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Militares en el banquillo

Escrito por  May 27, 2018

En unos días más, una jueza federal hará pública su sentencia en el caso de dos militares imputados de violar, torturar y someter a abusos de autoridad a la ciudadana guerrerense Valentina Rosendo Cantú en 2002, cuando ella tenía 17 años de edad.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos –entre ellas la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México y Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura– esperan que la sentencia sea condenatoria de los militares y consideran que el hecho es “una oportunidad histórica para demostrar que los elementos de las fuerzas armadas no están por encima de la ley”.

Valentina Rosendo Cantú es parte del pueblo originario me’phaa, y cuando ocurrieron los hechos vivía en la comunidad de Barranca Bejuco, Ayutla. Ese día ella lavaba ropa en el río que pasa por esa población. Ocho soldados que patrullaban la zona la avistaron, la abordaron y le hicieron varias preguntas que ella no contestó, lo cual fue pretexto para que la golpearan y para que dos de ellos la violaran.

Luego de la agresión, ella vivió un largo calvario para que su denuncia fuera escuchada por la autoridad. A siete años de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el desprecio de las autoridades mexicanas por su caso, turnó el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al gobierno a llevar adelante el juicio correspondiente en un plazo razonable, que parece que en días se cumplirá.

No es, por supuesto, el primer caso en que militares acaban siendo juzgados por la autoridad civil, a resultas de las reformas al Código de Justicia Militar aprobadas en 2004, que sustrae a los soldados de las cortes castrenses cuando lo que se juzga son violaciones a los derechos humanos de civiles. Pero sí es el primer caso de tortura sexual que ameritó un fallo de este tipo.

Los militares del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea prestan, sin duda alguna, un gran servicio a la nación. Sin su intervención la situación de la seguridad pública sería, con toda seguridad, mucho más grave de lo que es. Todos los candidatos presidenciales y la mayoría de las fuerzas políticas de México suscriben esta convicción, así sea con diversos matices.

Pero esa circunstancia no les da patente de corso para que, por otro lado, puedan violar la ley y los derechos humanos de los ciudadanos. Deben de responder por los delitos que cometan, y tienen que hacerlo ante tribunales civiles cuando las víctimas sean civiles.

Ahora falta ver si algún presidente de la República se anima por fin a dar las órdenes que correspondan a fin de aclarar la participación de los institutos armados en la guerra sucia emprendida por el régimen prevaleciente en los años 70 contra disidentes de izquierda y contra la población civil, cuya consecuencia en Guerrero fueron más de 500 desaparecidos. n