Juego de intereses

Escrito por  Oct 09, 2020

Cuando la diputada local de Morena Yoloczin Domínguez Serna se pronuncia contra la aplicación de la Ley Antichatarra en Guerrero manda un mensaje que no puede ser más claro: que se hundan mis electores para que salga a flote mi negocio.

Admite que a pesar de que fueron los legisladores de Morena los que impulsaron la referida ley, ella está en contra de que se aplique porque “afectará severamente al sector comercio de la entidad”.

Y ella es comerciante.

Sabe también que la aplicación de la Ley Antichatarra tiende a beneficiar al consumidor porque, al prohibir la venta de alimentos empaquetados y bebidas embotelladas con alto contenido calórico, la salud de la gente saldrá fortalecida, pero se inclina mejor en su contra porque, aduce, “afectará severamente al sector comercio de la entidad”.

O sea que ya podrá seguir creciendo el índice de diabéticos y de obesos, así como los problemas cardiovasculares; lo más importante es que los comercios no pierdan.

“Yo estoy en contra de esta Ley Antichatarra porque ustedes saben que ha habido un colapso económico y social aquí en nuestro estado de Guerrero derivado de la pandemia”, considera la legisladora.

Luego entonces, ¿por qué tienen que ser los negocios los que paguen el costo de la pandemia?

Que lo paguen los diábeticos, los gordos, los hipertensos, parece sugerir.

Ahora bien: ¿quién obliga a los afectados a consumir los productos que los hacen candidatos al hospital y al cementerio?

Nadie, es verdad.

La función de los legisladores es crear leyes en beneficio de la población, y es eso lo que están haciendo. Están cumpliendo con su chamba, pero no es sancionando la forma más efectiva de resolver el problema.

La solución es educar a la gente; convencerla de alguna manera sobre el perjuicio que causa a su salud consumir productos nocivos y que hacerlo significa, además, no quererse a sí misma. Ahí radica la clave.

Nada fácil, pero tampoco imposible.

Pero ningún gobierno lo intenta. n