Capama contra CFE

Escrito por  Abr 01, 2019

En sesión del Congreso local del 17 de marzo, el diputado Ossiel Pacheco Salas propuso hacer un exhorto a la Secretaría de Energía y presidenta del consejo administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rocío Nahle García; al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer; así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, para que ajusten las tarifas de energía eléctrica a los organismos operadores de agua en el estado de Guerrero, con el objetivo de evitar el cobro excesivo de tarifas de energía eléctrica.

Aunque los exhortos son como los llamados a misa, no está mal la propuesta porque denota la preocupación del legislador, pero al gobierno federal no le importa si los administradores de agua tienen o no con qué cubrir sus facturas; si consumen, lógico y natural, tienen que pagar.

Tampoco le importa si en los organismos operadores hay o no corrupción o si los usuarios del servicio cumplen con su responsabilidad o no. Tampoco.

Más viable resulta la propuesta de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, de que la CFE no aplique, en el caso específico de Capama, la tarifa de consumo industrial, sino el de servicio social.

Posteriormente, analizado seguramente el asunto, rencausó y fundamentó su exigencia, demandando la modificación tarifaria tomando en cuenta que lo que hace Capama no es lucrar, sino prestar un servicio social.

Visto así, se amplían las posibilidades de que CFE reconsidere sus cobros; se trata, pues, de manejar argumentos convincentes, legales. No se trata de conmover a la paraestatal, ni de ablandarle el corazón, sino de presionarla con razones de peso, no con rabietas ni agresiones verbales.

Por cuanto al diputado Pacheco Salas, mejor haría por la causa si, concretamente en el asunto de Capama, presiona a la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso para que la Auditoría Superior del Estado, acelere ya, de una vez por todas, la recuperación de los recursos millonarios que funcionarios de la administración municipal pasada le saquearon en 2016.

El resolutivo correspondiente fue elaborado por la ASE en febrero de 2018, determinó un daño patrimonial al erario público por 188 millones 604 mil pesos del ejercicio fiscal 2016, fincando responsabilidades resarcitorias contra los funcionarios involucrados, los entonces directores Javier Chona Gutiérrez; de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos; y de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.

Más de un año ha pasado desde que se determinó su responsabilidad, sin que nada ocurra. Lo peor del caso es que parece asunto olvidado. Mientras, Capama se encuentra con el agua en el cuello al no tener con que pagar a la CFE. n