Ingobernabilidad

Sep 17, 2019

Si bien el gobierno proyecta su atención en los asesinatos dolosos cuando hace referencia a la violencia, los desplazados constituyen una consecuencia del mismo fenómeno y una asignatura desatendida.

La autoridad repica las campanas alegremente cuando los reportes consignan una baja en la comisión de homicidios, pero pasa por alto delitos como extorsiones, cobros de piso y secuestros.

Igual ocurre con la expulsión de guerrerenses de sus lugares de origen debido al hostigamiento o ataques del crimen organizado.

Alarma el reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos correspondiente a 2018, en el que esta entidad figura en primer lugar como el estado de la República Mexicana donde más personas se han desplazado de sus hogares debido a conflictos violentos.

Por lo menos 5 mil 56 habitantes de 22 comunidades de ocho municipios (San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán, Petatlán y La Unión) tuvieron que abandonar sus hogares. Los pobladores desplazados en Guerrero, según el informe, constituyen 44 por ciento de los desplazados del país.

La autoridad ha fallado desde el momento en que no ha sido capaz de garantizar la seguridad para estas personas en sus lugares de residencia; en algunos casos, muy pocos, las ha escoltado en su huída, les ha asignado sitios inapropiados como albergues, les ha proporcionado algunos alimentos y luego las ha abandonado a su suerte. No hay garantías para que regresen a sus comunidades, donde, de volver, les espera la muerte.

Claro ejemplo de la desatención es el caso de 61 familias de Leonardo Bravo y Zitlala que, desesperadas al no hallar apoyo de las autoridades locales, en marzo partieron de Chichihualco a la Ciudad de México, donde permanecieron en plantón 40 días, al término de los cuales el gobierno federal las atendió, acordó otorgarles ayuda humanitaria y, en los siguientes tres meses, resguardarlas en su retorno a sus hogares.

El 28 de mayo los desplazados denunciaron en Chichihualco que, a dos meses de haberse retirado del plantón, las autoridades federales no habían cumplido lo acordado, como pagarles la renta en lo que hay condiciones de seguridad para regresar a sus casas, el pago de alimentos y filtros de seguridad.

Así la situación. n

Forcejeo inútil

Sep 17, 2019

Pobre defensa sobre la ausencia de legisladores en el Congreso local asumió la vicepresidenta de la mesa directiva, Norma Otilia Hernández Martínez, al argumentar que la decisión de tener un receso de tres semanas no fue unilateral, sino acordada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso y por la mesa directiva.

Nadie ha dicho que el problema estriba en que las vacaciones fue una decisión unilateral, sino que el diputado federal Rubén Cayetano García fundamentó su demanda de juicio político contra los 27 diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión Permanente del Congreso por violentar la Ley Orgánica del Congreso del estado, en el sentido de que su artículo 141 ordena que la Comisión Permanente debe sesionar cuando menos una vez cada 15 días, por lo que se viola ese artículo al salir los 21 días de vacaciones, durante los cuales obviamente no sesionarán.

El sustento del legislador constituye un jaque mate a cuanto quieran argüir a su favor los vacacionistas.

Queda claro que no es cuestión de que los legisladores se pongan de acuerdo para pisotear la ley, sino se trata de respetarla. Cayetano García, articulado en mano, les demuestra que la violaron.

Norma Otilia todavía trató de manotear: “no estamos de vacaciones; estamos trabajando; aprovechando para poder tener temas más certeros y que podamos tener acuerdos con los demás grupos parlamentarios y no politizar algunos asuntos”.

Sigue trastabillando: “No hay un receso como tal; hay muchos temas que tenemos que trabajar, y es precisamente lo que estamos haciendo; estamos armando una agenda que se propondrá a los demás grupos parlamentarios y en algunos habremos de coincidir”, dijo.

Apuntó que el Congreso tiene un rezago de al menos 100 iniciativas que no se han dictaminado, y es por eso que se trabaja para analizar de qué manera se puede abonar para dictaminar lo más pronto posible.

Nunca cita, sin embargo, dónde se están poniendo de acuerdo, si no lo están haciendo en el Congreso, que es donde deben reunirse. ¿O no es eso lo que alegaban hace algunas semanas cuando los trabajadores tomaron el Congreso y no los dejaban sesionar? ¿No se resistían a sesionar fuera porque tenían que reunise en el Congreso?

Lo peor del caso, cuando alguien incurre en una falla, es que la gravedad no está tanto en la metida de pata, sino en no reconocerla, además de no corregirla de inmediato.

Independientemente de que prospere o no el juicio político, Rubén Cayetano les puso el pie en el cuello, y mientras pataleen manejando nimiedades para respaldar su conducta, no hacen más que exhibirse. n

Impunidad

Sep 17, 2019

El diputado federal Rubén Cayetano García intentó sacar del marasmo a la Fiscalía General de Guerrero al exigirle que investigue el asesinato de ocho personas –integrantes de una misma familia seis de ellas– en la capital del estado.

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada este miércoles, Cayetano García recordó cómo el domingo 26 de mayo pasado fueron localizados ocho cuerpos sin vida dentro de una camioneta abandonada en Chilpancingo.

Entre las víctimas figuraban el matrimonio formado por la señora Julia Mora de la Cruz y Sergio Sánchez, así como sus hijos Fernando Jaír, Carlos Augusto, Pedro Ignacio, de 16 años, y Pablo Sánchez Mora. Este último era trabajador de la escuela normal de Ayotzinapa y músico en la banda de ensamble instrumental llamada Yohuali.

Otra víctima fue una joven estudiante de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El 3 de junio, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, declaró estar a la espera de que el juez librara varias órdenes de aprehensión para detener a los responsables del asesinato de las ocho personas, mismos que, afirmó, ya estaban identificados.

Después de 59 días de ese anuncio y a 65 de la matanza, el fiscal no ha vuelto a hablar del tema.

Nada extraño resulta su silencio.

El asunto ofrece la particularidad de que los familiares no han ejercido presión pública para que la Fiscalía proceda.

Cuando familiares y amigos han protestado exigiendo justicia en otros casos, el fiscal se apresura a ofrecer explicaciones y se compromete a investigar, pero regularmente no aporta resultados que se traduzcan en detenciones, proceso y sentencia.

Habrá que esperar qué reacción hay a la exigencia hecha por el diputado Cayetano García desde la tribuna oficial más importante del país, pues es un hecho que la Fiscalía ya mandó el óctuple homicidio al archivo muerto.

Nada de extrañar tampoco. n

Vida nocturna

Sep 17, 2019

Por el cariz que en algunos momentos tomó la polémica derivada de la matanza cometida en el Mr Bar, así como por declaraciones, comentarios, actitudes y gestos que asumieron algunas autoridades locales al respecto, puede percibirse –no sin cierta preocupación– que en el actual gobierno municipal tiene peso considerable la idea de que la noche debe ser sólo para la casta acción de dormir, como era antes de que a alguien se le ocurriera la idea de iluminarla, primero con antorchas y luego con inventos que funcionan a partir de la energía eléctrica.

Esa visión en esencia conservadora implicaría un cambio en la postura del gobierno municipal ante la vida nocturna del puerto, que en tiempos menos aciagos que los actuales –que hoy se ven lejanos aunque no lo están–, fue consustancial al surgimiento y a la consolidación de Acapulco como centro turístico.

La idea de que la cancelación de la vida nocturna puede dar a los ciudadanos más seguridad ante hechos delictivos no soporta el análisis; basta revisar las estadísticas criminales para constatar que, en su mayoría, los actos fuera de la ley son cometidos en otras horas.

En cambio, puede ser el punto tangencial por el cual las autoridades se fuguen de su obligación de garantizar la seguridad personal y patrimonial de sus ciudadanos, sobre todo de los que observan las leyes, pues –entre otras cosas–fueron elegidas por estos para que les den la protección que requieren para vivir en un ambiente propicio para el crecimiento material y espiritual, y para ello pagan sus impuestos.

Es impostergable que el Estado cumpla su obligación y genere las condiciones para que Acapulco recupere la paz y la tranquilidad, lo cual incluye su vida nocturna. Es necesario, no sólo por el derecho que tienen los ciudadanos a vivir su vida a la hora que quieran en las actividades legales que prefieran.

Para ello, por supuesto, deben emplearse a fondo y echar mano de toda suerte de recursos, pero particularmente de la inteligencia anticrimen.

No hacerlo así sería ceder la noche a los delincuentes, como se les han cedido los parques, los vecindarios de las escuelas, las canchas públicas y las calles. Ya durante mucho tiempo los han usufructuado para cometer sus crímenes, pero no tiene por qué ser así.

Los ciudadanos, por su parte, deben reclamar sus espacios y, con la presencia y el auxilio de las autoridades, ganarlos palmo a palmo a los antisociales. Ceder es renunciar al derecho de vivir en paz y gozar del día y la noche en el país que han construido. n

Muy preocupadas se muestran las integrantes del Frente Integral contra la Violencia de Género del partido Morena porque el Congreso local no ha aprobado la iniciativa de ley conocida como Olimpia, que busca castigar el acoso cibernético contra las mujeres.

La representante del grupo, Yoloxochitlh Ávila Alcaraz, plantea que los altos índices de agresiones digitales contra mujeres en Guerrero requieren la aprobación urgente de la ley que permitirá la judicialización en los casos de los packs (distribución de material de contenido íntimo sin aprobación), nudes y sexting, y el castigo con penas de entre 5 y 12 años de prisión.

El asunto no es simple: “En muchos lugares, en las escuelas, en camiones, hay cámaras escondidas para vigilar a las mujeres en sus actividades íntimas, y luego comercializan ese material”, expone, y añade que, de acuerdo con las estadísticas del Frente Nacional para la Sororidad, existen en Guerrero 97 mercados de explotación digital sexual sin consentimiento.

Al respecto, la diputada perredista Dimna Salgado Apátiga, secretaria de la Comisión de Género, acusó que la Ley Olimpia está congelada porque la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, encabezada por una morenista, tiene un rezago de más de seis meses.

Mientras tanto, los diputados de la Comisión Permanente del Congreso se fueron tres semanas de vacaciones.

En su momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Antonio Helguera Jiménez, declaró que no había ningún problema en salir a vacacionar puesto que, aseguró, no había ningún asunto urgente que sacar adelante.

El diputado federal Rubén Cayetano García –también de Morena– catalogó el periodo vacacional como abandono laboral. Apuntó: “Entre periodo y periodo ordinario, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que hay una Comisión Permanente; nunca se abandona la función legislativa, las funciones del Congreso; pero en este caso tres semanas van a estar de vacaciones los diputados locales; van a sesionar hasta el 7 de agosto”.

Resulta, pues, que mientras las mujeres morenistas están molestas e indignadas porque se sienten acosadas y denigradas, por la falta de aprobación de la ley que las defendería, la Comisión de Género, presidida por Morena, tiene un rezago de iniciativas de seis meses, y el presidente de la Jucopo, considerado líder del Congreso, también morenista, minimiza la iniciativa considerándola no urgente, la Comisión Permanente retoza alegremente disfrutando unas vacaciones que un diputado federal estima indebidas “porque la función legislativa nunca se abandona”.

Alguien debe rendir cuentas a las mujeres inconformes. n

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