El valor de la vida

Escrito por  Mar 29, 2019

Cuando desaparece un ciudadano sin reconocimiento público, un desconocido más allá del círculo familiar y el de sus amigos o compañeros, ninguna autoridad se inmuta.

Familiares recurren a las autoridades a interponer la denuncia correspondiente y éstas con toda tranquilidad la archivan para no ocuparse de ella.

Mas cuando se trata de un personaje político, un funcionario público o un líder de reconocida influencia o un caso de alto impacto, sale de su inmovilidad todo el aparato gubernamental para hacer ruido, haciendo correr la voz de que lo andan buscando.

Apenas el pasado 12 de febrero, fue la desaparición de la dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, la que cimbró a la esfera gubernamental, desde que la secuestraron hasta que apareció.

Mientras miles de ciudadanos guerrerenses se encuentran desaparecidos sin que el gobierno haga caso de ello, desde que desapareció la lideresa, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno activaron los protocolos de búsqueda y localización, que incluyó un despliegue permanente de la fuerza de tarea en tierra y aire.

Junto con Obtilia, se llevaron a Hilario Cornelio Castro, también dirigente de la referida organización indígena, pero los reflectores se centraron en la mujer, como si su vida valiera más que la de su compañero.

Este miércoles 27, trascendió que desde las 10 de la noche del martes no se sabía del paradero del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina, quien, luego de estar preso durante cinco años, salió de prisión, donde empezó a recibir amenazas de muerte y continuaron después de haber recuperado su libertad.

No se sabe cuál es la situación real del dirigente, pero el motivo de este comentario no es referir si atentaron en su contra o simplemente se perdió contacto con él, sino subrayar que, tratándose de un líder de la talla de Gonzalo, la noticia de inmediato encendió los focos rojos en el gobierno del estado, que expresó su preocupación por la situación.

El delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, señaló que el líder de la CRAC-PC de Tixtla, no solicitó medidas de seguridad, como lo han señalado las organizaciones, como si haberlo hecho garantizara su seguridad personal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó en favor de Obtilia Eugenio medidas cautelares, que de nada le sirvieron.

Y si, como dice la canción, en León, Guanajuato, la vida no vale nada, habrá que decir que en Guerrero sí vale, siempre y cuando se trate de alguien importante. n