Ordena apoyar a familiares de las víctimas en Chilapa


Chilpancingo, 20 de enero. El gobernador Héctor Astudillo Flores, presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que como todos los días se realiza y en la que se revisaron los operativos de seguridad en el estado, así como las acciones que realizan los tres órdenes de gobierno para la atención a familiares de las diez víctimas registradas en el municipio de Chilapa y el apoyo humanitario a pobladores de Zirándaro de los Chávez, entre otros temas.

Por exhorto del gobernador Héctor Astudillo Flores, la Fiscalía General Estado realiza las investigaciones para el esclarecimiento de los lamentables hechos registrados el pasado 17 de enero en el camino de Mexcalzingo-Tlayelpan, municipio de Chilapa.

El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó que se siguen las diferentes líneas de investigación que la autoridad ha identificado en el caso. Asimismo, se brindó apoyo para el traslado de cinco cuerpos a su comunidad de origen.

En los restantes cinco cuerpos se avanza en su identificación con la ayuda de los familiares y se procederá a la entrega y resguardo a su comunidad de origen, indicó.

Calan –o deberían calar a las autoridades– las declaraciones de la portavoz del colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado de Guerrero, María Guadalupe Rodríguez Narciso, en cuanto a que  “el gobierno debe empezar a cumplir con su obligación de gobernar, garantizar la seguridad y terminar con la zozobra en que vivimos las personas; nos arriesgamos a sumergirnos en un trabajo muy delicado, muy desgastante, pero lo hacemos porque nos quitaron parte de nuestra vida”.

Ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal: “Tenemos una relación de respeto con los familiares y los colectivos que los acompañan. Nosotros estamos asumiendo que la búsqueda es una responsabilidad del Estado y es un derecho de las víctimas que el Estado tiene que garantizar”.

No obstante, en Guerrero no lo han aplicado así.

María Guadalupe no deja de reconocer la participación de la Subprocuraduría de la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público federal, peritos de la Policía Investigadora Federal y la Secretaría de Marina, en la tarea que llevan a cabo.

Si bien Encinas asegura que la búsqueda de desaparecidos se ha convertido en una de las prioridades del gobierno federal, su labor en la entidad no ha ido más allá del acompañamiento, cuando es el gobierno el que debería hacer el trabajo.

Al rendir su primer informe de actividades, aseveró que el Estado “ha emprendido todas las acciones y esfuerzos necesarios para solucionar este problema”.

La realidad –hay que decirlo– demuestra que en Guerrero sólo ha proporcionado agentes que resguarden a los buscadores. Ha sido esa su gran participación.

Alejandro Encinas, por su parte, resume el compromiso del gobierno federal en establecer una coordinación con el gobierno del estado –entre la Fiscalía General estatal y la Fiscalía General de la República–: “es ahí que tenemos que enfocar nuestro mayor esfuerzo”.

Habrá que ver cuándo empieza, porque ya transcurrió un año de administración, y no se han visto más que promesas. n

Tienen razón quienes afirman que, cuando ocurre un hecho sangriento, se vuelve concurso ver qué medio de comunicación lo publica primero.

En efecto, así es, pero no son solamente los sucesos violentos, sino hechos noticiosos en general.

Los medios no buscan temas en específico; captan prioritariamente lo que más le interese al lector, lo que más llama la atención, lo que más vende.

No obstante, no son los medios los que marcan la pauta; son, más bien, los lectores; ellos deciden qué leer, son ellos quienes escogen los temas, y es esa la guía a la que se apegan los medios.

Incluso, hay empresas periodísticas que llevan a cabo periódicamente encuestas entre el público para ver qué tipo de lectura prefiere, a efecto de seguir esa línea y de esa manera conseguir más lectores y, por tanto, más venta de periódicos, que es donde reside su fuerza, para allegarse más publicidad.

Cuando los lectores decidan ya no leer nota roja, desaparecerán las publicaciones de hechos sangrientos o las empresas periodísticas se verán obligadas a enfocarse en otros temas.

Las consecuencias de callar los sucesos sangrientos son amplias y merecen un análisis profundo.

Digamos de paso, por ejemplo, si asesinan al presidente de la República, a un gobernador o a un presidente municipal, ¿qué ocurriría si ningún medio, ni impreso ni virtual, lo publica?

El país, el estado o el municipio, según el caso, quedaría a oscuras y en seguida fluirían los rumores, las especulaciones, que es lo que aflora cuando se carece de información.

O ¿qué noticias sí y que noticias no podrían o deberían  publicarse?

Hay cuando menos tres opciones para evitar la difusión de sucesos sangrientos para no asustar a los turistas.

Una: inculcar en los lectores la cultura de la no lectura de este tipo de hechos, lo que llevaría décadas.

Dos: convencer a los dueños de medios de que oculten esta clase de información, lo que implicaría que, en estas épocas de austeridad republicana, los mismos pidieran al gobierno la suficiente publicidad para mantenerse a flote.

Tres, la más viable, que el gobierno haga su trabajo de acabar con la inseguridad y la violencia. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Eliminada la violencia nadie podrá difundirla.

La labor de los medios es informar; la del gobierno es prevenir la comisión de delitos, garantizar la protección de la integridad del ciudadano y la de su patrimonio. La ley es muy clara.

Entonces, la prensa está haciendo su trabajo. Y si no se ajusta a los lineamientos legales, la ley también es muy clara sobre cómo la autoridad debe proceder.

Es la ley la que del mismo modo advierte al gobierno sobre sus responsabilidades; el problema aquí reside en que, en este mundo de impunidad y complicidades, no hay quien se la aplique.

Dicho de otra manera, alguien está fallando en la ejecución de sus tareas. Y a quien falle debe aplicársele la ley, no pedir a otros que no hagan su trabajo. n

Con ser la expresión más extrema de la inseguridad pública –porque es irreversible en sus efectos y porque atenta contra el derecho humano básico, que es el derecho a la vida–, el homicidio no es el único delito que tiene en aprietos a los ciudadanos de bien, a la sociedad en su conjunto y a la economía del estado.

De este modo, resultan alentadoras las informaciones que, cada vez con más frecuencia, difunden los encargados de la seguridad pública y de la gobernanza en la entidad, de manera particular el gobernador Héctor Astudillo, pero también –como este miércoles– el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, que se refieren a la incidencia delictiva y a los homicidios dolosos.

Esto viene a cuento porque, también este miércoles, productores de ganado de la Costa Grande agrupados en la organización Ganaderos Unidos de Zihuatanejo denuncian la difícil situación que viven muchos de ellos en las partes altas de ese municipio, así como de Petatlán, La Unión, Coahuayutla, Zirándaro y Coyuca de Catalán, a causa de actividades ilegales que ejercen con relativa libertad los criminales en esas zonas apartadas de los grandes centros de población del estado.

No es lo mismo ver las estadísticas, y hasta regocijarse por lo que éstas indican, que vivir en el centro del problema; que los reportes oficiales indiquen disminución en la incidencia delictiva no reporta alivio a quienes tienen que convivir con los delincuentes.

Ya dijo el gobernador que las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno actúan no a petición de parte, sino a partir de diagnóstico. Y eso está bien porque significa que el combate a la criminalidad se lleva a cabo con método y sin la distracción que podría implicar el atender la percepción, no siempre objetiva, y en algunos casos maliciosa, del público.

Pero si esa es la ruta, eso significará que sectores productivos como el ganadero tendrán que esperar a que el diagnóstico del gobierno indique que ha llegado el momento de hacerse cargo de la delincuencia que los agobia.

Así, el futuro inmediato no parece muy halagüeño para los afectados. n

Mochila segura

Ene 23, 2020

A consecuencia del inexplicable ataque a tiros perpetrado por un alumno de sexto grado de primaria de un colegio particular de Torreón, Coahuila, a partir de hoy se reactiva en Guerrero –como en muchos otros estados del país– la operación Mochila Segura, que consiste en que profesores, padres o policías revisen las mochilas de los alumnos en busca de objetos peligrosos o sustancias ilegales.

Es de hacer notar que en cuanto autoridades anunciaron la reactivación de la operación, se alzaron voces que advierten sobre la previsible inutilidad de la medida –en razón de la facilidad con que un filtro de esas características puede ser burlado–, si de lo que se trata es de prevenir más homicidios en escuelas o en relación con ellas.

No es, en efecto, difícil imaginar que si un alumno está determinado a cometer un ataque armado, lo hará a pesar de la revisión de las mochilas.

Así las cosas, no es muy descabellado pensar que la mencionada operación es, más bien, una reacción de tipo emocional que busca dar a padres y autoridades la idea de que el asunto está bajo control, en aras de tranquilizar su conciencia, pero que no dará resultados en lo que se refiere a mantener a niños y jóvenes alejados de las armas.

La solución de raíz será abatir la cultura de muerte que se ha extendido tanto entre la juventud mexicana, promovida no sólo por quienes se dedican a actividades fuera de la ley, sino también por medios de comunicación que la ensalzan con series televisivas, canciones y otros recursos. Pero también lo será el combate eficaz al tráfico de armas en el país.

Esto último se antoja difícil en grado sumo, porque detrás de la introducción de armas a suelo nacional, sobre todo desde el norte, está la industria armamentista de Estados Unidos, que tiene particular influencia sobre el gobierno federal de ese país debido al apoyo financiero que dio a la campaña de su ahora presidente, Donald Trump.

Mientras, en México, los alumnos, sobre todo las niñas en edad de transición hormonal, tendrán que aguantar el bochorno de que algunos de sus asuntos íntimos queden a la vista de otras personas. n

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