Hora de cambios

Escrito por  Dic 03, 2018

Si bien ayer el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció la desaparición del Grupo de Coordinación Guerrero y la creación, en su lugar, de la Coordinación Estatal de Reconciliación y Construcción de la Paz, interesante se antoja saber qué otros cambios habrá en el combate a la violencia y la inseguridad.

Más importante que los nombres de los programas o los cambios de los mismos es, desde luego, la efectividad que puedan tener; si la confluencia de las fuerzas federales en el Grupo de Coordinación Guerrero no arrojó los resultados esperados, causan expectación las nuevas medidas que planee el gobierno federal poner en marcha.

De entrada aparece la integración de la Guardia Nacional, misma que, informó ayer el gobernador, asignará 1950 efectivos para Guerrero.

Hace unos días, Astudillo Flores cuestionó que el plan de seguridad del gobierno federal no puede ser igual para todos los estados, y que Guerrero requeriría de una serie de factores que le den marco.

Puntualizó entonces que es un estado que produce mariguana y amapola; que tiene conflictos en las partes altas del territorio estatal, así como 500 kilómetros de mar donde frecuentemente se intenta desembarcar droga, además de que hay proclividad a la protesta.

Si de la sierra se trata, oportuno es recordar el señalamiento del mismo gobernador en el sentido de que los alcaldes “tienen mucho que ver” en los conflictos de seguridad con las policías comunitarias en la zona.

Mas el caso de los problemas generados por las policías comunitarias no se constriñe a la sierra; muchos son los municipios, indígenas y no indígenas, donde operan estas corporaciones de las que el gobierno estatal ha sostenido reiteradamente que muchas de ellas no responden a las necesidades de protección de la comunidades a las que dicen representar.

No obstante, ese mismo gobierno no ha puesto orden, pese a que ya se autorizó la ley que determina cuáles grupos se ciñen a la legalidad y cuáles no, debiendo, por consiguiente, proceder contra las infractoras.

No sólo en el gobierno se sostiene que varias policías comunitarias operan para el crimen organizado, sino estos mismos grupos se acusan mutuamente de servir a la delincuencia y algunos de ellos, como la Upoeg, de estar al servicio de la administración estatal.

Está por verse, pues, si la Federación toma en cuenta las observaciones del gobernador Astudillo; cómo se procederá con las policías comunitarias que operan al margen de la ley y qué se hará con los alcaldes que contribuyen al desorden y a la legalidad, lo mismo que con aquellos que se resisten a hacer su chamba en materia de seguridad. n