Buenos para perder, malos para ganar

Escrito por  Mar 28, 2019

De la lectura de las notas principales de esta edición de La Jornada Guerrero sólo puede sacarse una conclusión: que la administración pública de Guerrero –de manera relevante los ayuntamientos– es muy mala para recaudar recursos por la vía fiscal, y muy eficiente para perderlos, sobre todo por la vía de las sentencias laborales.

Por un lado, es de todos sabido que los presidentes municipales no se atreven a implantar el cobro de los impuestos que les corresponde cobrar, en la mayoría de los casos porque la imposición de las contribuciones siempre es impopular, situación en la que no quieren caer. En otros casos, porque no están habituados a hacer cuentas y tal vez se imaginan que el dinero brotará de alguna fuente –los gobiernos federal y estatal–, de manera que a ellos no les corresponde hacer esfuerzo alguno al respecto.

Por otro lado, es innegable que su estilo de llevar la parte administrativa de su gestión no es el más adecuado, ni es el que se apega más a las normas de la buena administración, ni a las leyes que rigen las relaciones de trabajo, de manera que acaban por generar conflictos laborales que a la postre cuestan millones de pesos a los gobiernos municipales.

Eso sin contar los desatinos que pueden llegar a cometer en su trato con las organizaciones de la sociedad civil, que pueden terminar en tomas y bloqueos a las funciones recaudatorias de los ayuntamientos, los cuales también afectan sus finanzas.

Por ejemplo, es de todos sabido que la casi totalidad de los alcaldes adquieren compromisos laborales durante la campaña, como manera de pagar los servicios prestados por individuos o grupos en esa etapa. Al asumir el cargo, para cumplirlos, tienen dos opciones: engrosar la nómina municipal o despedir personal para contratar a sus compañeros de viaje. Una y otra solución, la que elijan, es perjudicial para las finanzas del gobierno a su cargo.

Por eso, no es menor el mérito del trabajo de aritmética que han hecho los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local para determinar que el adeudo de gobiernos y entidades públicas por concepto de sentencias laborales asciende a 3 mil millones de pesos, la tercera parte de los cuales le tocan a Acapulco, en un momento particularmente difícil de escasez de recursos financieros.

Pero los legisladores tienen la solución en sus manos: promover cuanta reforma legal sea necesaria para frenar, sobre todo, la sangría de recursos públicos por ineptitud de sus principales administradores. n