Marinos y policías humillados

Escrito por  Mar 06, 2019

Lo ocurrido este lunes en Xaltianguis, donde habitantes bloquearon la carretera para que marinos, policías federales, estatales y ministeriales devolvieran las armas que habían decomisado a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), no es más que otra demostración del poder que, legal o ilegal, sigue ostentando este grupo y que lo convierte en intocable.

Eso por un lado; por otro, constituye otra prueba de que el gobierno no ha querido meterlo al orden a pesar de sus antecedentes delictivos, y de que se ha concretado a simular que actúa, pues de tomar en serio su responsabilidad, cambiaría de estrategia para imponer la ley en vez de colocar a las fuerzas de seguridad en el terreno de la humillación.

La Upoeg, como quedó de manifiesto en Xaltianguis, cuenta con el apoyo de cierta parte de la población por la razón que sea, pero también hay otra parte que la repudia; no dejan de fluir versiones de que se trata de fuerzas paraestatales que sirven a los fines del gobierno estatal, aunque éste por su parte la acusa de ser ilegal y defender intereses ajenos a la población, e insinúa que sirve a la delincuencia.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró a fines de enero pasado en Tepecoacuilco que entre las autodefensas, policías comunitarias o ciudadanas que operan en el estado, hay grupos paramilitares y delincuenciales.

Aseguró que el gobierno federal trabaja en un plan para su desarticulación y advirtió que ello no es sólo responsabilidad de ese nivel gubernamental, sino también del estatal y del Congreso local.

Encinas no mencionó plazos. No dio fechas. Y si para la desarticulación tiene que legislar el Congreso local, como hizo ver, significa que el supuesto plan va para largo.

Entre tanto, la Upoeg se ha convertido en un pulpo que expande sus tentáculos a buena extensión del estado, donde invade comunidades, provoca enfrentamientos y sitia pueblos, mientras la autoridad, en cada uno de sus ataques masivos, le busca la cara para rogarle que se comporte, sustituyendo la ley con el “diálogo”.

No puede el gobierno enfrentarse con este grupo armado porque las consecuencias serían lamentables, precisa el gobierno estatal, el que, de plano, le arrojó la responsabilidad a la Federación, que a su vez le respondió: “también es tuya”.

Sin embargo, quien lo haya hecho no tuvo empacho en enviar a Xaltianguis a marinos, policías federales, estatales y ministeriales a hacer el ridículo, pues sabiendo a quién se van a enfrentar, conociendo las artes de que se vale la Upoeg, revisaron las armas, decomisaron 20 y tuvieron que devolverlas porque la gente los obligó a ello al cerrarles el paso, sin importar que, si recogieron el armamento, es porque su uso violaba la ley, cuya aplicación dejaron para cuando la Upoeg tenga a bien permitirlo. n