Las recomendaciones de la CNDH

Escrito por  Nov 30, 2018

Si para realizar su trabajo la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa a crearse el lunes próximo, tuviera que sujetarse al informe rendido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, dos serían básicamente las vertientes a tomar en consideración: la participación del crimen organizado y la intervención u omisión de funcionarios públicos municipales, estatales y federales.

En su recomendación 15VG/2018 presentada este miércoles en la Ciudad de México, asienta que la verdad que encontró la CNDH sobre los hechos ocurridos en Iguala es que el crimen cooptó a autoridades federales, estatales y municipales. Existe también, dijo, “la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno”.

En el caso Ayotzinapa, diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en muchas ocasiones, pues ante el caso de las desapariciones en cuatro años no se investigó la omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, y, además, existe “una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”, hizo ver Luis González Pérez, presidente de la CNDH.

Según su conclusión, “en Iguala diversas autoridades tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desastre como el que se presentó”.

Respecto al Ejército, si bien el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) prácticamente ubica a elementos de la comandancia asentada en Iguala como copartícipes de los hechos, la CNDH casi los exonera al concretarse a recomendar “colaborar ampliamente con el organismo para investigar a elementos militares que en ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento de la probable existencia de diversos delitos, y no presentaron las denuncias penales correspondientes”.

Los ayuntamientos de Iguala y Cocula, cuyas policías han sido acusadas de intervenir directamente en la desaparición, salieron bien librados. Sólo les recomendó que “fortalezcan su control policiaco, capaciten al personal en materia de derechos humanos y colaboren en las investigaciones que continúan en curso por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Eso sí, pasó a dar un raspón a la normal rural al recomendar a la PGR “investigar los hechos de tráfico ilícito de estupefacientes al interior de la normal de Ayotzinapa, en la época previa al 26 y 27 de septiembre de 2014”. Al gobernador de Guerrero solicitó que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el estado, impulsar el desarrollo de un memorial en honor a los normalistas desaparecidos y emitir una disculpa pública por las violaciones a derechos ocurridas.

Así de suavecito y tranquilo; los padres de los 43, entretanto, siguen cifrando sus esperanzas en que el nuevo gobierno aclare todo y castigue a los responsables. n