Tarifas del transporte

Escrito por  Ago 15, 2018

Los transportistas del estado no quitan el dedo del renglón en su demanda de autorización oficial para subir la tarifa de sus servicios. No se arredraron incluso después de que el gobernador destituyó al encargado de despacho del Transporte en Chilpancingo, Jesús Zamora Cervantes, por haber permitido el alza en esa localidad sin consultarlo con él y sin estudio socioeconómico que lo avalara.

Tienen, para ello, un argumento que parece irrefutable: la continua alza a la gasolina y a los otros combustibles. Sin embargo, para que esa irrefutabilidad no sea sólo aparente debe pasar la prueba de la ponderación de un estudio socioeconómico, como lo ordena la ley.

Si esta condición no se cumple, el aumento es ilegal y puede ser echado atrás, precisamente como ocurrió en la capital del estado.

El combustible es sólo uno de los muchos costos de operación de una unidad de transporte público –entendida ésta como la mancuerna entre conductor y máquina–; están también los lubricantes, las refacciones, los imponderables y las necesidades del operador, que son muchas y muy variadas, y cuyos costos no en todos los casos van a la alza.

Sin embargo, hay una cuestión de más fondo en este asunto: como muchos instrumentos de gobernanza creados durante el periodo conocido como PRI-gobierno, la Ley de Transporte del estado fue ideada para servir a los intereses del régimen político. Por eso establece como requisito para tener derecho a recibir una concesión el acumular antigüedad en el oficio de transportista, en un mecanismo que se presta para la transa y la manipulación.

Según esta ley, todo transportista está obligado a afiliarse a alguno de los gremios existentes y registrados, lo cual, por cierto, es violatorio de la Constitución, pues implica condicionar el derecho al trabajo lícito. Las dirigencias de estas agrupaciones deben llevar el cómputo del tiempo en que el agremiado presta servicio. Así, cuando el gobierno decide liberar concesiones –es decir cuando publica la convocatoria correspondiente–, los que acumulen más antigüedad en el servicio tendrán más derecho.

Como es fácil ver, por esa ruta bien pronto las ciudades estarían inundadas de vehículos del servicio público disputándose a los pasajeros… como en efecto ocurre ahora. Y esta inundación de taxis, camionetas, camiones, microbuses, urvans y otros se ha vuelto contra los intereses de los prestadores del servicio, pues no hay materia de trabajo para todos, porque los pasajeros no son suficientes para dar al menos un mínimo ingresos a todos los concesionarios que, sin recursos, no pueden dar el mantenimiento debido a sus unidades motrices, las que se deterioran sin remedio, en demérito de la calidad del servicio.

Todo esto lo han sabido siempre las autoridades, pero no les ha importado mucho porque, a fin de cuentas, tanta opacidad en la ley ha permitido a los altos funcionarios hacer jugosos negocios con la venta de las concesiones al mejor postor, con la complicidad de muchos dirigentes transportistas. n