La grillería sindical y la ineficiencia administrativa mantienen a la Secretaría de Educación Guerrero con el estigma de ser una de las dependencias más problemáticas de la administración estatal.

Las expresiones de inconformidad lo mismo de docentes que de padres de familia y trabajadores de la dependencia son tan frecuentes, que ya se toman como algo normal.

Los responsables del área ni se inmutan ante las manifestaciones públicas de malestar, toma de instalaciones y bloqueos de vialidades.

Cuando docentes y administrativos cimbran las calles reclamando su exclusión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo (Fone), funcionarios del gobierno estatal salvan la situación aduciendo que no es asunto suyo, sino del federal; pero tampoco les falta ingenio para escabullirse cuando las protestas son por irregularidades atribuibles a la administración local.

En esta tesitura, ayer, el aeropuerto internacional de Acapulco estuvo incomunicado vía terrestre durante cinco horas por bloqueos viales efectuados por docentes.

El sistema de inteligencia del gobierno estatal seguramente detectó la protesta desde su organización; no obstante, ni la Secretaría General de Gobierno ni la de Educación movieron un dedo para evitar el bloqueo; bien pudieron adelantarse reuniéndose con los líderes magisteriales para escucharlos y proponerles, pero prefirieron que estallara el conflicto en vez de conjurarlo, creando a Acapulco lo mismo que al gobernador Héctor Astudillo Flores, un problema de imagen.

Hicieron aparecer al jefe del Ejecutivo a nivel nacional como un mandatario incapaz de resolver los problemas de su entidad.

Las demandas de los manifestantes no son nada nuevo: pago de adeudos, recategorizaciones, incorporación al Fone, entre otras que han venido arrastrando y que la SEG ha dejado eternizarse.

Tan poca importancia dio el gobierno al conflicto ayer que, en vez de que cuando menos hubiera sido el titular de la SEG el que diera la cara a los manifestantes, enviaron a platicar con ellos al director de Administración Personal de la secretaría, Genaro Sánchez Espinoza.

Residentes y visitantes que tuvieron que caminar para llegar al aeropuerto y aquellos que perdieron su vuelo, probablemente deseen saber quiénes fueron los funcionarios responsables de que los profesores hayan bloqueado, para enviarles en gratitud y reconocimiento un ramo de flores.

Total: si los conflictos están fuera de su esfera de competencia no resuelven y cuando son de su responsabilidad, tampoco. n

Resbalón oficial

Nov 22, 2019

La aparente descoordinación entre el gobierno municipal y el estatal respecto al suministro de agua potable no hace más que confundir.

He aquí la explicación: el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), Leonel Galindo González, informó ayer que se espera que la próxima semana ya esté totalmente restablecido el servicio.

A su vez, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro, reveló al diario porteño El Sol de Acapulco que acapulqueños de las zonas Diamante y franja turística  estarán sin agua al menos un mes más, debido a las afectaciones por Narda.

Palma Carro hizo hincapié en que reparar las bombas del sistema Lomas de Chapultepec llevará de 15 días a un mes.

Desde los días en que el temporal zarandeó al puerto, en los últimos de septiembre, el ayuntamiento comenzó a dar bandazos sobre la suspensión del suministro de agua a raíz de los daños.

Inicialmente, emitió un boletín en el que la autoridad municipal declaraba que Acapulco no tendría agua entre 15 y 20 días; más tarde, “actualizó” los datos diciendo que, luego de una revisión a los sistemas hidráulicos, se llegó a la conclusión de que la suspensión duraría ocho días.

El servicio no se ha normalizado; ahora Capama aventura que en una semana podría quedar restablecido.

Por su parte, el titular de Capaseg habló de que en un mes la zona turística tendrá agua, lo que significa que si la zona privilegiada no la tiene, habrá que imaginarse en que condiciones se encuentran la suburbana y las colonias del anfiteatro.

Lo más deseable sería que Capama tuviera la razón, pero lo más sano y conveniente es que tanto la paramunicipal como la paraestatal, se pusieran de acuerdo porque, al batear cada quien por su lado manejando datos diferentes, no hacen más que confundir a la población.

Por otro lado, nada bien se ve que los responsables del servicio jueguen con el manejo de fechas en torno a la reanudación de la distribución; así el asunto, envían a la población un mensaje nada alentador: o no quieren hacer enojar a los consumidores por lo que ocultan la realidad y optan por sobrellevar la situación manejando plazos cortos o desconocen su trabajo y no saben lo que realmente ocurre.

Cualquiera que sea la razón, ninguna confianza inspiran a los usuarios, algo muy usual en el sector oficial, cuando se supone que son tiempos diferentes los que vivimos, lo que podría llevar a pensar que alguien no va de acuerdo con la 4ta. Transformación. n

Si bien a nivel nacional el tema de la corrupción cimbra los cimientos del Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero tampoco deja de ser asunto de actualidad, con la diferencia de que en la Ciudad de México la resonancia ha arrojado repercusiones que ponen en entredicho la honorabilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tanto en esta entidad ni la hoja de un árbol se mueve.

Muy sonado ha sido la renuncia del ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora, que se atribuye a un supuesto comportamiento deshonesto, mientras en el TSJ los señalamientos de corruptelas se estrellan contra la indiferencia.

Hace ya 15 días (25 de septiembre), el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad solicitar a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) informen al Congreso sobre los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases que se siguieron para la reciente designación de 13 jueces de control y ejecución, ante la presunción de corrupción y nepotismo entrega de plazas, que fueron principalmente para hijos, esposos y sobrinos de quienes laboran en la institución.

Aires de indignación y enojo soplaron en la sala de plenos, pero los legisladores ni siquiera fijaron fecha para que los aludidos entreguen el informe y nunca revelaron siquiera si ya se les notificó; el caso es que este es el día en que no se ha vuelto a tocar el tema, ni siquiera por los diputados de Morena Nilsan Hilario Mendoza, Saida Reyes Iruegas, Mariana García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez y Luis Enrique Ríos Saucedo, quienes plantearon la solicitud del informe.

Se acordó como Poder Legislativo pedir información sobre el concurso profesional realizado para la adjudicación de las plazas, “ya que de acuerdo con señalamientos, el procedimiento fue inapropiado y deja de manifiesto la corrupción y nepotismo al interior de este Poder”.

Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión de Justicia, consideró necesario que el Poder Judicial brinde información al Congreso a fin de coadyuvar con la democracia y transparencia. Pero ahí quedó todo, según parece.

Antes de que se llevara a cabo la entrega de plazas, el Foro de Abogados Guerrerenses, que encabeza Perla Maldonado Ramírez, denunció irregularidades en la convocatoria; luego, con nombres, apellidos y parentesco con los ministros, mencionó a quienes serían favorecidos con los cargos y, cuando fueron otorgados, confirmó la información.

Las denuncias se las llevó el viento; ningún efecto tuvieron; el TSJ y el Consejo de la Judicatura las ignoraron olímpicamente.

Parece haber ocurrido lo mismo con los pronunciamientos de los diputados durante el pleno, por lo que el TSJ no deja de ser un coto de poder de algunos.

Entretanto, la democracia y la transparencia, aludida por Flores Majul, tienen que esperar tiempos mejores. n

A las mismas horas de la madrugada, en la misma fecha y en el mismo lugar, pero 22 años después, una copiosa precipitación pluvial trajo a los acapulqueños con edad suficiente el recuerdo del huracán Pauline, y con éste, las preocupaciones asociadas a la tragedia que dejó aquella extraordinaria formación hidrometeorológica.

En aquel entonces, las insólitas cantidades de lluvia que se precipitaron sobre la ciudad acabaron con la vida de cientos de personas, que cálculos basados en reportes periodísticos permiten tasar en unas 500, si bien las autoridades prefieren una cifra más conservadora que ronda las 300.

Además, causaron enormes pérdidas materiales, al destruir, arrastrar y anegar construcciones, vehículos de todo tipo y tamaño, y todo tipo de pertenencias, pues, como se sabe, los cerros que rodean la ciudad forman una especie de embudo que concentra en la bahía todas las precipitaciones atmosféricas.

Esa traumática experiencia, sin embargo, no parece haber hecho mella en la escasa disposición de las autoridades para imponer las normas vigentes en materia de asentamientos humanos; pero tampoco en el ánimo de buen número de habitantes, que movidos por la necesidad y hasta por la desesperación han tomado una decisión que los pone en riesgo.

Las primeras deben prescindir de prácticas clientelares o de plano motivadas por la corrupción, que permiten el asentamiento de personas en zonas de riesgo y de alto riesgo; los segundos tienen que cobrar conciencia del peligro de asentarse en esos lugares.

A lo largo de estos 22 años, muchas zonas consideradas de peligro por autoridades en la materia han vuelto a ser pobladas, de modo tal que no puede descartarse que en un futuro no muy lejano ocurra una tragedia con características muy similares a las que dejó Pauline, sobre todo si se considera que el calentamiento global ha descompuesto el clima alrededor del planeta, y eso genera lluvias muy abundantes o muy escasas, cuyo peligro es potenciado por la destrucción de bosques y de la capa vegetal en grandes extensiones de tierra.

Hoy, por supuesto que hay motivos de renovada preocupación: muchas zonas de peligro volvieron a ser ocupadas hasta el punto en que no es fácil imaginar todo el trabajo de concertación, de convencimiento y hasta de desalojo, pero también de reforestación, que será necesario para corregir la situación. n

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, denunció que hay personas que a nombre del ayuntamiento están cobrando a ciudadanos para poder inscribirse al programa federal de Mejoramiento Urbano, en el componente de vivienda.

En conferencia de prensa junto con la directora del programa mencionado, Karla Martínez Martínez, dio a conocer que ayer iniciaron de forma oficial las obras de este programa en colonias marginadas de Acapulco.

En total serán 26 colonias beneficiadas de dos polígonos: el de la parte alta del polígono de la Emiliano Zapata, que comprende a colonias como Fidel Velazquez, Simón Bolívar, CNC y Graciano Sanchez, y el polígono de La Venta con colonias como La Mica, Paso Limonero y Arroyo Seco.

Además, la directora del programa Karla Martínez informó que se amplió el presupuesto para las acciones en vivienda, por lo que serán beneficiadas 200 familias más, haciendo un total de 2 mil 100 viviendas.

La alcaldesa Adela Román aclaró que este beneficio será totalmente gratuito, y es que reveló que hay personas que están pidiendo la cantidad de 2 mil pesos a los ciudadanos para poder inscribirse al programa de Mejoramiento de Vivienda. “Nos llegó la información que están citando a nombre del ayuntamiento para un programa del gobierno federal de vivienda. Les piden que se anoten para este programa por la cantidad de 2 mil pesos”.

Román Ocampo hizo un llamado a los ciudadanos a no dejarse engañar, y señaló que estas personas son “líderes vivales” como los que pedían dinero a los campesinos para poder recibir el fertilizante.

A pregunta expresa, mencionó que aún no se tienen identificadas a las personas que están cobrando por acceder al programa; pero dijo que en cuanto se identifiquen se exhibirán sus nombres y serán denunciadas, así sean trabajadores del ayuntamiento o representantes populares. “No tenemos identificada a la gente, pero si son trabajadores del ayuntamiento o representantes populares los vamos a denunciar; vamos a decir nombre y apellido”, aseveró.

Por otra parte, Román Ocampo informó que habrá operativos especiales para garantizar la seguridad de los responsables de las obras.

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