¿Más con menos?

Nov 22, 2019

No se requiere ningún estudio, sino basta con el vivir cotidiano, para llegar a la conclusión de que en Guerrero el problema de la violencia no ha sido superado, si bien se asegura que en las últimas semanas la cifra de homicidios dolosos ha descendido.

Durante el cuarto informe de gobierno, la voz mayoritaria de los diputados de los distintos partidos políticos se centraron en el problema de la inseguridad y demandaron mayor esfuerzo en su combate.

Aunque oficialmente se habla de menor violencia, nueve de cada diez habitantes de Acapulco manifiestan sentirse inseguros en la ciudad, y solamente dos de cada 10 piensan que la autoridad tiene capacidad para resolver la problemática de violencia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu).

Las ciudades con mayor sensación de inseguridad, según el estudio, son Coatzacoalcos, Veracruz (94.5 por ciento); Ecatepec, estado de México (92.5 por ciento); Naucalpan, estado de México (90.1 por ciento); y Acapulco, Guerrero (88.9 por ciento).

Ningún análisis aporta argumentos de peso que arrojen la certeza de que han sido las fuerzas de seguridad las que han propiciado la reducción de los asesinatos dolosos, porque bien pudiera deberse a que los grupos delictivos hayan decidido disminuir su actividad porque así conviene a sus intereses, como ha llegado a suceder.

¿Por qué el cuestionamiento? Porque ni siquiera han llegado todos los elementos de la Guardia Nacional al puerto; Presidencia municipal sostiene que sucederá en diciembre; además, no se sabe de detenciones y menos aún de procesados.

Por otra parte, la misma Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado ha reconocido que tiene un faltante de más de mil elementos, en tanto la plantilla de policías municipales va a la baja.

En la sesión celebrada el 26 de septiembre, el cabildo porteño recibió el reporte de que en marzo pasado había 2 mil 184 agentes; hace dos meses disminuyó a mil 511 por diferentes situaciones, y en septiembre bajó a mil 427 policías.

Luego entonces, ¿de dónde procede tanta eficacia? ¿Quieren decir que mientras menos elementos de seguridad hay surgen mejores resultados?

A pesar de las presiones de organizaciones defensoras de la vida animal, ninguna autoridad ha prestado la debida atención al problema que representan el uso de caballos para tirar de las calandrias.

Todas están de acuerdo en que se maltrata a los equinos, pero nadie se ocupa de solucionar el caso, tomándose como hobby el pisotear la legalidad.

El Congreso local hizo ya su parte al legislar, pero los responsables de ejecutar la ley incurren en omisión esgrimiendo numerosos obstáculos sin hacer lo necesario para salvarlos.

Mientras tanto, los animales –flacos y enfermos algunos– siguen recorriendo la Costera proyectando la imagen ante propios y extraños de que en Acapulco se les maltrata, hecho que a la autoridad no le ha importado lo suficiente.

En vez de buscar soluciones, cada quien se acomoda para justificar su pasividad.

El director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, declaró que las 52 concesiones de calandrias no tienen documentación vigente desde hace al menos 12 años.

La Dirección de Transporte no ha renovado las concesiones de calandrias en los últimos cuatro años, debido a que la Ley de Bienestar Animal prohíbe el uso de animales como medio de tracción en zonas pavimentadas, justificó.

Dijo que tampoco pueden detenerlas porque no tienen a dónde llevar a los caballos.

Si Transportes no ha renovado las concesiones en los últimos cuatro años por la Ley Animal, significa que en los ocho años restantes los calandrieros han operado al garete, sin que nadie los regule y sin ocuparse ellos de tratar debidamente a los caballos.

Ahora que se trata de cumplir la ley, pegan de gritos y patalean demandando opciones para sustituir a los animales.

Cuando el gobierno tomó la decisión de cambiar microbuses y autobuses urbanos en rutas que incluyen tramos federales, intervino para que los concesionarios obtuvieran financiamiento para comprar las Urvan, pero en el caso de las calandrias ni los calandrieros tienen el mismo peso que los permisionarios de camiones, ni el uso de calandrias es importante ni indispensable, si bien se le ha manejado como un atractivo turístico.

El que los famélicos animales transiten por la principal vía turística despertando lástima más que atracción o diversión, no tiene la suficiente importancia para que el gobierno se ocupe del caso.

Por tanto, simula ocuparse del asunto para que no se diga que no le interesa, concretándose mas bien a dejar pasar el tiempo.

Ni municipio ni estado hacen lo suficiente para hacer cumplir la ley. n

Resulta difícil digerir algunos sucesos que, proyectando cierta percepción, las autoridades los presentan públicamente de una manera que parecen contradecirla.

Así, cuesta trabajo aceptar que, si el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Gerardo Rosas Azamar, venía desempeñando un trabajo con buenos resultados, como sigue afirmando la Presidencia Municipal, haya renunciado al cargo.

Si el marino no se retiró por las acusaciones de abusos que al interior de la SSP se emitieron en su contra; si tampoco lo hizo por amenazas de la delincuencia, cuesta trabajo admitir su salida.

Habría que escudriñar a fondo la versión oficial de que se fue porque en la Semar tenía otras tareas que desarrollar.

Irresponsables y desconsiderados serían en la Secretaría si se lo llevaron por esa razón, porque no podrán argumentar que no había otro elemento, entre tantos, que pudiera realizar la encomienda por muy delicada que sea.

Rosas Azamar tenía bajo su responsabilidad la seguridad de los acapulqueños, no tenía bajo su mando a un grupo de marinos que recorrían las playas.

Todavía este miércoles, la alcaldesa Adela Román Ocampo, pese a que los regidores lo cuestionaron siempre por no haber presentado nunca su programa de trabajo, se expresaba de la mejor manera de su colaborador: “el capitán Rosas Azamar –dijo todavía el miércoles– hizo su mayor y mejor esfuerzo; prueba de ello que los índices de violencia disminuyeron y hasta el día de hoy vamos en lo que establece la media nacional en homicidios doloso”.

Es un hecho que si la violencia crece habría que atribuirle cierta culpa al secretario de seguridad, cuya función es prevenir el delito, por tanto, es de justicia reconocerle que, si el índice de homicidios dolosos se redujo, seguramente tiene su mérito el funcionario.

Entonces, ¿por qué se fue?

Si la alcaldía informara que el señor no rindió lo que de él se esperaba; que salió por los señalamientos en su contra; que partió porque no pudo o no quiso presentar su estrategia contra la delincuencia, o porque de plano ya no le convino seguir en el cargo, fácilmente se entendería y no se le buscaría más al asunto.

Pero si se va y todavía lo despiden arrojándoles arreglos florales, de plano no se entiende nada.

Eso por el lado oficial, pero por su parte, Rosas Azamar, si realmente renunció, no puede botar el cargo sin una explicación pública; es deshonroso para un marino de su nivel –capitán de corbeta– dejar la responsabilidad guardando silencio, porque es un puesto público el que desempeñaba, no estaba trabajando para una empresa privada.

Declaró la primera autoridad del puerto que dejará en manos de la Semar el nombramiento del sustituto; por consiguiente, es de esperarse que la institución coloque a alguien al que, si está trabajando como debe ser, no se lo lleve luego para desarrollar otras tareas.

A ver en qué papel quedaría la Marina si, con la ausencia de Rosas Azamar, la violencia repuntara, hecho que se atribuiría a su ausencia. Los acapulqueños necesitan seguridad, merecen respeto y que se les hable con la verdad. n

Antes de que surjan voces que satanicen, critiquen o condenen lo propuesto ayer en la sesión semanal del Grupo Aca por el investigador Jean Rivelois, de la Universidad Sorbona Nueva –también conocida como París 3–, en el sentido de que el gobierno de México debe pactar con los grupos criminales para lograr la pacificación del país, es preciso hacer unas cuantas precisiones a partir de un análisis cuidadoso del planteamiento:

Lo que el académico francés propone tiene límites muy precisos, pues se refiere de manera específica a los cárteles del narcotráfico, no a cualquier organización criminal, como las que se dedican a la trata de personas, al secuestro, a la extorsión o al robo.

Y las fronteras de su propuesta colindan con las del escenario que percibe, en apariencia desde muy lejos y de manera difusa, el gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y que por ello no logra aún sintetizar en un planteamiento específico: la idea de que la solución a la violencia en México no consiste en oponer violencia institucional a la violencia criminal, pues está probado que esa vía implica un enorme costo en vidas humanas, muchas de ellas sin relación directa con el conflicto, pues “la guerra contra los narcos es dura, deja muchos muertos, y también hay inocentes que mueren cada día por esa guerra”, según sus palabras textuales.

Y, lo peor: que todo ese costo no es útil para hacer retroceder el consumo de drogas ilegales y todos los otros fenómenos asociados.

En cambio, agregó, “sociológicamente, los narcotraficantes no son los malos; son empresarios salvajes y ultraliberales; su norma es la ley del más fuerte en el mercado, y de sus actividades ilícitas sacan ganancia los trabajadores, familias y comunidades, lo cual significa una utilidad social”.

Si el gobierno federal mexicano logra ser capaz de reconocer este hecho, ya habrá recorrido la mitad del camino para resolver una parte del enorme problema de violencia y criminalidad que agobia a su sociedad.

La otra mitad del camino implicaría, entonces, despenalizar las drogas. Pero no sólo eso, sino  hacerlo de tal manera que los grupos que hoy tienen el negocio en sus manos sigan siendo partícipes de él, si bien en estricto apego a las nuevas leyes en la materia y con la estricta vigilancia gubernamental.

La propuesta está en la mesa y tiene puntos de coincidencia con el enfoque del nuevo gobierno respecto al problema del narcotráfico. Como dicen los cronistas deportivos: el balón está –y, de hecho, siempre ha estado– en la cancha del Estado. n

Resultaría paradógico que quienes se dedican a hacer justicia sean tratados en forma injusta.

Ahora resulta que la cúpula del Poder Judicial de Guerrero no sólo ha sido exhibida como la que reparte cargos de acuerdo con sus conveniencias, intereses o simpatías, haciendo a un lado los preceptos legales, sino ahora también se le acusa de proporcionar condiciones laborales cuestionables a los trabajadores.

Ayer, empleados del Palacio de Justicia de Caleta se manifestaron en el exterior de sus instalaciones para exigir incremento salarial. Aseguran que no lo han recibido desde hace tres años.

“Los secretarios de acuerdos, proyectistas y secretarios, actuarios de juzgados y salas, exigimos el pago los incrementos al salario correspondiente a los años 2017, 2018, 2019”, se leía en una manta desplegada en el escenario de la protesta.

“Pedimos que se aplique la ley a quienes aplicamos la ley”, expuso el orador, quien, expresó asimismo, que “tenemos 30 años trabajando y sin derecho a jubilación”, un privilegio exclusivo para magistrados y jueces.

No es la primera vez que manifiestan su inconformidad. René Recamier Castro, trabajador del juzgado tercero, explicó que “esta decisión se tomó porque la última vez que una comisión de trabajadores fue a ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis, los trató mal, no los atendió como se debía”.

Las demandas no son nuevas, como tampoco su malestar e inconformidad.

Los manifestantes afirmaron que “tenemos varios años pidiendo incremento salarial. Luego del paro de labores en 2015, se firmaron diversos puntos de acuerdo los cuales no se han respetado”.

¿Cómo puede el TSJ impartir justicia a la sociedad cuando a sus trabajadores no los trata con justicia?

No sería congruente ni moral que ayuntamientos, estados o Federación no proporcionen a sus policías salarios decorosos y prestaciones laborales y esperen que se conduzcan con integridad. Pasa lo mismo con los trabajadores que participan de una u otra forma en la impartición de justicia.

Peor sería que el TSJ y el Consejo de la Judicatura se guiaran por la idea de que les niegan jubilación y mejora salarial a sus trabajadores porque reciben muchas propinas del público.

Regatearles beneficios significa colocarlos en la tentación de obtener dinero vendiendo la justicia al mejor postor.

Justo será que el Tribunal los escuche, analice sus planteamientos y se esfuerce por mejorar sus condiciones laborales. Eso sería lo congruente, además de lo legal. n

Archivo

« Noviembre 2019 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30