Alerta inútil

Escrito por  Oct 12, 2018

La diputada por Morena Nilsan Hilario Mendoza alzó la voz ayer en el Congreso local para denunciar que en lo que va del año, se han reportado en el estado 117 homicidios contra mujeres, de los cuales sólo en 18 casos hay presunción de feminicidio.

La alerta por violencia de género decretada en ocho municipios de Guerrero “es una inutilidad”, acusó, al tiempo de lanzarse contra quien en ese momento emitió la declaratoria en su calidad de fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de quien dijo que constriñó su labor a justificar los crímenes; a acusar, no a investigar; a revictimizar, hablar sin considerar a las víctimas, así como enredarse “en una maleza de declaraciones perversas para evitar el señalamiento del desacato a convenios y declaraciones internacionales que han buscado blindar a las mujeres de cualquier tipo de violencia”.

Y hundió el bisturí en la herida al exponer que “la visión limitada de las autoridades es provocada por la falta de protocolos adecuados de atención; por la ausencia de perspectiva de género de los servidores públicos, así como por la falta de materiales, de personal, de vehículos, u omisiones por conveniencia”.

Es verdad: la alerta de género para proteger a las mujeres fracasó porque, presionada por las agrupaciones femeniles de la entidad y organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, la autoridad tuvo que emitir la declaratoria, pero no puso en práctica ninguna medida complementaria que le diera efectividad, como si por el solo hecho de anunciarla detendría los asesinatos como por arte de magia.

Eso sí, se pavonearon de que Guerrero era a nivel nacional la primera entidad que ponía en práctica un mecanismo de esta naturaleza para proteger el género femenino; sí fue el primero, pero lejos de reducir los asesinatos contra las féminas, los disparó.

Hilario Mendoza condenó el hecho de que “sólo se ha investigado el 8 por ciento de los asesinatos, y el resto las instituciones de gobierno las justifican diciendo que estuvieron implicadas con el crimen organizado”.

También es cierto: procedimiento muy socorrido ha sido ese de que, con la mayor facilidad y sin que medie la menor investigación alguna, se atribuya asesinatos de mujeres a que están involucradas con la delincuencia organizada, sin apiadarse de los familiares de las víctimas, que no sólo tienen que encarar el dolor producido por la pérdida de su ser querido, sino que tienen que arrastrar el estigma de que, sin que conste, ya le endilgó la autoridad en un afán de desligarse del hecho, como si de los delitos perpetrados por el crimen no tuviera que hacerse cargo.

Por todo ello, es momento de que el Congreso estatal haga su parte para que la alerta de género sea una realidad y no tema de discurso político de quienes, queriendo presumir de que hacen algo, nada hacen ni para proteger a las mujeres ni para amparar a los pobladores en general porque están sometidos por el crimen. n