El entendimiento al que llegaron este miércoles los alcaldes del estado y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Villalobos Arámbula –con la mediación del gobernador Héctor Astudillo Flores–, es, como muchos otros acontecimientos que ocurren en las esferas del poder y entre quienes lo detentan, un asunto que tiene una obligada lectura entre líneas, en este caso muy obvia.

En apariencia, los alcaldes, el gobernador y el funcionario federal acordaron, cuando los tiempos ya están más que encima, ensayar la única solución que le queda al gobierno federal para sacar adelante, así sea a tropezones, el programa de distribución de fertilizante entre los campesinos de la entidad.

Pero es justo esa intervención de los gobernantes locales lo que querían evitar quienes han coordinado hasta ayer este programa a nombre del gobierno federal. Lo intentaron a toda costa, hicieron todo lo posible por que en él no participaran los presidentes municipales ni el gobernador. Argumentaron irregularidades en la ejecución anterior del programa, cuando estaba a cargo de estas autoridades: que el padrón estaba inflado, que el fertilizante no llegaba a los verdaderos productores, que se entregaba a intermediarios para que sacaran ganancia política y hasta monetaria de esa posición. Por todo lo alto insinuaron, pues, que había corrupción y que ellos eran la solución.

Se mostraron sobradamente autosuficientes para hacerlo sin el apoyo de los gobiernos locales.

Pero en ese afán puritano se les complicó la encomienda, a tal extremo que hoy sus nombres ni siquiera fueron incluidos en el boletín oficial que la Sader difundió sobre el particular.

Esa es la lectura entre líneas: que tuvieron que intervenir los presidentes municipales, luego de los buenos oficios del gobernador, para apoyar la operación del programa, al cuarto para las 12, cuando urge entregar el insumo, no porque la siembra lo requiera con apremio –como lo aclaró Villalobos Arámbula, conocedor de los procesos agrícolas–, sino porque si caen las lluvias en los caminos rurales, ya no habrá manera de llevar el agroquímico al campo. Y las lluvias ya están cayendo.

Pero también es una lección. Lo reconoció el propio secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal: “estamos acumulando experiencia para que en lo sucesivo se tengan padrones claros, georreferenciados”.

Por lo demás, la operación apartó, así sea por un tiempo, a quienes hasta antes de ayer habían estado a cargo de operar el programa desde el gobierno federal. Si, como para el titular de Sader, “acumular experiencia” hubiera sido su divisa desde el principio, otra sería en estos momentos su situación. n

Manejar el gobierno con el corazón no ayuda en nada a mejorar la administración, y si de momento el ciudadano se traga el anzuelo de un manejo de lenguaje optimista, positivo, constructivo, no tarda en darse cuenta del garlito y después, frente a un escenario similar, reacciona con desconfianza e incredulidad que, si no se corrigen, terminan por convertirse en sellos de una gestión.

La manera de convencer no es manejando palabras bonitas, frases adornadas, sino cifras, nombres, números, estadísticas, porcentajes, comparaciones, con lo que la población no se vea en la posición de tomarlo o dejarlo, sino en la de analizar, sopesar, reflexionar, y con base en ello llegar a conclusiones firmes, respaldadas por datos duros y no por expresiones derivadas de buenos deseos.

Por ejemplo, asegurar que en la actual administración municipal se ha logrado que la policía sea una corporación más confiable y más cercana a población, sin ofrecer nada con lo que esa afirmación se pueda confirmar o medir, no infunde confianza. No se llega a nada, más que a la suspicacia.

Y menos aun cuando un militar de elevado rango, como es el comandante de la Octava Región Naval, el almirante Francisco Lima López, señala en un acto público que “500 agentes, que representan aproximadamente una cuarta parte de la corporación policiaca del puerto, no aprobaron su último examen de control y confianza”.

Ahí están los números.

¿Cómo creer que se cuenta con una policía más confiable que antes si la síndica Leticia Castro Ortiz asevera que el secretario de Seguridad, Gerardo Rosas Azamar, acumula dos meses ausente del cargo, en tanto el regidor Víctor Aguirre Alcaide acusó que el funcionario no ha presentado al cabildo desde hace dos meses su informe sobre las incidencias delictivas, ni su plan de prevención del delito?

¿Acaso es mago el señor?

¿Cómo creer si la misma alcaldesa Adela Román Ocampo reconoce que desde hace meses la síndica tiene “bastantes elementos” a su disposición sin que emita una resolución a sus casos –mala conducta–, en tanto otros están a disposición de la Comisión de Honor y Justicia?

Los indicios, las evidencias, los datos, son reveladores de que el estado de la policía municipal apunta en varias direcciones, excepto hacia la confiabilidad. n

Como si el sistema de vigilancia de los grupos delictivos no fuera lo suficientemente efectivo, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, pronuncia otro aviso –tercera llamada, tercera llamada– a los autores de asesinatos perpetrados en la entidad en el sentido de que va tras ellos.

Hace unos 15 días dijo que ya tenía identificados a los que dieron muerte a los ocho tixtlecos hallados en la batea de una camioneta en Chilpancingo y que estaba esperando que el juez expidiera la orden de aprehensión para ir por ellos.

Poco después declaró que ya sabía quiénes cometieron los recientes homicidios en Taxco; aseguró que son los mismos que mataron a los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes en abril de 2018. Y que iba por ellos.

Ayer, De los Santos Barrila anunció que la próxima semana se montarán operativos en la zona de Norte de la entidad, en coordinación con el Ejército, la Policía Estatal y la Ministerial, para la ejecución de órdenes de aprehensión contra delincuentes que operan en Taxco, Pilcaya, Tetipac y otros municipios.

Los delincuentes no se podrán quejar de que no les informaron con anticipación.

Por si no sabía el crimen organizado exactamente en qué sitios se montará la redada, el fiscal dijo que en la zona límite del estado, donde Guerrero colinda con Morelos, estado de México y Michoacán, “lugares donde se ha dificultado su localización, debido a la movilidad que tienen en esta zona los grupos delictivos”, precisó.

A estas alturas, los homicidas que operan en la zona tienen ya el debido conocimiento –reiterado una y otra vez– de que la Fiscalía, apoyada por el Ejército y la Policía Estatal, llevará a cabo la redada con el propósito de capturarlos.

Si es habitual que De los Santos Barrila omita información pretextando que aportarla obstaculizaría las investigaciones en curso, en este caso no ha tenido empacho en pasar por alto la debida discreción. n

Atribuir el ataque policiaco a la diputada local Nilsan Hilario Mendoza al propósito de intimidación sería pisar el terreno de la especulación; se desconoce a ciencia cierta cuál fue la razón de la vejación, pero lo que sí fue un hecho irrebatible es el atentado contra la legisladora, por el que los policías participantes, sean estatales o municipales, ya deberían haber sido detenidos y sujetos a investigación.

Decir que el incidente se debió al sentido crítico de la diputada morenista es subestimar a quien impartió la orden; de ser verdad, sería una muestra de la carencia de materia gris de los autores intelectuales del suceso.

Sólo quien carezca de cerebro podría ordenar que, mediante una acción pública y escandalosa, se fuera con todo contra la legisladora.

Ahora que, aun siendo verdadera la versión manejada en el sentido de que el auto de la agredida tenía reporte de robo, sería una manera muy burda de abordar el asunto.

Significaría que la policía no tiene la preparación, ni la capacidad, para andar armada en la calle, porque representa una amenaza para la población. Tampoco tiene el menor indicio de un sistema de inteligencia y ni siquiera sentido común. Si le hicieron eso a una diputada, habría que pensar qué harán con un ciudadano común.

El comandante de la Octava Región Naval, Francisco Lima López, declaró que “no todas las autodefensas son gente confiable, y hay que tener cuidado con ellas”. Añadió que algunas policías comunitarias y autodefensas están infiltradas por grupos delictivos.

Ha sido insistente el gobierno estatal en que algunos de esos grupos responden a intereses ajenos a la defensa de sus comunidades.

En enero pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró en Tepecoacuilco que el gobierno federal trabaja en un plan para la desarticulación de estos grupos. Se trata, dijo, de “recuperar el control territorial en todo el país y restituir la autoridad y el respeto a la ley”.

Mucho, pues, se ha dicho al respecto en todos los ámbitos gubernamentales. Conocen ampliamente el problema. Saben en qué consiste. Tienen ubicadas a las policías comunitarias y a los grupos de autodefensa buenos y malos.

Estos grupos han sitiado poblados, han tomado por asalto poblaciones, han incursionado violentamente en diversos lugares, han generado enfrentamientos con saldo de desaparecidos, muertos y heridos.

Pero la autoridad nada ha hecho para frenar ni los actos de violencia, ni la operación de los grupos; no se vislumbra por ningún lado el plan para su desarticulación.

En cambio, comunitarios y autodefensas no duermen. Se organizan mejor. Se fortalecen. Y amenazan a la autoridad, le dan ultimátums.

El Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (Fupceg) informó que existe una alianza con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC) y otras agrupaciones de autodefensa, para evitar un posible desarme de la recién creada Guardia Nacional.

Advirtió que en los 10 municipios donde operan las policías comunitarias de este Frente no permitirán que entre la Guardia Nacional.

Salvador Alanís, el vocero, asegura que el Frente tiene 9 mil 300 policías comunitarios en 562 pueblos de 10 municipios.

Entre tanto, la autoridad permanece con los brazos cruzados, aunque se hace necesario que no diga ya cómo está el problema, sino cómo lo enfrentará y, sobre todo, cuándo. n

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