Issspeg: pensionados sin pensión

Escrito por  May 19, 2018

La reingeniería que supuestamente constituiría la Ley 912 y que supuestamente evitaría el colapso del sistema de pensiones para los servidores públicos del servicio del estado trastabilló para finalmente parar en el fondo del acantilado.

De otra manera no se encontraría explicación al hecho de que, cada mes, cientos de jubilados y pensionados afiliados al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg) salgan a las calles con su cauda de problemas de salud para protestar contra las autoridades porque no les pagan su pensión.

A los pensionados y jubilados del Issspeg los está venciendo no sólo el tiempo, sino también el gobierno del estado, al incumplirles el organismo la entrega de lo que legalmente les corresponde.

Evidentemente, de nada sirvió que en 2011 el gobierno de Ángel Aguirre Rivero presentara al Congreso local y se aprobara la Ley 912, que garantizaría el disfrute pleno de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones, puesto que actualmente las deudas millonarias que ayuntamientos tienen con la institución y cuyos responsables no se atreven a hacer efectivas para no crearse problemas políticos, lo tienen hundido, mientras hombres y mujeres adultos mayores, apoyados muchos de ellos en bastones y hasta en andaderas, deambulan penosamente por calles y plazas públicas demandando el pago correspondiente.

Este jueves, Arturo García Urióstegui, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado de Guerrero, reclamó: “estamos cansados del trato que nos dan, de los retrasos en nuestros pagos; nunca hay dinero para pagarnos… Hay compañeros a los que adeudan hasta tres o cuatro años de salarios caídos”.

En tales condiciones se encuentran 4 mil 500 jubilados y pensionados a los que les adeudan diversas cantidades, a algunos desde 2014.

Recordó que el municipio de Acapulco adeuda 160 millones de pesos al Issspeg; la Capama, 140 millones de pesos; Chilpancingo, 65 millones de pesos; Tixtla, Iguala y Taxco, unos 40 millones de pesos.

Lo más grave de todo es que nadie les hace caso. n