¿Más corrupción?

Escrito por  Ene 11, 2019

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) no sale de un escándalo de corrupción cuando ya entró en otro.

El asunto en sí es grave, pero más grave es el hecho de que siempre se habla de saqueos contra la paramunicipal, pero en ningún momento los culpables regresan lo obtenido indebidamente ni los meten a prisión; al contrario, los protegen.

Es, pues, obra de la mafia sin importar el partido que haya estado en el poder.

El 3 de octubre de 2017, diputados dieron a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó irregularidades financieras en Capama por 194 millones 577 mil 346.98 pesos. El 21 de febrero de 2018, se dio a conocer que el pliego resolutivo de la fiscalización que realizó la ASE, determinó un daño patrimonial al erario por 188 millones 604 mil pesos del ejercicio fiscal 2016, debido a que sólo comprobaron 5 millones 972 mil pesos de los 194 millones 577 mil 346 pesos observados. Se dijo que con la entrega de este informe iniciaba el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra los funcionarios involucrados en el fraude.

Ellos son el director general, Javier Chona Gutiérrez; el director de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos; y el director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.

Entretanto, este miércoles 9, el titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, informó de corruptelas en Capama. Proporcionó a reporteros información que mueve a la confusión; por una parte, maneja datos que llevan a pensar que está hablando del mismo fraude dado a conocer el 3 de octubre de 2017; por otra, aporta otros que parecieran referirse a un nuevo caso de corrupción.

Habló del descubrimiento de un desvío superior a los 100 millones de pesos; el de octubre fue de 194 millones 577 mil 346.98 pesos. Sin mencionar nombres, apuntó que son cuatro ex funcionarios los involucrados, y son cuatro los que tienen que ver con el caso de octubre, mismos que se citan en líneas anteriores.

Este miércoles, el auditor dijo que desde diciembre se inició el procedimiento resarcitorio para que los cuatro ex funcionarios devuelvan lo desviado, en tanto en el fraude de octubre, presuntamente había comenzado en febrero de 2018.

Expuso que el faltante de los 100 millones corresponden a la cuenta pública de 2018; el de octubre pertenecía a 2016.

Apuntó que en caso de que los cuatro involucrados no devuelvan lo sustraido, se notificará a la Secretaría de Finanzas para que dicha dependencia embargue los bienes necesarios a cubrir el monto de lo no solventado.

Asevera que ya hay denuncias penales contra los responsables.

¿Quién procederá entonces, Finanzas o las autoridades penales?

El desvío de octubre fue descubierto por la ASE a raíz de pugnas ocurridas en el seno de la anterior legislatura, que lo dejó volando; funcionarios y diputados corruptos tuvieron que ver en el tema; ahora es Morena la que retoma el caso y es de esperarse que, respetando su principio de no corrupción, lo saque adelante sin importar quienes sean los responsables. n