El mensaje

Escrito por  Feb 18, 2019

Haiga sido como haiga sido”, dijera el clásico, el caso de la líder de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (Opim), Obtilia Eugenio Manuel, y de su acompañante Hilario Cornelio Castro, acalambró al gobierno.

Atribuir su liberación a la presión que, lo mismo en el plano nacional que en el internacional, se ejerció desde el primer momento de su desaparición este martes 12, sería correr el riesgo de resbalar en el terreno de la especulación, si bien tampoco podría adjudicarse a la movilización de las fuerzas de seguridad.

Si fue obra de la la protesta pública, se habría dado ya con la fórmula para rescatar, cuando menos, a líderes del calibre de Obtilia en caso de caer en poder de delincuentes, aunque esa misma convicción rodaría estrepitosamente si se toma en cuenta el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Otro mensaje que deja la tragedia de la líder indígena es que el gobierno se verá obligado a revisar las medidas cautelares a quienes se les han decretado.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos las había ordenado al Estado mexicano para la dirigente, ésta no contaba con ellas evidentemente. Tendría, al menos, que dar una explicación de su omisión.

Durante la marcha que organizaciones sociales realizaron el día 14 en Chilpancingo demandando el rescate de Obtilia, la viuda del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, desaparecido y asesinado en 2013, Sofía Lorena Mendoza, reprochó que “las medidas cautelares que da el gobierno del estado no sirven. Son un asco, no sirven”, reprochó, y citó que ella misma cuenta con esas medidas.

“Las patrullas de la policía están desechas, sin batería, sin armas; dos o tres elementos quieren que nosotros los cuidemos a ellos; el equipo que tienen es inservible”, reforzó.

Queda claro que quienes se llevaron a los líderes no son gente improvisada; sabían lo que querían y lo hicieron de tal manera que exhibieron la ineficacia de las fuerzas de seguridad, cuya labor consistió en pegar carteles en los que ni siquiera la foto correspondía al desaparecido.

Sólo los secuestradores, los secuestrados y las autoridades de alto nivel conocen las razones del secuestro y la liberación, que públicamente no trascenderán.

Lo que sí queda claro a la vista de todos es que nadie puede sentirse seguro y que el gobierno sigue quedando mucho a deber a sus gobernados porque no ha estado al nivel de la situación. n