Familiares, amigos y miembros de organizaciones sociales marcharon ayer por calles de Chilapa para conmemorar un año del asesinato del luchador social Ranferi Hernández Acevedo.

Un año de falta de resultados. Un año de impunidad. Un año de incapacidad.

La noche del sábado 14 de octubre de 2017, Hernández Acevedo fue hallado muerto en el municipio de Chilapa, junto con su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, Juana Dircio Acevedo, y su chofer.

El 17 de octubre, el pleno del Congreso local emplazó al entonces fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, para que en 10 días naturales investigara los homicidios. Ha transcurrido exactamente un año, y no hay resultados.

A esas alturas del año, nueve políticos habían sido asesinados y uno está desaparecido. La mayoría de las agresiones está ligada a políticos del PRD; sólo dos casos a priístas.

Así, el 13 de octubre fue localizado con un balazo en el cuello en una calle de Chilapa el ex presidente municipal de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri; horas después falleció en el hospital.

Es una pena que justo ahora, cuando buena parte del mundo se precipita hacia un despeñadero de extrema derecha, el partido político señero de la izquierda en México, el PRD, esté muy cerca de la extinción. Pero más penoso es que esta circunstancia sea consecuencia de errores propios.

En verdad, el avance de la ultraderecha en el mundo es no sólo impresionante, sino, sobre todo, preocupante. Los ejemplos son cada vez más: en Alemania –sobre todo en el lado este, el que vivió bajo el régimen socialista 44 años–, Polonia –también socialista antes–, Austria, Italia, Estados Unidos –al frente del cual se colocó un cínico populista de derecha–, Guatemala y recién en estos días Brasil. No deja de asombrar la gran cantidad de votos con que los representantes de la ultraderecha se han ido imponiendo a las otras visiones del mundo por doquier.

En el caso de Brasil, cuesta trabajo imaginar cómo es que en la primera vuelta electoral el candidato ultraderechista Jaír Bolsonaro obtuvo el voto de más de 49 millones de personas, que lo colocaron muy cerca de ganar la elección sin necesidad de una segunda vuelta, pero más difícil es imaginar que muchos millones de esos votos son de obreros y de mujeres pobres, quienes serían no los menos favorecidos por un gobierno de extrema derecha, sino los más perjudicados.

Simulación

Oct 19, 2018

Si desde hace varios años se liberó el precio de la tortilla, no son entendibles las declaraciones del delegado estatal de la Profeco en Guerrero, Saúl Montúfar Mendoza, en el sentido de que el único producto de la canasta básica que ha incrementado de precio en este año ha sido la tortilla por lo que, afirma, han sido suspendidas 17 tortillerías.

Bien sabido es que la Procuraduría Federal del Consumidor dejó de controlar el precio del producto, dedicándose a supervisar el peso del mismo, lo que quiere decir que tiene facultades para sancionar por entregar pesos incompletos, pero no por elevar el precio.

Hace algunos años, inspectores de la dependencia recorrían la ciudad; se colocaban cerca de una tortillería y a la persona que iba pasando luego de comprar sus tortillas, se las pedían y procedían a pesarlas, descubriendo en seguida que el peso estaba incompleto; acto seguido, sancionaban al establecimiento.

Alerta inútil

Oct 19, 2018

La diputada por Morena Nilsan Hilario Mendoza alzó la voz ayer en el Congreso local para denunciar que en lo que va del año, se han reportado en el estado 117 homicidios contra mujeres, de los cuales sólo en 18 casos hay presunción de feminicidio.

La alerta por violencia de género decretada en ocho municipios de Guerrero “es una inutilidad”, acusó, al tiempo de lanzarse contra quien en ese momento emitió la declaratoria en su calidad de fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de quien dijo que constriñó su labor a justificar los crímenes; a acusar, no a investigar; a revictimizar, hablar sin considerar a las víctimas, así como enredarse “en una maleza de declaraciones perversas para evitar el señalamiento del desacato a convenios y declaraciones internacionales que han buscado blindar a las mujeres de cualquier tipo de violencia”.

Y hundió el bisturí en la herida al exponer que “la visión limitada de las autoridades es provocada por la falta de protocolos adecuados de atención; por la ausencia de perspectiva de género de los servidores públicos, así como por la falta de materiales, de personal, de vehículos, u omisiones por conveniencia”.

Este martes 9 de octubre de 2018, dos años y medio después de que el gobernador Héctor Astudillo planteó por primera vez la conveniencia de despenalizar la amapola con el objetivo principal de abatir la violencia criminal asociada a su producción y comercialización, la iniciativa llegó a la tribuna del Senado en voz del senador del PRI Manuel Añorve Baños.

Muestra así el tricolor su sentido de oportunidad, pues sabe bien que a lo largo de los últimos 12 años se ha gestado una nueva conciencia social respecto del tema, luego de hacerlo respecto de la mariguana, mientras que, por otro lado, el equipo que acompaña al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y él mismo, hablan sin tapujos del tema.

Tal nueva conciencia social es consecuencia de esta especie de docena trágica que en materia de producción y tráfico de drogas han sido los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que han dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos, y mucho sufrimiento a lo largo del país, pero ningún avance significativo en el abatimiento de la criminalidad que se ha gestado en derredor de ambos productos.

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