Zona prohibida

Escrito por  Ago 27, 2018

En reunión este fin de semana, transportistas le plantearon a la presidenta municipal electa lo que consideran alto costo de las infracciones, las elevadas tarifas de las grúas, el pago de extorsiones, la inseguridad pública, el alto costo de las licencias y “la falta de sensibilidad” de la actual administración municipal, a la que acusaron de no aceptar convenios y descuentos en el pago de multas.

Algunos puntos no ameritan ni siquiera discusión, como es el caso de las infracciones; si los señores no quieren pagarlas, hay una solución bien fácil: que respeten los reglamentos, en cuya violación se distinguen cotidianamente.

Se quejan de lo que consideran falta de sensibilidad de la actual autoridad por no aceptar convenios y descuentos en el pago de las infracciones; la solución es la misma: respetar la ley, pues su exigencia de pagar poco por pisotearla resulta absurda.

Mejor harían los permisionarios si metieran en cintura a sus choferes para que fueran respetuosos de la ley, porque violarla está convertido en su deporte favorito, y no pocos de ellos hacen alarde de que las infracciones se las reducen al mínimo valiéndose de sus influencias ante sus líderes y funcionarios.

Dos demandas merecen especial atención: la prestación del servicio de grúas y la corrupción entre los policías viales.

Adela Román tendrá que investigar cómo funciona la concesión que la Policía Vial otorga a los grueros, a los cuales permite aplicar tarifas excesivas por el arrastre de vehículos.

Ningún alcalde ha metido mano en esa turbiedad, o si lo ha hecho los resultados han sido nulos. La connivencia entre grueros y Policía Vial es manfiesta.

La queja contra los excesos de los empresarios de las grúas no sólo procede de transportistas, sino de choferes y automovilistas en general. Y no son de hoy, sino de siempre.

Nunca han encontrado eco en el alcalde en turno, que termina por ser sometido por la corrupción.

La otra: las corruptelas de los agentes, que prefieren arreglarse con los conductores que levantarles infracción, cuya comisión  no les conviene porque la consideran poca, se las pagan con mucho retraso y realizan mucho papeleo. Aducen burocratismo y pago tardío.

Si está dispuesta a aplicar el principio de Morena del combate a la corrupción, la alcaldesa tendrá que investigar, corregir o ratificar y actuar, apoyándose en un equipo confiable, toda vez que es bien conocida la fuerza de los grupos internos de poder que, dicen, son los que realmente mandan en las policías Vial y Municipal. n