El petate del muerto... ¿otra vez?

Escrito por  Feb 13, 2019

Nada sorprendió la información de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado, en el sentido de que 18 administraciones municipales salientes presentaron irregularidades administrativas y financieras en el proceso de entrega-recepción.

Tampoco sorprendió la versión del titular, Eduardo Loria Casanova, de que se encuentra investigando en el caso de los 18 municipios con irregularidades hasta ahora no subsanadas.

Y no sorprende simplemente porque en cada relevo el común denominador es el saqueo y la impunidad.

La novedad en este caso consiste en que es el primer cambio de trienio que le toca al actual gobierno estatal y, en consecuencia, a Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Nunca, hasta ahora, se ha sabido que algún alcalde saliente haya sido sancionado por irregularidades en la entrega.

Entre los 18 municipios afectados no figuran los grandes, como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, porque, explica el contralor, cuentan con su respectivo aparato de contraloría, pero en chicos y grandes ha sido la misma constante en los cambios: el desfalco.

Loria Casanova garantiza que si los ex alcaldes no solventan las irregularidades, se procederá contra ellos.

Es de desearse que los vientos que soplan contra la corrupción en el gobierno federal lleguen al estado de Guerrero.

Ochenta por ciento de los mexicanos, según encuesta atribuida al diario El Financiero, aprueban las decisiones de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente está descobijando a los personajes que se han visto involucrados en situaciones de deshonestidad.

Mucho aplaudirían los guerrerenses que la autoridad, cual sea que ella fuera, actuara contra los funcionarios salientes que dejaron en bancarrota a sus municipios.

Es tiempo ya de que el Congreso local ventile públicamente las condiciones en que los ayuntamientos salientes dejaron los municipios; la Auditoría Superior del Estado (ASE) probablemente no tenga resultados de 2018 porque es muy temprano, y entendible sería que estuviera en revisión, pero con seguridad dispone ya los de las cuentas públicas de 2016 y 2017.

Nada bien se han visto balconeando a ciertos funcionarios o determinados organismos públicos (Capama, por ejemplo) y encubriendo a todos los demás.

Sano sería proceder contra los corruptos en general. Eso sí sorprendería. n