El otro lado de la moneda

Escrito por  Feb 07, 2020

Si el gobierno estatal tiene registrados “unos mil 500 desplazados” por la violencia en toda la entidad, como expuso el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, significa, sin lugar a dudas, que suman el doble o el triple, porque, como expresa el funcionario, “hay un desplazamiento que nosotros desconocemos; hay personas que de pronto salen de sus lugares originarios, por su cuenta se van a otros lugares, o de repente se van del estado; no tenemos manera de registrarlos”.

El hecho de que no cuenten con cifras precisas es normal y entendible; lo que no debería ser normal es que no se haga lo que debería hacerse para proteger a la gente a fin de evitar que la delincuencia la obligue a abandonar sus comunidades.

Por otra parte, externó el servidor que el “compromiso del estado con las víctimas es garantizarles seguridad, y será decisión de ellas si regresan a sus lugares de origen o se establecen en otro lugar”.

El secretario general debería ponerse de acuerdo con el de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, quien en el Congreso local advirtió el 28 de noviembre pasado que los desplazados de sus lugares de origen “legalmente no son considerados como víctimas”.

En entrevista concedida a periodistas este miércoles, luego de encabezar la ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Salazar Adame aseguró que el estado sí tiene estrategias para atender a personas desplazadas. “Tenemos protocolos, programas y hay una estrategia”, asentó, en tanto Moreno Arcos subrayó que, al no ser considerados legalmente como víctimas, “resultan difíciles de atender por no cumplir con los requisitos para acceder a programas sociales”.

¿A qué programas se refiere el secretario general de Gobierno?

Por otra parte, si el Estado cumpliera su responsabilidad de proporcionar seguridad a los guerrerenses, de sobra estarían esos protocolos, programas y estrategias de que habla Salazar Adame, pues generan salidas a las consecuencias en que deriva el incumplimiento de la ley.

Cuando se refiere a que el “compromiso del estado con las víctimas es garantizarles seguridad, y será decisión de ellas si regresan a sus lugares de origen o se establecen en otro lugar”, oportuno sería que explicara a los desplazados por la violencia de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Zitlala por qué no les han garantizado su regreso a sus poblados a pesar de los bloqueos de la autopista del Sol (17 de octubre de 2019) y las marchas (11 de noviembre de 2019) en demanda de garantías para su regreso a sus casas.

Diametralmente opuestas resultan las maneras en que el gobierno ve los problemas y en que las víctimas los padecen. n