Este domingo terminó la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Pero sólo en lo que a escuelas se refiere.

A tres años del temblor, 550 planteles fueron atendidos con 617 millones de pesos, reporta el gobierno estatal.

Al gobernador Héctor Astudillo Flores se le vio satisfecho y orgulloso de haber concluido el programa.

¡Objetivo estatal cumplido! Podría decirse.

Por cuanto respecta a escuelas, pues.

¿Y lo federal qué?

El 16 de septiembre de 2019, hace exactamente un año y cinco días, el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano federal de la Sedatu, David Ricardo Cervantes Peredo, informó que se tenía más de mil millones de pesos para terminar la reconstrucción en Guerrero.

Hasta ese momento, dijo el funcionario, los trabajos llevaban un avance de 84 por ciento.

Expuso entonces que el Programa Nacional de la Reconstrucción continuará hasta que se acabe y no tiene una fecha de caducidad.

Alentadoras eran las palabras de Cervantes Peredo.

No obstante, ha transcurrido ya un año y no ha informado cómo van las obras.

Si en dos años tenían 84 por ciento de adelanto, lo más lógico sería que en uno más se terminara el 16 por ciento faltante.

Pero evidentemente no es así.

Ahí está, en Taxco, la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián sin terminar.

Igual ocurre con la unidad habitacional del Infonavit.

Entonces, en su visita a Guerrero, el subsecretario externó que hubo irregularidades en el proceso de reconstrucción, “pero por esas causas no se ha detenido, y en algunos momentos se va un poco más lento por la normatividad del Fonden, que es muy burocrático y pierde el sentido de urgencia, pero no más allá”.

Sí, pero, pese a estos tropiezos, en dos años se avanzó 84 por ciento, según él.

El dinero, a juzgar por las declaraciones del funcionario federal, no era ningún problema, pues aseguró que en 2020 habría una ampliación a los 8 mil millones de pesos que el gobierno federal destinó en 2019 para resarcir los daños en los estados afectados por el sismo.

¿Qué ha pasado, entonces, en estos últimos 370 días?

Astudillo Flores ya finalizó su reconstrucción.

Cervantes Peredo, ¿cuándo? n

Efectúa Astudillo una gira de trabajo por la región Norte


Atenango del Río, 20 de septiembre. A tres años del sismo del 19 de septiembre que afectó principalmente a municipios de la región Norte, la reconstrucción y rehabilitación de las 550 escuelas afectadas, concluyó.

Cumpliendo con todas las medidas sanitarias debido a la pandemia del Covid-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores realizó una gira de trabajo por San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco de Trujano; y Atenango del Río para entregar dos obras educativas de las 550 planteles que fueron reconstruidos y rehabilitados.

En San Vicente Palapa, el ejecutivo guerrerense entregó un edificio reconstruido de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, obra que representó una inversión de poco más de 5.4 millones de pesos, consta de un edificio que incluye 8 aulas didácticas y equipamiento, así como barda perimetral, red eléctrica, plaza y andadores en beneficio de 130 niñas y niños.

Se aplicarán acciones más estrictas y rigurosas, advierte


Atenango del Río, 20 de septiembre. Debido a que los contagios de Covid-19 siguen en aumento en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que a partir de este lunes las medidas sanitarias serán más estrictas a fin de contener la pandemia.

En la actualización de las cifras del Covid-19, el Ejecutivo guerrerense insistió en su llamado a la conciencia y responsabilidad de la población para seguir los protocolos sanitarios.

“Creo que es muy importante que todos los guerrerenses sepan, que no estamos en un momento cómodo efectivamente los contagios iban a la baja, ya volvieron a subir”, enfatizó.

Anticipó que a partir de este lunes las medidas serán más estrictas y enérgicas, principalmente en los lugares cerrados, pero para esto, dijo, cada quien tiene que poner su parte y colaborar porque es para un bien común.

“Porque nosotros no podemos andar atrás de cada ciudadano para que use cubrebocas, tenemos que ayudarnos entre todos, como lo he dicho y lo repito, esto es un problema colectivo las soluciones colectivas”, señaló.

A los ayuntamientos apoyados por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) parece no importarles su inminente desaparición del presupuesto federal para el próximo año.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 incluye la propuesta de desaparecer el Fortaseg, lo que algunos legisladores ya dan por hecho, no obstante lo cual, al darse a conocer su presentación al Congreso de la Unión, las autoridades de los municipios que reciben estos recursos guardaron silencio.

De por sí los alcaldes no acostumbran difundir información relacionada con el dinero que obtienen y menos aun del destino que le dan.

En el caso específico de Acapulco, el 28 de enero pasado, la síndica procuradora Leticia Castro Ortiz prácticamente dio fe de la opacidad con que se gasta ese dinero que, explicó, tiene que ser destinado principalmente al fortalecimiento de la Policía Municipal con la compra de equipamiento y uniformes nuevos.

Señaló que en el puerto no se han visto reflejados los recursos del Fortaseg del año pasado.

No es todo.

El ayuntamiento de Acapulco debe aclarar cómo va o en qué quedó el apercibimiento que le envió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante el oficio OASF/0067/2020 con fecha 21 de febrero del año en curso, respecto a solventar las observaciones sobre las irregularidades en el manejo de 20 millones de pesos pertenecientes a recursos del Fortaseg de 2018.

Por lo que se refiere al subsidio otorgado por el Fortaseg en 2020 (38 millones 231 mil 970 pesos), navega en las mismas aguas turbulentas de la desinformación y la sospecha, lo mismo que sucede con Chilapa (20 millones 939 mil 223 pesos), Chilpancingo (23 millones 258 mil 211 pesos), Iguala (19 millones 241 mil 903 pesos), Taxco (14 millones 33 mil 740 pesos) y Zihuatanejo (16 millones 5 mil 477 pesos).

Eso, sin contar que cada uno de los beneficiarios, según el convenio suscrito con el gobierno federal, se obliga a proporcionar 20 por ciento del total de los recursos aportados por la Federación para cumplir el objetivo de mejorar la Policía Municipal.

¿Alguno de los seis municipios beneficiarios ha entregado ese porcentaje?

Habría que ver en qué condiciones tienen a sus policías.

Si hasta ahora no rinden cuentas, menos lo harán desde el próximo año, porque nada les entregarán ya, pues evidentemente les retirarán la ubre. n

“Hubo retén en Chilapa de la Guardia Nacional; quizá pensaron que los comunitarios irían con sus herramientas” (armas), me platica un compañero que acudió a la marcha y concentración fuera del Congreso del estado convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (Crac-PC), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en conjunto con más organizaciones y ciudadanos que decidieron, a pesar de la situación actual, protestar pacíficamente para reclamar derechos que han sido negados en una larga noche de 500 años.

Representantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas asistieron al llamado a la capital, a días de celebrarse los 207 años de la instauración del Congreso de Anáhuac, para exigir a los diputados y las diputadas de la 62 Legislatura de Guerrero que aprueben la reforma integral de derechos en la materia. Durante la marcha se dio a conocer que en la Cámara local pospusieron la sesión presencial del periodo ordinario actual.

La propuesta de iniciativa de reforma no ha sido dictaminada por la Comisión de Estudios Constitucionales, que preside el perredista Bernardo Ortega. Podemos decir que la presidencia de comisión tiene el poder para colocar el tema, o no, en el orden del día de sus reuniones de comisión. Se conoce que el diputado Ortega ha argumentado que faltan varios elementos para que se pueda dictaminar, como serían los anexos y las resoluciones que debe entregar el diputado Aristóteles Tito Arroyo.

Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, habría recibido del Congreso 100 mil pesos por foro, siendo 10 foros, lo que da un total de un millón de pesos y un tanto más dotado por el INPI para su realización, los cuales sí se realizaron, según han dejado claro los pueblos indígenas y afromexicanos, lo cual quebraría la intentona que buscan algunos diputados de que se organicen nuevos foros, lo cual alargaría de manera injusta e indeterminada la dictaminación.

Se conoce entre pasillos que hay una resistencia del PRD y del PRI para dar salida a esta reforma que revertiría el revés a la Policía Comunitaria enviado por el gobernador y aprobado por la pasada legislatura, de mayoría perredista, pero invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen, además, como suele ser en la política, diversas versiones de los hechos: algunas personas aseguran que el grupo parlamentario de Morena está decidido a empujar esta reforma aun con sus posicionamientos diversos.

Durante la movilización en el Congreso de los pueblos salieron de la bancada de Morena los diputados y las diputadas Luis Enrique Ríos, Aristóteles Tito, Yoloczin Domínguez, Blanca Selene Armenta, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández, Moisés Reyes Sandoval, Marco Antonio Cabada y Arturo Martínez Núñez para comunicar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva, esperaba listo para dialogar, a un grupo de 10 representantes encabezados por el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra.

Me comentaron que otros diputados y otras diputadas de la fracción de Morena fijarán un posicionamiento respecto de este tema tan relevante para el estado y el país, ante esta exigencia de los pueblos nahuas, na savi, me’phaa, ñomndaa’ y afromexicanos de nuestro estado.

Entonces, la demanda está presente frente a los diputados y las diputadas de esta legislatura local. Una línea, la ideal, es que se avale y apruebe la reforma indígena y afromexicana; que diputados de cualquier bancada marquen la historia para bien o, de segunda, tendremos movilizaciones mayores para demandar derechos en materia de territorio, asambleas comunitarias, libre determinación y justicia y seguridad comunitaria.

Aunado a la protesta por la reforma, también se manifestaron padres y madres de Ayotzinapa y jóvenes normalistas para continuar, próximos a un aniversario más, con la exigencia de justicia para los estudiantes normalistas detenidos y desaparecidos en Iguala en 2014. También hubo movilización de promotores de la creación de cuatro nuevos municipios, dos de la región Montaña: Temalacatzingo, que comprende pueblos nahuas adscritos a Olinalá, y Santa Cruz del Rincón, población me’pháá adjunta al municipio de Malinaltepec, y de la Costa Chica: Las Vigas, de San Marcos, y San Nicolás, de Cuajinicuilapa, que quieren también que sea aprobada su propuesta. n

@LDekonstruccion

 

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