No deja de pesar en el ánimo de varios sectores la desaparición del Consejo de Promoción Turística.

Las repercusiones no dejan de reflejarse y lamentarse.

En mensaje pronunciado el 10 pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó la importancia de una oficina dedicada a la promoción turística en el país: “yo hice el planteamiento al gobierno federal: si la oficina de promoción como estaba no les gustaba, pues que pusieran una como les gustara, pero la promoción en el turismo no debe de dejarse de hacer”, subrayó.

Lamentable, sí, porque de alguna manera beneficiaba con sus actividades promocionales a los destinos de Guerrero.

Pero ya ni llorar es bueno.

Es algo que ya ocurrió.

Es pasado; y el pasado muerto está.

Habrá que concentrarse en el presente mirando hacia el futuro.

En el ámbito federal, poco o nada puede hacer el gobierno estatal para cambiar el destino; es en el estatal en el que debe concentrar su energía y recursos. Ahí sí puede.

Y si a nivel federal Guerrero sufrió un descalabro con la disolución del Consejo, a nivel local no se conoce ningún proyecto serio, ninguna acción, con miras a restituir el daño, como podría ser mejorando la afluencia de paseantes y los destinos como productos turísticos.

Sería por eso tal vez que, entrevistado el 24 de noviembre, el diputado local Arturo López Sugía hizo ver que la Secretaría de Turismo estatal debe implementar nuevas estrategias de promoción turística para Acapulco, puesto que, reforzó, las que se aplican siguen siendo las mismas desde hace muchos años, lo que ha causado que se mantenga estancado.

“Yo creo que la Secretaría de Turismo debe tener mayor creatividad, lanzar nuevos programas o estrategias; el puerto no se ha renovado por muchos años, seguimos manteniendo los mismos sitios turísticos que de costumbre”, expresó en el caso específico de Acapulco.

Entrevistado en el pasado Tianguis Turístico en este puerto, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, habló de que Acapulco se prepara para un gran despegue en materia turística.

Calificó de fundamental rehabilitar el Centro de Convenciones.

Resaltó la importancia de integrar productos turísticos, como el diseño de lo que sería el primer vaporetto, especie de autobús acuático, en la bahía de Acapulco; habló también de la construcción del primer gran hospital turístico en la zona Diamante.

Anunció, anunció y anunció, pero no especificó para cuándo. Entre tanto, la incertidumbre, al igual que el estancamiento, avasalla al puerto. n

Vientos de esperanza soplan a favor de familiares de víctimas de desaparición forzada.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, ha asegurado en su primer informe que la búsqueda de personas desaparecidas será durante 2020 una de las prioridades del gobierno federal, igual que el caso de la guerra sucia.

Karla Quintana, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), destacó la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas Víctimas del Terrorismo de Estado Contrainsurgente durante el periodo denominado guerra sucia, dedicada a la localización de aquellos cuya captura tuvo lugar entre 1968 y 1982, y a la elaboración de un registro actualizado de estas detenciones irregulares.

Asimismo, el director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos, Félix Santana Ángeles, informó que, frente a la demanda de colectivos de sobrevivientes de crear una comisión de la verdad, se ha impulsado un mecanismo para la atención integral a sobrevivientes de la guerra sucia, que a la fecha cuenta con un avance de 80 por ciento; estará conformado por integrantes de Segob, Secretaría de la Defensa Nacional, CEAV, CNB, Fiscalía General de la República, Archivo General de la Nación y representantes de las víctimas.

Son los desplazados por la violencia, aquellos que, acosados por el crimen, salen de sus comunidades, que quedan convertidas en pueblos fantasma, los que siguen siendo invisibles. No los ve el gobierno. No se ocupa de ellos. Ni una línea les dedicaron en el informe.

En encuentro en Acapulco en septiembre pasado, Encinas Rodríguez dijo que “el principal reto del fenómeno del desplazamiento forzoso de personas es restituir las garantías de trabajo, seguridad y desarrollo en las comunidades de origen de los afectados, así como su reintegración a las mismas”.

Reconoció entonces que el tema ha querido ser invisibilizado.

No se ha querido, así se ha hecho y, al parecer, así seguirá. En los anuncios para 2020, ninguna acción se menciona, como sí ocurre con los desaparecidos.

No hay compromiso. No hay intención alguna. No hay interés.

Eso, a nivel federal. En el ámbito estatal la situación no es diferente. El secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, ya dejó claro que los desplazados legalmente no son considerados como víctimas, lo cual dificulta su atención, “pues no cumplen requisitos para acceder a programas”.

Así, como invisibles que son, son también olvidados.

No existen; por tanto, el gobierno no se ocupa de ellos. n

La importancia de la industria de la construcción como motor del desarrollo en México es la razón que mueve a Grupo Casgo a alcanzar niveles de excelencia y alta competitividad en el mercado.

Considerando que la industria de la construcción establece alianzas estratégicas con amplios grupos económicos en sus ramas industrial y comercial, además de participar en obras de infraestructura del estado y dinamizar al sector privado para la edificación de vivienda, el sector de la construcción inyecta un gran aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

Debido a lo anterior, la ejecución eficiente de una obra es indispensable para el desarrollo adecuado de los negocios en este importante sector. Es por eso que la gestión de proyectos representa la parte más delicada, al involucrar no sólo a las empresas constructoras, sino también a todos los asociados mencionados anteriormente.

Es en este punto en el que, desafortunadamente, las PYMES aún no encuentran el balance con buenos resultados y esto es debido a una inapropiada gestión de proyectos.

Entre las razones más comunes que topan con los buenos deseos de los desarrolladores que no implementan una gestión de proyectos adecuada están:

  • Montos de la obra.
  • Tiempos de ejecución.
  • Factores externos.

Desafortunadamente, aún y con todos estos retos y complejidades a la hora de realizar una obra, se observa que muy pocas empresas ejecutan con eficiencia y en todos los aspectos la correcta gestión de proyectos.

Si no se conoce el ciclo de vida de una obra y se planea en base a este, no se podrá tener una adecuada toma de decisiones, por lo existen factores a considerar en la gestión de cada proyecto que podrían asegurar el buen término de la obra.

Entre otros, se mencionan:

  • Análisis de procesos
  • Integración del proyecto
  • Alcance del proyecto
  • Tiempo del proyecto
  • Costos del proyecto
  • Calidad del proyecto
  • Recursos Humanos
  • Comunicaciones
  • Riesgos del proyecto
  • Gestión de adquisiciones
  • Gestión de involucrados
  • Resultados de los análisis y estudios

Como se observa en los puntos anteriores, esta es la ruta más eficaz para asegurar el éxito de una obra y una buena parte de las empresas involucradas aún no son completamente conscientes de ello, de ahí que muchas obras suelen terminar mucho tiempo después, costando mucho más de lo presupuestado y, en general, convirtiéndose en una pesadilla para empresas y clientes.

No dejaremos de insistir en la importancia de la adopción de la cultura de gestión de proyectos por parte de todos los actores de la construcción para que cada vez, se hagan obras de gran calidad, en menores tiempos y ahorrando recursos preciosos para cualquier empresa.

En la actualidad, sólo empresas con la solidez y madurez de Grupo Casgo son capaces de implementar con éxito estas y otras medidas que garantizan una excelente conducción de la obra desde su inicio y hasta el final.

Es por ello que se recomienda apoyarse en este tipo de empresas constructoras modernas y con visión de gran alcance, para que cualquiera que sea el proyecto de construcción que se quiera emprender, se realice de forma correcta.

En el score de la actual administración municipal, de justicia es anotar tres puntos a favor de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, en el caso de la Capama.

De acuerdo con información de la oficina de prensa del municipio, la alcaldesa logró que la CFE se comprometiera a reducir las tarifas de energía eléctrica; que no  se vuelva a cortar el suministro del energético y que la Federación apoye con recursos al municipio para el pago de la deuda que tiene la paramunicipal, así como para liquidar a trabajadores municipales conforme a la ley.

Casi nada.

De aterrizarse ya en la práctica estos compromisos, constituirá una bocanada de aire que oxigenará en buena parte las finanzas de la Capama, porque el pago de energía eléctrica consumida por los sistemas de bombeo representa un gasto importante, en tanto la deuda con la paraestatal es una pesada losa que dificulta severamente su operación.

Capama no la tiene fácil.

Según el síndico administrativo del ayuntamiento, Javier Solorio Almazán, el organismo padece un adeudo histórico de mil 200 millones de pesos, de los cuales 500 millones se adeudan a la CFE; 135 millones a proveedores; 170 al Issspeg, y más de 75 millones a Hacienda por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Pero la salida del túnel no se ve tan distante si el ayuntamiento logra recuperar los 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos del fraude que sus directivos perpetraron en 2016, plenamente comprobado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El panorama mejorará aún si recupera también 170 millones de otro fraude, pero éste cometido en 2018.

Otros aires correrán si, por otro lado, tal como se comprometió la alcaldesa, el jurídico del ayuntamiento actúa contra las empresas e instituciones públicas que tienen adeudos por el servicio.

Hizo ver que hay empresas e instituciones públicas que no han pagado el servicio de agua potable hasta durante 10, 15 años y que incluso “hay gente que nunca ha pagado”.

Si poseedores de inmuebles ubicados en la zona turística evaden el pago del predial, como asegura el síndico Solorio Almazán, nada remoto sería que tampoco cubrieran el costo del agua, por lo que no estaría de más que la Capama hiciera una revisión a fondo entre todas las empresas.

Igual mejorarían las finanzas de la paramunicipal si se atreve a cobrar el servicio a aquellos actores políticos que, de acuerdo con señalamientos del director de Capama, Leonel Galindo González, tienen adeudos de hasta 40 meses por consumo de agua.

Mucha es la tela que hay de donde cortar; lo importante reside en que las actuales autoridades se decidan a administrar debidamente; si las anteriores llevaron a la paramunicipal a la quiebra, por eso llegaron ellos: para poner orden.

La quiebra de Capama tiene un origen muy claro: el saqueo impune desde su interior –que no se concibe sin la complicidad de quienes tienen bajo su responsabilidad la fiscalización interna, al igual que la de los fiscalizadores externos, léase ASE–, y la deficiente administración de sus funcionarios, que se han valido del cargo para sacar provecho personal.

El cáncer está diagnosticado y bien localizado, pero no ha llegado alguien con ganas de proceder con la quimioterapia o la cirugía; la 4T parece tener ya listo todo el instrumental; queda ahora esperar a ver si se atreve a entrar a quirófano e hincar el bisturí o se concreta a expedir el acta de defunción. n

El gobierno sigue insistiendo tanto en que la ley no se negoció en el caso de la retención y liberación de efectivos de la Guardia Nacional por la Upoeg en los primeros días del mes en Tecoanapa, que el conglomerado podría tener ya la certeza absoluta de que sí se negoció.

El día 5, la Upoeg retuvo en Tecoanapa a 18 efectivos de la Guardia Nacional, como presión para que se liberara a 10 upoegistas detenidos en Xaltianguis el pasado 11 de noviembre.

Fue el sábado 7 cuando, merced a la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos del estado, encabezada por Ramón Navarrete Magdaleno, la Upoeg entregó a los guardias, pero el gobierno mantuvo presos a los 10 autodefensas.

El ocultamiento de los acuerdos alcanzados entre las partes mueve a la especulación y la sospecha, pues la Upoeg no entregaría a sus rehenes sin recibir nada a cambio.

La Upoeg, demostrado está, no se empequeñece ante la autoridad, a la que le ha tomado bien la medida y en más de una ocasión la ha obligado a sentarse a negociar y le ha impuesto sus reglas. Ocioso resulta mencionar ejemplos.

Si bien el gobierno en más de una ocasión ha declarado ilegal al grupo de autodefensa de esta organización, no ha intentado siquiera meterla al orden, no obstante haber perpetrado atrocidades como el asesinato impune de una familia –incluidos menores de edad, un bebé entre ellos–, el 9 de junio de 2017 en San Pedro de Cacahuatepec.

Si la Upoeg retuvo a los uniformados para canjearlos por sus policías detenidos, ¿cómo explicarse que los dejó en libertad sin obtener nada?

Navarrete Magdaleno declaró que uno de los acuerdos con la Upoeg es que se garantice la seguridad de los autodefensas internos en el penal de Chilpancingo. Claro lo expresó: ese fue “uno de los acuerdos”.

¿Cuáles son, entonces, los otros?

El ombudsman secundó al gobierno estatal en el ocultamiento de la información.

¿Tan vergonzosa es que no se atreven a sacarla a la luz pública?

¿Puede hablarse de respetar la ley cuando se toman acuerdos en lo oscurito con un grupo al que no se le reconoce legalidad, es decir con delincuentes?

¿Cómo se sentaron a dialogar con un grupo delictivo en vez de aplicarle la ley?

El gobierno le llama sensatez; ¿cómo lo nombrará el Código Penal?

¿Cuáles son los acuerdos que se tomaron y se esconden con tanto celo?

Luego entonces, ¿hubo o no negociación de la ley?

Que lo digan los jurisconsultos. n

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