Acotar a los alcaldes

Escrito por  Sep 30, 2018

Sin duda, la acción que el alcalde saliente de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, emprendió, consistente de liquidar, en su último día de mandato, a los colaboradores que lo acompañaron en su gobierno, busca no sólo romper la cadena de demandas laborales al ayuntamiento –como asegura el munícipe–, sino también sentar precedente y servir de ejemplo a los otros presidentes municipales del estado.

Parece haber en ese procedimiento un detalle que pasó por alto el edil: un despido en toda forma implicaría hacerlo efectivo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ante testigos fiables y levantar el acta correspondiente con todas las firmas y sellos que vinieran al caso.

Limitar la acción a solamente pagar la segunda quincena de septiembre y la parte proporcional del aguinaldo deja abierta la puerta a nuevas demandas laborales contra el gobierno municipal, precisamente lo que el edil trata de evitar.

Aparte de eso, la intención del alcalde cuenta, y mucho, pues es claro que está tratando de llevar hasta sus últimas consecuencias las opiniones que había expresado con anterioridad acerca de poner coto al endeudamiento de los ayuntamientos por la vía de los laudos laborales, que han crecido tanto hasta constituir un fardo sumamente pesado para las finanzas públicas de los municipios de la entidad.

El alcalde priísta había planteado –si bien desde una perspectiva claramente neoliberal– que los diputados locales legislaran para impedir que los trabajadores de los ayuntamientos pudieran presentar demandas laborales.

Es obvio que la solución a la impericia o a la irresponsabilidad, o a ambos defectos de los alcaldes, no tiene que implicar la violación de los derechos laborales de los trabajadores, ni mucho menos tiene que apartarse del marco legal, que establece con toda claridad el derecho de estos a llevar a los tribunales sus reclamos.

Aparte de ese dislate, es claro que sí es imperioso legislar para que los presidentes municipales no puedan hacer y deshacer a su antojo en los gobiernos municipales, mucho menos cuando comprometen los recursos públicos y la viabilidad financiera de sus administraciones y de las siguientes.

Una solución podría ser poner tope a la nómina municipal en relación directamente proporcional al número de habitantes del municipio y a su producto interno bruto, y una vez puesto este tope, hacer lo mismo con el número de colaboradores que un alcalde puede agregar por su cuenta, con la clara obligación de liquidarlos cuando deje el gobierno.

También la ley podría agregar una multa por cada despido al margen de la ley, injusto o insuficientemente justificado, que deba ser pagada del peculio personal del alcalde, para hacerle pensar bien antes de tomar la decisión de despedir personal.

Bien haría el Congreso local, de mayoría morenista, en prestar atención a la sugerencia del alcalde tecpaneco, pues las inconsistencias legales en este tema ya están afectando el bienestar y el desarrollo de los pueblos. n