Final pendiente

Escrito por  Nov 02, 2018

Finalmente, el ayuntamiento de Acapulco designó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, nombramiento que recayó en el policía federal Geovanni Raúl Mejía Olguín, que tendrá a su responsabilidad las labores de prevención del delito.

Paralelamente, ayer mismo comenzó la devolución de las armas a los policías que estén ya acreditados y hayan aprobado los exámenes de control y confianza, según declaró la alcaldesa, Adela Román Ocampo.

Mejía Olguín se sacó la rifa del tigre, pues si es función de la policía municipal prevenir el delito, significa que tendrá que hacer bien su trabajo para que no haya más asesinatos, tarea que se presenta compleja.

Ahora que, si continúa la ola sangrienta, quiere decir que también los otros niveles gubernamentales están fallando, pues desmantelar bandas del crimen no es cuestión sólo de prevenir, sino también de hacer trabajos de investigación y de detención de delincuentes.

El gobierno sabe, porque así lo ha informado, cuántos cárteles nacionales y cuántos locales operan en Acapulco; tiene conocimiento del número de bandas y grupos que se dedican al asesinato, secuestro y extorsión, así como sus zonas de operación; conoce quiénes integran cada grupo, pero no puede o no quiere detenerlos.

Esta omisión daría al traste con la labor de la policía municipal; se vería nulificada. Su trabajo es prevenir, no investigar ni detener, al menos que detecte a la persona en el momento de infringir la ley.

Por otro lado, Mejía Olguín enfrentará la gran tarea de dar prestigio a su corporación, no de recuperarlo porque no lo ha tenido, sino de crearlo. Tanto así que los elementos fueron desarmados y detenidos por Marina y Ejército bajo sospecha de estar coludidos con la delincuencia.

Se designó al titular de la SSP, se determinó volver a armar a algunos, pero no se ha informado el resultado de las indagaciones realizadas sobre los elementos detenidos.

Retuvieron a todos, pero entre ellos había quienes habían sido certificados, el caso es que los van a volver a armar, pero se desconoce qué arrojó la investigación en torno a su desempeño.

Si les descubrieron algo irregular sería un error rearmarlos y reincorporarlos al trabajo, pero si no se les encontró nada, Marina y Ejército o quienes hayan determinado la detención y desarme, se llevaron su resbalón y dan lugar a la sospecha de que la decisión fue una mera jugada política con resultados injustos para los policías.

Luego entonces, el nombramiento del secretario y el rearme de efectivos, no constituye el final de la novela, porque el gobierno tiene todavía una deuda pendiente, una explicación satisfactoria, pues, con la sociedad acapulqueña lo mismo que con los policías ultrajados, porque no hay transparencia en lo que la autoridad está haciendo. n