Asignatura pendiente

Escrito por  Ago 20, 2018

Al mismo tiempo que pone en marcha una nueva estrategia de combate a la criminalidad en el país –de hecho, un nuevo paradigma de lucha anticrimen, según han anunciado los próximos secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño–, el gobierno próximo de Andrés Manuel López Obrador deberá atender un asunto que ha sido muy poco o nada mencionado entre el torrente de información que se genera a diario en torno a la sucesión presidencial.

Se trata de las supuestas fallas, debilidades o inconsistencias del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, gracias a las cuales las calles del país se volvieron a poblar, de repente, de delincuentes del orden común que ya habían sido retirados de ellas.

La queja quizá más generalizada entre las corporaciones policiacas del país y entre las fiscalías se refiere a la facilidad con que delincuentes del orden común salen de prisión después de ser enviados a ella incluso más de 10 veces.

Piden que sean reformados los códigos Penal y de Procedimientos Penales para evitar que continúe esta situación.

Indudablemente que el gobierno de López Obrador tendrá que revisar con lupa el asunto y los códigos, pues toda ley es perfectible y debe ser ajustada constantemente a la realidad cambiante de las sociedades.

No obstante, según estudiosos del tema, si los delincuentes –no sólo los de poca monta; también los de altos vuelos– pueden salir con facilidad de la cárcel se debe al deficiente trabajo de los servidores públicos que participan en el proceso que busca sancionarlos por sus crímenes, desde el primer respondiente hasta el fiscal que levanta las imputaciones, pasando por la cadena de custodia de las pruebas.

Este punto constituye el meollo del problema, la causa de la queja de gobernantes, fiscales y sociedad, y constituye uno de los problemas medulares que el gobierno de López Obrador, en un principio, y luego todo gobernador de Morena, deberán subsanar, mientras a la par revisan los procedimientos del nuevo sistema de justicia penal.

No debe olvidarse que el irresuelto problema de la inseguridad pública, la criminalidad y la violencia ahogó a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, a juzgar por los resultados de las elecciones para relevarlos, ocasiones en que los electores de plano descartaron a los candidatos que sus partidos postularon para dar continuidad a su obra. n