacidad de la ley de Extinción de Dominio y el programa para reclutar en el sector productivo oficial a jóvenes desempleados –para apartarlos de la posibilidad de que sean reclutados por criminales– son importantes, pero no son lo único que se necesita para abatir la criminalidad.

Aún faltan dos acciones básicas y fundamentales, sin las cuales no será posible alcanzar esa meta: cerrar el paso a las armas para que no entren al país –tarea que se antoja titánica por todas las horas-hombre y por todos los recursos tecnológicos que requerirá– y despenalizar todas las drogas de origen natural, cuyos usos más inmediatos son el lúdico de la mariguana y el medicinal de la amapola.

Y aun cuando ya haya hecho todo eso, todavía pasará un buen tiempo, tal vez años, antes de que los criminales causantes de la violencia salgan de circulación: se irá reduciendo su margen de utilidad, irán perdiendo las armas y el dinero, y ya no tendrán a los jóvenes desempleados como ejército de reserva para reclutarlos como sicarios. Así hasta resignarse a abandonar el negocio que hoy les deja grandes ganancias o hasta morir en el intento por conservarlo.

El gobierno federal también debe reconocer que le falta afinar estrategias que ya están en operación; por ejemplo, hoy se sabe que 89 por ciento de los jóvenes contratados en trabajos formales no viven en las barriadas violentas a las que, de origen, estaba enfocado el programa.

Y mientras se afianza la paz, los cadáveres seguirán llegando a las cámaras frigoríficas. n