Un nuevo Semefo

May 25, 2019

El anuncio que hizo este miércoles el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, de que esa dependencia busca terreno para construir un nuevo Servicio Médico Forense, con capacidad mayor al que ahora opera en Acapulco, se presta a la perfección para aplicarle el refrán “más vale tarde que nunca”.

Llega tarde porque el puerto –y las otras ciudades grandes del estado, al menos– debería contar con un espacio suficiente en tamaño y en quipamiento para procesar en un plazo razonablemente breve todos los cadáveres levantados por el Ministerio Público, cuya cifra se ha incrementado de manera exponencial desde que se desató el crimen organizado.

Pero llega aún a tiempo, pues –según se ven las cosas y según prevén autoridades y expertos– aún habrá muchos cadáveres que levantar en lo que el país se apacigua, proceso que tomará mucho tiempo todavía.

El gobierno federal aún tiene que poner en operación partes importantes de su estrategia de seguridad. La creación de la Guardia Nacional, el reforzamiento de la capacidad de la ley de Extinción de Dominio y el programa para reclutar en el sector productivo oficial a jóvenes desempleados –para apartarlos de la posibilidad de que sean reclutados por criminales– son importantes, pero no son lo único que se necesita para abatir la criminalidad.

Aún faltan dos acciones básicas y fundamentales, sin las cuales no será posible alcanzar esa meta: cerrar el paso a las armas para que no entren al país –tarea que se antoja titánica por todas las horas-hombre y por todos los recursos tecnológicos que requerirá– y despenalizar todas las drogas de origen natural, cuyos usos más inmediatos son el lúdico de la mariguana y el medicinal de la amapola.

Y aun cuando ya haya hecho todo eso, todavía pasará un buen tiempo, tal vez años, antes de que los criminales causantes de la violencia salgan de circulación: se irá reduciendo su margen de utilidad, irán perdiendo las armas y el dinero, y ya no tendrán a los jóvenes desempleados como ejército de reserva para reclutarlos como sicarios. Así hasta resignarse a abandonar el negocio que hoy les deja grandes ganancias o hasta morir en el intento por conservarlo.

El gobierno federal también debe reconocer que le falta afinar estrategias que ya están en operación; por ejemplo, hoy se sabe que 89 por ciento de los jóvenes contratados en trabajos formales no viven en las barriadas violentas a las que, de origen, estaba enfocado el programa.

Y mientras se afianza la paz, los cadáveres seguirán llegando a las cámaras frigoríficas. n

A nivel muy bajo debió decaer la euforia en los gobiernos estatal y municipales frente a la posibilidad de que tengan que aportar proporcionalmente los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente la actividad de la Guardia Nacional (GN), según iniciativa de ley secundaria que está en el Senado.

De acuerdo con declaraciones atribuidas al coordinador parlamentario Ricardo Monreal, la iniciativa de Ley Orgánica de la Guardia Nacional del Ejecutivo federal, que suscribirán diputados de Morena, los gobiernos estatales y municipales tendrán que financiar proporcionalmente las actividades de la nueva corporación de seguridad.

Ante el anuncio de la creación de la GN como instrumento para combatir la delincuencia organizada, estado y municipios reaccionaron eufóricos, viendo en ello la fórmula para que sea la Federación la que siga cargando sola con la responsabilidad de acabar con la inseguridad, pues sobre todo en los ayuntamientos no hay ni la intención de cumplir su parte.

La probabilidad de que tengan que costear en parte la operación del nuevo cuerpo de seguridad da un giro completo al proyecto porque lastimaría seriamente sus presupuestos.

No debe perderse de vista que, en caso de que se apruebe la iniciativa en ciernes, al tener que desprenderse de una parte de sus recursos para destinarlos a la GN, menos caso harían a reforzar, organizar y capacitar a sus policías municipales.

Jubilosas, autoridades estatales y municipales han estado ya en espera de que les asignen los guardias correspondientes para que sean ellos los que salgan a las calles a combatir la inseguridad, sin desprenderse de centavo alguno, en tanto los alcaldes siguen simulando que mejoran sus cuerpos policiacos.

De entrada, el senador priísta Manuel Añorve Baños fijó su postura de rechazar la iniciativa, que calificó como “un despropósito que no abona, sino por el contrario, perjudica y lastima la economía de los estados”, señalándola como “otro error y grave”.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que si la GN no viene con presupuesto, se tendrá problemas. Prudente, remató: “…pero se debe esperar hasta que el Congreso de la Unión discuta el tema”. Mucho se ha dicho, pero nada está resuelto. n

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo de Acapulco, Javier Morlett Macho, prácticamente reconoció que el ayuntamiento ya perdió el andador de acceso a la playa San Vicente, en la zona Diamante.

¿Qué elementos llevan a esa apreciación? Sencillo. En palabras del mismo edil, el empresario que se apropió de la única franja de terreno que en esa zona comunicaba al mar, legalmente es el dueño del andador.

Revela que, con la complicidad de funcionarios del trienio encabezado por Evodio Velázquez Aguirre, el hombre adquirió ante un notario público la escritura correspondiente y ahora que el ayuntamiento intentó derribar la barda para recuperar el terreno, interpuso un juicio de amparo.

Refuerza Morlett Macho: “O sea, no lo hizo a locas; sino que se fue asesorando muy bien en complicidad con funcionarios del ayuntamiento pasado para generar la documentación legal para poder defender el andador argumentando que es de su propiedad”.

Ahora, la alcaldía no sólo no puede tirar la barda, sino que…  “nosotros no podemos ni siquiera tocarla con un dedo”, dice.

El puerto está preparado para recibir a los visitantes: Adela Román


La presidenta municipal Adela Román Ocampo expresó que se tiene gran expectativa y se augura una buena temporada para el periodo de Semana Santa y de Pascua.

Entrevistada luego de finalizar la inauguración de playa Manzanillo, Román Ocampo destacó que Acapulco está preparado para recibir con los brazos abiertos a los visitantes.

“La expectativa es muy buena, se habla de un gran porcentaje; estamos muy contentos porque hubo muchas reservaciones, estamos hablando de 500 mil turistas, es lo que se espera y ya empezaron a arribar”, señaló la primera autoridad porteña.

En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo Municipal (STM), este Domingo de Ramos Acapulco registró una ocupación hotelera promedio general de 73.5 por ciento, siendo las hospederías de la zona Dorada las que ocuparon el mayor número de habitaciones con 88.1 por ciento, la zona Tradicional con 62.5 unidades porcentuales y la Diamante con 51.3 por ciento.

No pocas veces, la información oficial lejos de orientar, aclarar o precisar, mas bien confunde.

El siguiente caso es un ejemplo ilustrativo. El 3 de octubre de 2017, en la revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2016, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntos daños patrimoniales por desvíos de recursos por 194 millones 577 mil 346.98 pesos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama).

El 21 de febrero de 2018 dio a conocer el pliego resolutivo de la fiscalización en el que hace constar que sólo se comprobaron 5 millones 972 mil, debiendo resarcirse 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos.

Aseguró que se inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra los cuatro funcionarios involucrados: el entonces director general Javier Chona Gutiérrez; el de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos; y el de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.

En marzo explicó que este procedimiento les ha sido notificado de manera personal a los tres presuntos responsables: Javier Chona Gutiérrez, ex director general; Guillermo Adolfo Galeana Salas, ex director de Administración y Finanzas, y Juan Antonio Ramírez Valle, ex director de Operación.

(Aquí, la ASE excluye ya de la lista a la ex directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos)

Abundó que este procedimiento resarcitorio es por un daño a la hacienda pública de Capama por 138 millones 919 mil pesos. (O sea, ¿ya no son 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos, los que deben resarcirse de acuerdo con el pliego resolutivo?).

No obstante que en febrero había aseverado que ya se había emitido el pliego resolutivo y el 11 de abril apuntó que ya se habían presentado 23 demandas penales, expresó que ya comparecieron los tres ex funcionarios ante la ASE y que no pudieron comprobar el faltante.

Calculó que si no hay ningún contratiempo, a finales de abril o a principios de mayo estará emitiendo su resolución en base a estos casi 140 millones de pesos señalados.

(O sea, que ¿el Ministerio Público lleva el caso por un lado y la ASE lo lleva por otro? Una más: ¿emitirá resolución de casi 40 millones de pesos cuando, según el pliego resolutivo, el daño comprobado asciende a 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos?).

El 11 de abril, el  presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, Jesús Villanueva Vega, informó que para mayo ya se tendrán los resultados de la auditoría. (¿El resultado no es el que arrojó el pliego resolutivo?, ¿Habrá una segunda sentencia?, ¿Por qué se manejan cantidades diferentes sobre el fraude?, ¿Por qué excluyeron a uno de los cuatro culpables?). n

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