Tragos amargos

Escrito por  Feb 16, 2019

Muy amargo debió ser el trago que pasó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, cuando activistas, familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero lo enfrentaron para exigir localizar a la defensora de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel y a su acompañante Hilario Cornelio Castro.

El grupo marchó en Chilpancingo para hacer pública su demanda y pasó por las oficinas de la CDHEG, donde Navarrete lo recibió.

Transpirando indignación y con voz enérgica, le demandaron que se alinee con el pueblo y no esté al servicio del gobierno.

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso, le reclamó que se ponga a trabajar con el pueblo y con las víctimas, “porque todo el tiempo lo veo con el gobernador, y ese no es su trabajo; es una indignación que usted no esté con las víctimas, que no esté de nuestro lado y que siempre esté del lado del gobernador, y para eso no fue puesto en este lugar; fue puesto para que vigile que se cumplan los derechos humanos”.

Expresiones de semejante calibre tal vez hagan reflexionar al servidor sobre la necesidad de cuidar su imagen y si bien la percepción generalizada es de que está al servicio de la administración estatal, cuando menos con su comportamiento público bien puede enviar un mensaje diferente, aunque lo ideal será que asuma su papel de defensor independiente, como debe ser.

En toda esta escena, importante es resaltar la postura del gobierno por medio de su vocero del grupo para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, quien rechazó cualquier vínculo como responsable de los hechos.

Aun en el supuesto de que la autoridad fuera ajena a lo ocurrido, preocupada debe estar porque la activista debió contar con medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

El diputado federal Rubén Cayetano García acusa al Estado mexicano de dejar de brindárselas; la defensora de mujeres Emperatriz Basilio exige que se diga si en los momentos de la desaparición, Obtilia contaba con resguardo policiaco; si así fue, ¿por qué no hizo nada por impedir la agresión? Y si no fue así, ¿por qué no contaba con protección?

La jornada de protestas dejó en claro, por un lado, que Ramón Navarrete no las tiene todas consigo al ubicársele como empleado del gobierno, lo que debe servirle para hacer una revisión de su trabajo, y por otro, que la presión social en demanda de la localización de la desaparecida ha escalado ya muy altos niveles y que el gobierno, por lo mismo, deberá dar resultados pronto privilegiando la eficacia en vez de la espectacularidad, y ofrecer una respuesta a las acusaciones de omisión en que aparentemente incurrió respecto a las medidas cautelares que debió proporcionar a la víctima. n