Sismo en la Fiscalía

Escrito por  Nov 23, 2018

El terremoto que sacude desde antenoche a la Fiscalía del estado, tras la difusión de los videos y los testimonios que revelan que, antes de ser presentados a los medios de comunicación, los presuntos asesinos del empresario acapulqueño César Zambrano Pérez fueron secuestrados y torturados por policías ministeriales –también presuntos, hay que precisar–, puede no sólo fracturar a profundidad el de por sí deteriorado edificio de la procuración de justicia en la entidad, sino incluso hacerlo volar por los aires.

El escándalo es de tal magnitud que de poco servirá que el fiscal siga repitiendo que el organismo a su cargo tiene suficientes elementos para considerar imputables a los tres detenidos y que ya el juez de la causa desechó el video mostrado en televisión nacional en el noticiero de Denise Maerker, porque comprobó que no tiene relación con el caso.

Tampoco sirve de mucho que el gobernador Astudillo diga que son los jueces quienes tendrán la última palabra sobre esta controversia, pues aún está por verse cuánto pesa en la resolución judicial final la indignación de la gente potenciada por las redes sociales.

Y no servirán de mucho, porque la duda ha sido sembrada en terreno abonado durante decenios por las mismas autoridades; los mexicanos, que saben cómo actúan sus gobiernos, saben que lo denunciado es perfectamente posible precisamente porque ese ha sido el modus operandi de las corporaciones policiacas de nuestro país desde los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz, hace más de un siglo.

Pero, como la sociedad mexicana se transforma a mayor velocidad que su gobierno, las cosas ya no pueden volver a ser como eran entonces ni hasta hace unos pocos años. Ni la familia del empresario asesinado, ni la opinión pública, se darán por satisfechas sino hasta que una investigación independiente, profunda y seria zanje la cuestión.

De entrada, es claro que en el caso tiene que intervenir la Comisión de los Derechos Humanos del estado o, en su caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en primera instancia para verificar el estado físico de los detenidos, tanto de los dos envueltos en la controversia como del tercero, para comprobar la acusación de que fueron torturados para obligarlos a declararse culpables.

De ser falsas las acusaciones e improcedente o inválida la prueba, habría entonces que reconocer al fiscal su eficacia, el sello que, es obvio, ha querido imprimir a su gestión. n